Volver a salir: las cicatrices de la violencia contra la mujer en Montes de María

Violencia contra la mujer en Mahates (Bolívar).

Foto: Valentina Arango Correa

Tuvieron que pasar 10 años para que Rubí*, por fin, vea cómo la justicia comienza a actuar en contra del hombre que le partió el cráneo y le cortó dos dedos. Ella, en medio del cansancio, se sostiene por el amor a sus hijos y su fortaleza se centra en su cuidado. Vendiendo pescado, ahorró y construyó una pequeña casa para vivir con ellos en un municipio de los Montes de María. Cuando sale a las calles de este pueblo, sus vecinos la miran. Normalmente, cuenta que oculta su mano con una pañoleta. Cabizbaja y en llanto, narra pausadamente lo difícil que para ella ha sido sostenerse desde la violencia intrafamiliar de la que fue víctima. Pero ahora no está sola.

La madre de Rubí falleció cuando ella era apenas una niña. Desde entonces, una vecina ha sido la mujer que la ha acompañado. Estudió hasta cuarto de primaria, pero comenzó a trabajar vendiendo yuca, plátano y bollos de maíz elaborados por sus familiares en el pueblo a sus nueve años. Creció en medio de muchas dificultades de exclusión social y pobreza, pero se mantiene. A una de sus hijas, por ejemplo, en el colegio la han molestado diciéndole que su mamá tiene la mano mocha. La agresión, incluso después de tantos años, ha generado comportamientos en sus hijos, quienes reaccionan también con golpes cuando les dicen esos comentarios. O que hasta expresen que quieren hacerle daño al papá de uno de ellos, quien es el mismo agresor.

“La gente te señala por cosas que yo no quería que pasaran. Él me decía que si yo no iba a ser para él, no iba a ser para nadie. Yo nunca lo denuncié antes de lo que pasó, porque no creí que me iba a hacer algo. Como era el papá de mi niña, pensé que no me iba a hacer nada. Un día a las 11:00 de la noche llegó buscando a los niños. El niño no le quiso abrir la puerta. Cuando la abrió le dijo al niño que cogiera a la niña. Ellos salieron y cuando yo iba a cerrar la puerta, él entró y sacó un machete de su espalda. Me dio un machetazo en la cabeza, en la espalda, en el cuello, y en la mano. Los niños le decían que me soltara. Dos hijos de él vieron lo que me hizo”, cuenta la mujer.

La herida en la cabeza la dejó sin sensibilidad ante el resto de los golpes. Tenía entonces 19 años, era febrero de 2014 y, desde entonces, su dolor también ha estado en el volver a quererse. “Cuando me vi en el hospital, yo decía: estoy muerta. Yo nací completa. No nací con estas cicatrices”, dice la sobreviviente. No quisiera tener tanto dolor ni tanto odio, en especial por sus hijos. En ellos, afirma, está la causa para tomar la fuerza de contar su historia. Aunque denunció cuando el hombre intentó matarla, y en ese entonces se emitió una orden de captura, esta nunca se materializó. Se sintió sola hasta que el acompañamiento jurídico de la abogada Antonia Gómez de la Corporación Colectivo de Abogadas Helenita González Pérez llegó a su vida, desde enero de 2023.

La organización Helenita atiende casos de violencia que les son referenciados por otras organizaciones. Con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), dentro del programa de Justicia Inclusiva, han logrado representar a 10 mujeres víctimas de violencia en esta zona del Caribe. Pero su trabajo es mucho más amplio. Más de 300 mujeres se benefician anualmente de su trabajo con asesorías y otras acciones jurídicas. “También tenemos incidencia política ante las autoridades en los territorios para construir un plan que incida en los planes de desarrollo del próximo año y haya destinación de recursos por parte de las administraciones para la atención de las violencias basadas en género”, cuenta la abogada Gómez.

“A esta mujer se le han vulnerado su derecho al acceso a la justicia de todas las formas posibles”, dice la abogada Gómez. Este caso se convirtió en una misión para ella. Insiste en que ha sido uno de los que más la ha marcado en su experiencia como defensora de mujeres: “Yo no vivo sino para que ella pueda tener un momento de paz en su vida”, afirma. Además, porque vive en una región que ha sufrido el conflicto armado, donde caminar denota una poca presencia de la Fuerza Pública. Violencia como la que vivió Rubí no es única. Ella, por ejemplo, conoce otra mujer a la que un hombre de la misma zona le cortó una mano. Esa mujer le dice que tiene que perdonar. Pero Rubí todavía necesita otro paso para avanzar en su proceso, que para ella es que se haga justicia: quiere ver a quien fue su pareja tras las rejas.

Volver a salir, acompañada

Tras casi un año de estar acompañada por el colectivo de abogadas feministas, ya Rubí logró el reinicio de su caso. Sin embargo, la sanción social posterior al hecho de violencia ha sido difícil de superar. Rubí se siente señalada por la gente que la ve en la calle, por la familia que le quedó y que la ha culpado siempre del hecho. La venta de pescado es su forma de sustento, pero salir a la calle, con sus cicatrices, significa para ella un desafío. Se cubre su mano con una pañoleta y usa camisetas que le cubran las marcas de su espalda. “Una de las cosas que hay que superar con el apoyo psicológico es la sanción social. En la sociedad siguen creyendo que las mujeres nos merecemos el daño”, dice la abogada Gómez al respecto. Esto se suma al letargo del proceso judicial, ya que todavía no hay resultados.

