Violencia de género contra las mujeres de Urabá sigue en aumento: Forjando Futuros
Los aires de violencia en Urabá han pasado de ser simples vientos a convertirse en un torbellino de agresiones, físicas y sexuales, contras las mujeres de esa subregión. Un informe de Forjando Futuros demuestran que en el territorio, ser mujer continúa siendo un camino lleno vulneraciones, derechos violentados e impunidad.
Tomás Tarazona Ramírez
Urabá, la región que en el pasado sirvió como centro de operaciones para la guerra, las lágrimas y el despojo, hoy sigue con una lista de derechos vulnerados. Un informe de la ONG Forjando Futuros demostró que la subregión, especialmente en los linderos con Antioquia, aún no ha podido salir del escenario de agresiones, tanto físicas como sexuales, que sus mujeres han denunciado por décadas.
En 2016, cuando la guerra parecía menguar, las mujeres tuvieron la oportunidad de demostrar que sufrieron de una violencia física, sexual y emocional, basada únicamente en su género, por parte de todos los actores del conflicto armado. Todo mientras se disputaban el control territorial de la región, famosa por su diversidad y por la producción de banano. De acuerdo con los datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, en los municipios del Urabá hubo al menos 585 casos de violaciones y agresiones sexuales, lo que fue catalogado como una “guerra inscrita en el cuerpo”.
“Mi papá a mí me dejó sin mamá a causa de esa violencia. Somos violentadas sexual, física, psicológica y verbalmente. Seguimos viendo niños que se quedan sin su mamá”, aseguró María Cristina Córdoba, beneficiaria de Forjando Futuros.
El informe, presentado este viernes, contiene datos sobre todo tipo de agresiones basadas en género que la ONG ha recogido durante el último año. Las conclusiones del estudio dibujan un panorama en donde las violencias continúan, la prevención sigue ausente y la impunidad para hacer justicia a estos delitos se ha convertido en protagonista.
Por ejemplo, en cuestión de los últimos 12 meses, el Urabá antioqueño ha sido el epicentro de al menos 53 agresiones contra las mujeres. La cifra, según los registros de Forjando Futuros, es la más alta del país, incluso por delante de otras zonas en las que también hay casos de violencias como Atlántico, Valle del Cauca o la capital.
“Las cifras siguen en aumento en Antioquia y específicamente en el Urabá. Desde la Fundación Forjando Futuros registramos 86 casos de violencia sexual y 84 registros de lesiones personales. Nuestra recomendación es apoyar a la institucionalidad, capacitar funcionarios públicos y ser solidarios con quienes sufren estas violencias”, dijo Nora Saldarriaga, directora de la ONG.
La presentación del informe también llega en un momento en el que centenares de mujeres (pues se estima que son más de las que registra el CNMH) que fueron víctimas de violencia sexual, esperan alguna respuesta por parte de la justicia para que sus historias no permanezcan en la impunidad y sea la JEP y la Fiscalía las que se encarguen de ofrecer verdad, reparación, y aunque parezca difícil, la no repetición.
Pasado en el presente
Los datos que recabó Forjando Futuros muestran que no es una situación nueva, sino más bien una perpetuación del pasado. En la JEP, por ejemplo, se ha documentado que en algunos municipios pequeños como Mutatá, Turbo o Apartadó, se instaló un laboratorio criminal que sirvió para exportar tácticas de guerra, violencias y métodos de impunidad a todo el resto del país. Estas prácticas, por supuesto, también involucraron a las mujeres y docenas de casos en que fueron instrumentalizadas en la guerra.
Los informes que llegaron a esa Jurisdicción fueron tan reveladores, que al valorar la información, la JEP creó el macrocaso 04, que busca ofrecer justicia a casi 50.000 víctimas acreditadas por los delitos que sufrieron.
Pero las cifras que hoy revela Forjando Futuros se asemejan en gran medida a esas crónicas de un pasado doloroso que las mujeres, tanto urabeñas como indígenas y afro, no quieren volver a repetir. Otro de los hallazgos del informe deduce que en el último año la violencia sexual tuvo un incremento, pues pasó de 120 casos en 2023 a 140 registros en el presente año. Además, hay al menos cinco asesinatos que, de ser investigados por la justicia, podrían ser tipificados como feminicidios por el contexto en el que fueron cometidos.
Lo que alarma del informe es que la mayoría de las violencias, físicas, personales o sexuales, se han concentrado principalmente en tres municipios en los que las promesas de paz fueron enunciadas, pero no se han consolidado: Turbo, Apartadó y Chigorodó. Estas regiones fueron en el pasado, también, epicentros de guerra, agresiones sexuales y masacres. “Para que haya paz en Urabá, es urgente respetar la vida de las mujeres”, alerta el informe a modo de recomendación.
Resistencia en el dolor
Las conclusiones del informe no significan que todo esté perdido. Urabá, en particular, ha sido un territorio en el que la resiliencia y la resistencia llegaron para las víctimas después de la guerra y la violencia sexual. Fanny Escobar, directora de Mujeres al Plantón, superó la violencia sexual que sufrió hace más de tres décadas, creó un proyecto comunitario de otras mujeres víctimas de violencia sexual y hoy es una referente en la búsqueda de justicia por quienes vivieron su misma historia.
“Las víctimas prefieren que nosotras como organización las acompañemos a colocar las denuncias, porque se sienten más seguras y saben que la información no se va a filtrar con los grupos armados”, contó Escobar a este diario.
