“Me arrebataron a mi único hijo porque en el lugar donde trabajaba sus jefes no quisieron pagarle la vacuna a los grupos armados”. Así inician los testimonios de muchas mujeres que pertenecen a la Red de Madres Cuidadoras del Chocó, una organización que le exige a las instituciones que investiguen las muertes sistemáticas contra jóvenes en Quibdó a causa del conflicto que vive la región. Según cifras de la Fundación Círculo de Estudios Culturales, entre 2016 y 2022 fueron asesinados un total de 600 jóvenes.
Debido a esta problemática, el pasado 13 de diciembre de 2023 se realizó el conversatorio “Derechos Humanos, Justicia, Paz y Reconciliación: la situación de homicidios de jóvenes en Quibdó y las acciones de las madres por alcanzar la verdad y justicia”, respaldado por el programa Justicia Inclusiva de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Este espacio logró reunir en el Banco de la República sede Quibdó a más de 60 mujeres que tienen una historia en común: un hijo asesinado por la violencia en el municipio.
La mayoría de ellas llevaban fotos de sus hijos. Yesenia Rivas, por ejemplo, justo antes de mencionar su caso a este diario, entró en una crisis de ansiedad. Tuvo que ausentarse del auditorio, abrumada por el dolor inminente de recordar a su hijo. Muchas madres, igual que ella, cargaban en su rostro la esperanza de que sus historias no queden en la impunidad.
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El único hijo de Rivas era Harley David Rivas, de 19 años de edad. Le decían “Pecas” y cursaba quinto semestre de Ingeniaría Ambiental en la Universidad Tecnológica del Chocó. “La violencia en el municipio me lo arrebató un 30 de noviembre de 2020. Hombres armados llegaron a la carrera 24 y en frente de la Financiera Juriscoop accionaron un arma. Lo dejaron sin vida y huyeron del lugar”, cuenta su madre. Cuando habla del único gran amor de su vida, como le dice ella, su mirada se nubla y prefiere guardar silencio por algunos segundos.
Durante el conversatorio, fueron varias las mujeres que también compartieron historias similares a la de Yesenia Rivas. Unidas por la tragedia, se organizan en el auditorio con la esperanza de recibir respuestas concretas por parte de la Gobernación del Chocó, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. Aunque dicen que un espacio de charla no es suficiente, todas anhelan que estos escenarios marquen el inicio de una colaboración efectiva entre instituciones y víctimas. Su deseo ferviente, aseguran, es encontrar una pronta solución a un flagelo que día tras día parece agravarse, aspirando a que estas interacciones no sean solo palabras, sino el punto de partida para acciones concretas que detengan este incremento de la violencia.
Según José Ferney Ardila Vargas, director Seccional de la Fiscalía de Chocó, uno de los grandes avances en materia de justicia para las madres ha sido la creación de rutas de comunicación con la organización Círculo de Estudios, quienes se han encargado de representar en el ámbito jurídico a más de 200 mujeres. Este grupo se ha encargado de establecer mesas de trabajo para activar mecanismos de esclarecimiento ante los homicidios de los jóvenes. Asimismo, se ha venido activando una ruta con la Alcaldía municipal para que tengan prioridad los mecanismos de búsqueda urgente.
Sin embargo, estos avances para la joven Rosy Gisela Chaverra Pacheco, representante juvenil del municipio, se quedan cortos. “Cuando las madres denuncian que su hijo ha desaparecido o lo han encontrado asesinado, la respuesta de la Fiscalía es que ese joven puede estar asociado con la delincuencia común”, indicó Chaverra. Por este hecho, explica también que la estigmatización ha frenado los avances en materia de investigación y justicia para las víctimas y sus familias.
La Defensoría del Pueblo en Chocó, a cargo de Luis Enrique Murillo Robledo, informa que en lo transcurrido del año se han emitido más de 10 alertas tempranas por el riesgo que sufren los jóvenes en el departamento. Este riesgo se debe al cruce de fronteras invisibles, la disputa territorial entre bandas criminales como Los Mexicanos, Locos Yam y RPS, y adicional, el conflicto armado con una disputa entre el Clan del Golfo y el ELN.