En su municipio, Rubí también ha encontrado compañía en otra organización: la Red de Mujeres Rurales del norte de Bolívar. La lideresa de este proceso social, Julieth Ospino, relata sobre cómo en su territorio culpan a las mujeres que deciden separarse de sus esposos cuando hay agresiones dentro de la relación, las acusan de abandonar el hogar, de ser las destructoras. “Pero adentro, ellas saben de los golpes y la violencia sexual que aguantaron. Incluso, se mantiene el rumor de que el abandono del hogar es un delito”, dice Ospino. Y añade: “En la mente de la sociedad existe la creencia de que el abandono de hogar es un delito y que con eso pierden derechos, pero eso no es cierto”, explica la defensora de la corporación.

Esta Red de Mujeres Rurales del norte de Bolívar nació hace 22 años y está compuesta por 10 organizaciones dedicadas a aportar en la garantía de derechos en ese territorio. Una de las violencias que identificaron a través de un diagnóstico de las problemáticas de las mujeres en la región, además de violencias como las que vivió Rubí, es que ellas no son dueñas ni de sus tierras ni de sus casas. Se reúnen, siempre con una taza de café, en Rayito de Luz, uno de los colectivos de la red que se organiza mediante un círculo de mujeres para hablar de lo que les acontece a cada una. Allí, Rubí siempre ha estado, aunque de forma intermitente, porque su tiempo demanda el trabajo y el cuidado de sus hijos.

“Le agradezco mucho a la doctora Antonia, a la psicóloga y a su organización que han sido las únicas en ayudarme”, expresó Rubí. “Es que aquí las mujeres no tienen apoyo”, dice Gómez, quien además explica que, aunque la violencia contra las mujeres se da en todos los estratos sociales, “la exclusión económica y social de este territorio, sumada a la instalación de una manera desproporcionada de la violencia y las políticas de la guerra en el territorio, donde las mujeres viven con los con los ex actores armados, sí intensifica la situación”. Rubí cuenta que, además, en el pueblo las juzgan desde cómo se visten, si usan algo corto les dicen que están provocando a los hombres.

Justicia para Rubí es que el hombre pague lo que le hizo, que sea capturado. “Yo no me merecía de él que me cortara, ni que me destruyera la vida. Yo era una niña cuando me metí con él. Ahora tengo cicatrices físicas y mentales. Y el odio que no quisiera tener. Ahora es que estoy sintiendo que se puede hacer justicia, porque la doctora Antonia me está ayudando. Yo creía que eso se iba a quedar así. Siento que se va a hacer justicia, porque ella está pendiente, me llama, me dice como va el caso. La psicóloga también está pendiente. La doctora me ha dado el apoyo que con mi familia no tengo”, expresa Rubí. De ahí que su percepción sobre la justicia sea que las leyes solo se mueven cuando son personas pudientes, que tienen para pagar una representación jurídica desde que denuncian.

“En el ejercicio lo importante es la falta de sensibilización definitivamente, porque las normas las hay todas. Habiendo estas normas que son las principales herramientas para que el Estado haga justicia. Aun prima una falta de sensibilidad ante las historias de las mujeres. La Fiscalía debe tener unos investigadores capacitados o propicios para llevar una línea de investigación más asertiva con relación a las violencias contra la mujer. No es la falta de capacitación en enfoque de género, esa la hay. Se requiere es la sensibilización para sintonizar en una investigación, porque hay que hacerla desde otra perspectiva, hay que hacerlas con el corazón”, dice Gómez sobre los funcionarios que atienden este tipo de casos de violencia contra la mujer.

Así como en el colectivo Helenita, en el Cauca la abogada Sara Hurtado de la Corporación para el manejo de conflictos del Norte del Cauca también representa a mujeres víctimas de estas violencias. Con un acompañamiento jurídico y psicosocial generan espacios para escuchar a las mujeres, las apoyan y generan enlaces con la Fiscalía para poder avanzar en sus casos. Ellas apoyan con material probatorio, siempre y cuando el fiscal lo permita. “Hemos realizado un trabajo muy interesante, pero nos hemos encontrado con funcionarios que le dan la importancia a cada caso, porque cada uno es diferente. No es un expediente más. Es un hogar más, una mujer más. Ellos lastimosamente no tienen como esa sensibilización o esa humanización para tratar a este tipo de mujeres”, dice Hurtado.

De esta manera, el papel del acompañamiento jurídico va más allá de apoyar los procesos, de conseguir pruebas, de presionar a los policías judiciales y fiscales para que hagan su trabajo. Las abogadas, sobre todo, alimentan la esperanza de las mujeres. En ellas, las víctimas ponen la fe para encontrar sosiego después de tantos años de haber sido agredidas. Su labor es horizontal, llegan a entrevistarlas, pero también a educarlas en cómo se dan las violencias, les buscan ayuda económica, en medida de lo posible, y las abrazan. Juntas, de la mano, en el camino para superar las barreras judiciales que todavía existen en contra de las mujeres. El sueño de Rubí es, por ahora, arreglar su casa, darles a sus hijos el estudio, la ropa, los útiles escolares. Todo lo que ella no tuvo.

*Nombre cambiado a petición de la defensa.

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