Desde hace 10 años, Escobar congrega el pedido que, tanto en la época álgida de la guerra como en la actualidad piden: que las mujeres logren vivir vidas que no sigan siendo sinónimos de agresiones, violencias basadas en género y que la justicia por fin llegue.
¿Sabe qué es la justicia centrada en las personas? Visite Justicia Inclusiva de El Espectador
Urabá, la región que en el pasado sirvió como centro de operaciones para la guerra, las lágrimas y el despojo, hoy sigue con una lista de derechos vulnerados. Un informe de la ONG Forjando Futuros demostró que la subregión, especialmente en los linderos con Antioquia, aún no ha podido salir del escenario de agresiones, tanto físicas como sexuales, que sus mujeres han denunciado por décadas.
En 2016, cuando la guerra parecía menguar, las mujeres tuvieron la oportunidad de demostrar que sufrieron de una violencia física, sexual y emocional, basada únicamente en su género, por parte de todos los actores del conflicto armado. Todo mientras se disputaban el control territorial de la región, famosa por su diversidad y por la producción de banano. De acuerdo con los datos del Centro Nacional de Memoria Histórica, en los municipios del Urabá hubo al menos 585 casos de violaciones y agresiones sexuales, lo que fue catalogado como una “guerra inscrita en el cuerpo”.
“Mi papá a mí me dejó sin mamá a causa de esa violencia. Somos violentadas sexual, física, psicológica y verbalmente. Seguimos viendo niños que se quedan sin su mamá”, aseguró María Cristina Córdoba, beneficiaria de Forjando Futuros.
El informe, presentado este viernes, contiene datos sobre todo tipo de agresiones basadas en género que la ONG ha recogido durante el último año. Las conclusiones del estudio dibujan un panorama en donde las violencias continúan, la prevención sigue ausente y la impunidad para hacer justicia a estos delitos se ha convertido en protagonista.
Por ejemplo, en cuestión de los últimos 12 meses, el Urabá antioqueño ha sido el epicentro de al menos 53 agresiones contra las mujeres. La cifra, según los registros de Forjando Futuros, es la más alta del país, incluso por delante de otras zonas en las que también hay casos de violencias como Atlántico, Valle del Cauca o la capital.
“Las cifras siguen en aumento en Antioquia y específicamente en el Urabá. Desde la Fundación Forjando Futuros registramos 86 casos de violencia sexual y 84 registros de lesiones personales. Nuestra recomendación es apoyar a la institucionalidad, capacitar funcionarios públicos y ser solidarios con quienes sufren estas violencias”, dijo Nora Saldarriaga, directora de la ONG.
La presentación del informe también llega en un momento en el que centenares de mujeres (pues se estima que son más de las que registra el CNMH) que fueron víctimas de violencia sexual, esperan alguna respuesta por parte de la justicia para que sus historias no permanezcan en la impunidad y sea la JEP y la Fiscalía las que se encarguen de ofrecer verdad, reparación, y aunque parezca difícil, la no repetición.
Pasado en el presente
Los datos que recabó Forjando Futuros muestran que no es una situación nueva, sino más bien una perpetuación del pasado. En la JEP, por ejemplo, se ha documentado que en algunos municipios pequeños como Mutatá, Turbo o Apartadó, se instaló un laboratorio criminal que sirvió para exportar tácticas de guerra, violencias y métodos de impunidad a todo el resto del país. Estas prácticas, por supuesto, también involucraron a las mujeres y docenas de casos en que fueron instrumentalizadas en la guerra.
Los informes que llegaron a esa Jurisdicción fueron tan reveladores, que al valorar la información, la JEP creó el macrocaso 04, que busca ofrecer justicia a casi 50.000 víctimas acreditadas por los delitos que sufrieron.
Pero las cifras que hoy revela Forjando Futuros se asemejan en gran medida a esas crónicas de un pasado doloroso que las mujeres, tanto urabeñas como indígenas y afro, no quieren volver a repetir. Otro de los hallazgos del informe deduce que en el último año la violencia sexual tuvo un incremento, pues pasó de 120 casos en 2023 a 140 registros en el presente año. Además, hay al menos cinco asesinatos que, de ser investigados por la justicia, podrían ser tipificados como feminicidios por el contexto en el que fueron cometidos.
Lo que alarma del informe es que la mayoría de las violencias, físicas, personales o sexuales, se han concentrado principalmente en tres municipios en los que las promesas de paz fueron enunciadas, pero no se han consolidado: Turbo, Apartadó y Chigorodó. Estas regiones fueron en el pasado, también, epicentros de guerra, agresiones sexuales y masacres. “Para que haya paz en Urabá, es urgente respetar la vida de las mujeres”, alerta el informe a modo de recomendación.
Resistencia en el dolor
Las conclusiones del informe no significan que todo esté perdido. Urabá, en particular, ha sido un territorio en el que la resiliencia y la resistencia llegaron para las víctimas después de la guerra y la violencia sexual. Fanny Escobar, directora de Mujeres al Plantón, superó la violencia sexual que sufrió hace más de tres décadas, creó un proyecto comunitario de otras mujeres víctimas de violencia sexual y hoy es una referente en la búsqueda de justicia por quienes vivieron su misma historia.
“Las víctimas prefieren que nosotras como organización las acompañemos a colocar las denuncias, porque se sienten más seguras y saben que la información no se va a filtrar con los grupos armados”, contó Escobar a este diario.
Desde hace 10 años, Escobar congrega el pedido que, tanto en la época álgida de la guerra como en la actualidad piden: que las mujeres logren vivir vidas que no sigan siendo sinónimos de agresiones, violencias basadas en género y que la justicia por fin llegue.
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