Hace un año ya, la Comisión de la Verdad le entregó al país su Informe Final y explicó que la impunidad es uno de los factores que ha servido como gasolina para el motor de la guerra. Para superar esa ausencia de justicia, los comisionados pusieron sobre la mesa acciones concretas que podrían tomar el Congreso, el Gobierno y la rama judicial, que van desde reformar la manera en la que es elegido el fiscal, hasta crear una nueva jurisdicción que se encargue de los problemas de tierras. Doce meses después de que el presidente Gustavo Petro se comprometió a implementar todas las recomendaciones “a rajatabla”, así van las que tienen que ver con justicia.
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En mayo, fue noticia que el Congreso iba o no a incluir en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) un artículo que generaba un mecanismo para acoger las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. No obstante, Luciano Sanín, director de la organización social Viva la Ciudadanía, destacó en diálogo con este diario, que, por un lado, ese camino no era el único para darles vida y que, en todo caso, muchas de ellas quedaron incluidas en la ley del PND. Según sus cuentas, 31 de las 67 recomendaciones estructurales, según han hallado en un proyecto con la Comisión Colombiana de Juristas que apoya el programa Justicia Inclusiva de Usaid.
Por ejemplo, uno de los llamados de la Comisión fue a mejorar el acceso a la justicia de los ciudadanos. En concreto, crear la jurisdicción agraria, articular la justicia ordinaria con las justicias de los pueblos étnicos, fortalecer las capacidades institucionales de justicia e impulsar mecanismos de resolución de conflictos entre campesinos, indígenas y afros. Algunos de estos puntos terminaron incluidos en la ley del PND, lo que significa que ya tienen responsables y, en teoría, podrían tener hasta recursos asignados. Por ejemplo, el Plan de Desarrollo prometió fortalecer las comisarías de familia, las casas de justicia y los centros de convivencia.
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“En un lugar donde fueron actores armados los que hacían justicia, el Estado tiene que copar ese espacio y eso se logra con jueces, comisarios de familia, inspectores de policía e inspectores de trabajo. Eso es lo que llaman los planes locales de justicia”, rescató Sanín. A su juicio, ahora que es ley, esta es una de las recomendaciones más importantes por trabajar, junto a otras que han recibido más atención, como la revisión del marco de implementación del Acuerdo de Paz o la promoción de una cultura y educación para la paz. Incluso, sugiere crear un plan especial para comenzar a hacerlo realidad en los municipios más golpeados por la violencia.
Precisamente ahí salta a la vista la siguiente gran iniciativa que responde a las recomendaciones que dio la CEV sobre justicia: la creación de una jurisdicción agraria y rural, que ya está a pasos de ser una realidad, pues el Senado aprobó la reforma constitucional necesaria a mediados de junio. En diálogo con este diario, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo y miembro del Comité de Seguimiento a las recomendaciones, destacó que el Congreso finalmente haya aprobado este proyecto, pues explícitamente responde a las sugerencias de la Comisión y a deudas del Acuerdo de Paz.
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Ahora bien, en el Congreso, la discusión poco mencionó a la Comisión de la Verdad, según un informe de Congreso Visible de la Universidad de Los Andes y la Friedrich-Ebert Stiftung en Colombia, próximo a publicarse, que analizó los ocho debates que tuvo que surtir el acto legislativo. La conclusión es que desde el segundo debate sobre la creación de la jurisdicción agraria, dejó de mencionarse a la CEV, aunque se insistió en que se trataba de un proyecto fundamental para la paz. A juicio de los investigadores, esto en sí mismo es una incorporación de las conclusiones del Informe Final, que subrayó los problemas de tierras como otro factor de persistencia del conflicto.
Ahora, también ha habido avances en la incorporación de las recomendaciones fuera del Congreso. Luciano Sanín destacó, por ejemplo, que el embajador de Colombia ante el sistema de Naciones Unidas en Ginebra, Gustavo Gallón, pidió asistencia técnica para avanzar en el cumplimiento de las recomendaciones en materia de justicia. En concreto, le planteó al Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que apoye la puesta en marcha de lo que la Comisión de la Verdad recomendó sobre superación de la impunidad, corrupción y violaciones a los derechos humanos. “Esto es un avance gigante”, consideró Sanín.
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En el mismo sentido, Wilson Castañeda rescató los esfuerzos que ha hecho el Ministerio de Justicia por materializar las recomendaciones. “Todo el trabajo de formación y sensibilización a operadores de justicia y las rutas alternativas para acercar a grupos históricamente discriminados a la justicia”, explicó. No obstante, a renglón seguido, señaló que “si el Gobierno realmente va a cumplir las recomendaciones a rajatabla, debería ser más proactivo”, pues apenas el 9% de los proyectos de ley que presentó el Ejecutivo en la última legislatura estaban relacionados con lo recomendado.
La Fiscalía: el elefante en la habitación
“Yo creo que nada es más actual hoy que la autonomía de la Fiscalía. Es absurdo decir que de eso no se puede hablar”, consideró Sanín. El director de Viva la Ciudadanía recordó cómo en los albores de la Asamblea Nacional Constituyente, se discutió mucho qué hacer con la Fiscalía, si volverla dependiente del ejecutivo, como funciona en Estados Unidos; o si para garantizar la autonomía se dejaba en la rama judicial. Finalmente se eligió un camino medio: el presidente envía una terna a la Corte Suprema y allí es elegido, cada cuatro años, el fiscal general.
Para Sanín, que insiste en que las recomendaciones de la Comisión de la Verdad son una invitación al debate, “31 años de la figura de la Fiscalía en la Constitución de 1991, bien merecen una evaluación para que le demos a esa institución, que es crucial en todo país, una opción de recuperar la confianza y la autonomía”. En el mismo sentido, Castañeda consideró que se trata de una recomendación muy sensible que exige, en todo caso, elevar el debate. Una lección que le dejó la eliminación del artículo del PND que acogía las recomendaciones, a su juicio, en medio de un debate que tuvo muchas imprecisiones.
En todo caso, Sanín y Castañeda insisten, como también lo hacen investigadoras de Dejusticia en un artículo publicado este 28 de junio en El Espectador, en la necesidad de una hoja de ruta clara para la implementación. En palabras de Wilson Castañeda: “si bien saludamos la buena voluntad del Gobierno y de algunas entidades, entendiendo que estas recomendaciones requieren mínimamente siete años para su despliegue, necesitamos estructuras en el Estado mismo para que se pongan en marcha planes concretos”.
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