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Ante esta situación de riesgo, la Defensoría le ha solicitado al Gobierno Nacional que intervenga en el territorio con el fin de disminuir el riesgo para la población. Sin embargo, para Yesenia Rivas, una de las lideresas de la Red de Madres Cuidadoras, ese diálogo no ha tenido frutos. Pues, mientras el conversatorio para exigir garantías de protección para los jóvenes del Chocó se realiza, hay un joven más desaparecido. De Yerlín Yamil Parra Becerra, “Parrita”, como le dicen sus conocidos, se desconoce su paradero hace varios días. Lo último que su familia supo de él, es que se bajó en el sector conocido como “El Doce″, mientras se dirigía de Quibdó a Medellín.
Esta situación es solo un ejemplo de la gravedad del problema que enfrentan los jóvenes en la región, donde las medidas tomadas hasta ahora parecen insuficientes para protegerlos de la violencia y la desaparición. Según cifras de la Fundación Círculo de Estudios Culturales, entre 2016 y 2022 fueron asesinados 600 jóvenes. De acuerdo con la Fiscalía, el esclarecimiento de esos casos ha avanzado en un 29,5% y, ante ese crudo panorama, la impunidad es un factor que afecta directamente a las madres que pierden a sus hijos, pues se abstienen de denunciar. Para ellas, todo se resume en que la situación humanitaria de los jóvenes en Chocó no ha sido prioridad para el Gobierno Nacional.
El acompañamiento de la Fundación y el programa Justicia Inclusiva de USAID han permitido un avance en medidas de reparación para la sociedad chocoana. A través de atención psicosocial y jurídica, cuentan las mujeres, han hecho catarsis con su dolor. “A más de 200 madres del Círculo de Estudios nos unió la muerte de nuestros hijos y nos mantiene la lucha por obtener justicia”, sostiene Rivas, quien durante los últimos tres años se ha mantenido en pie de lucha para exigir atención prioritaria en su caso.
En 2020, cuando el hijo de Rivas fue asesinado, el departamento de Chocó presentó un alza considerable de extorsiones, según la Policía Nacional. “Pecas” como lo recuerdan sus allegados, trabajaba en una empresa de electrodomésticos que se llamaba Crédito Salomé. “El jefe no pagó la vacuna de extorsión para poder trabajar. Los dueños se fueron de viaje y lo dejaron a él con toda la responsabilidad y él pagó con su vida por algo que ni siquiera era de él”, recuerda Rivas.
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Desde ese año, por su propia historia, reconoció que lo que le había sucedido a “Pecas” no era un caso aislado de la situación de violencia que vivían otras progenitoras de la región. Conoció a Karina, quien es otra madre lideresa que sufrió los estragos del ensañamiento con los adolescentes y jóvenes y comenzó a tejerse la creación de la Red de Madres Cuidadoras. A su causa se ha unido la Corporación Jóvenes Creadores del Chocó, quienes en el auditorio resaltaron que “es importante ese reconocimiento de las organizaciones, familias, actores, involucrados en el desarrollo y la garantía de derechos, para que podamos a partir de allí observar oportunidades de vida para los jóvenes del municipio de Quibdó”.
En este escenario de incidencia y reclamo, el Grupo Magnífica, a través del canto y obras artísticas, logró acercar la realidad que viven diariamente los jóvenes en los barrios marginales a las madres que buscan transformar el dolor de quien ya no verán más. Algunas lloraron, rieron y reconocieron que el arte y las oportunidades de educación y trabajo son, según explican ellas mismas, la única opción para dejar el estigma que rodea a la juventud del Chocó.
“Estamos cansadas de enterrar a nuestros hijos, a nuestros familiares. Las mujeres no parimos hijos para la guerra, las mujeres parimos hijos e hijas para la vida”. Con esta frase, por parte de una madre, finalizó este espacio donde las entidades gubernamentales se comprometieron a analizar el contexto del conflicto y así determinar las rutas que permitan restaurar la esperanza de la ciudadanía y recuperar la paz del territorio.
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