![La Fuerza Pública implementará un programa de bienestar, cuidado y protección, con el objetivo de garantizar la adopción y ubicación de los animales que sean retirados del servicio.](https://www.elespectador.com/resizer/v2/QE6IU35HCFEQJFDJKRQN4WDZPI.jpg?auth=e75417b804a5dfc48e276c9fc5e62d1f7f19740f690301f78e2b6fe4bc086b9c&width=920&height=613&smart=true&quality=60)
Este 28 de agosto, el presidente Gustavo Petro sancionó el proyecto que establece que los animales no podrán ser utilizados por la Fuerza Pública para disuadir manifestaciones, protestas, disturbios y otro tipo de actos. Como informamos en un artículo anterior, la prohibición fue reconocida como la Ley 2318 del 25 de agosto de 2023.
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Este proyecto fue presentado por el representante del Partido Liberal Juan Carlos Losada, fue aprobado por el Congreso en junio del presente año y fue sancionado por Presidencia. Según el representante, esta ley nació a partir de las protestas sociales que se desarrollaron en 2019, en donde varios alcaldes del país decidieron utilizar caballos al servicio de la fuerza pública para enfrentar manifestantes, lo que dejó a varios de los animales con lesiones.
Además de las heridas físicas, los animales también sufrieron violencia piscológica en este tipo de escenarios, debido a los gases lacrimógenos y bombas aturdidoras que también los afectaron.
¿En qué consiste la nueva ley?
El documento asegura que los caninos, equinos y los demás animales que hayan sido entrenados por la Fuerza Pública, solo podrán desempeñar funciones de vigilancia, actividades preventivas y, del mismo modo, control en eventos de asistencia masiva, rescate, búsqueda, registro, detección de explosivos, erradicación de cultivos ilícitos o de movilización de los uniformados. Este proyecto tenía como objetivo modificar las disposiciones de la Ley 1801 de 2016, que determinaba el uso de animales para dispersar manifestaciones, motives y asonadas por parte de la Fuerza Pública.
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Del mismo modo, los animales podrán ser utilizados para actividades que requieran de una verificación o inspección, con el objetivo de evitar afectaciones o alteraciones a la seguridad y convivencia ciudadana.
Cabe resaltar que esta ley está limitada a los animales que están en manos de la fuerza pública. No obstante, en el interior de las manifestaciones se han evidenciado animales de compañía que participaron junto a sus propietarios. El representante Juan Carlos Losada le pide a la ciudadanía que mantenga a las mascotas fuera de este tipo de escenarios, porque le pueden generar estrés excesivo y daños psicológicos.
El personal uniformado de la Policía Nacional podrá utilizar medios de apoyo de carácter técnico, tecnológico o de otra naturaleza que estén a su alcance, con el objetivo de prevenir y superar comportamientos que puedan ir en contra de la seguridad pública.
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Además de lo anterior, la Fuerza Pública implementará un programa de bienestar, cuidado y protección, con el objetivo de garantizar la adopción y ubicación de los animales que sean retirados del servicio. Este programa deberá ejecutarse de forma permanente, mientras existan animales al servicio de la Fuerza Pública.
En el documento, se recalca que las autoridades deberán utilizar otro tipo de elementos y medios para lograr el control de la situación que ocurra, o en defensa propia.
También, el texto resalta que está entre sus deberes el promover los mecanismos alternativos para resolver conflictos: “se deben propiciar el diálogo y los acuerdos en aras de la convivencia cuando sea viable legalmente”, puede leerse en la ley.
Esta legislación tiene como objetivo principal la preservación de la vida, el bienestar y la protección de los animales que han sido adiestrados y entrenados por las fuerzas de seguridad.
“Lo logramos, ganamos una batalla más por quienes no tienen voz. Aprobada nuestra ley que prohíbe el uso de animales por parte de la fuerza pública en el marco de la protesta social. Nuestro compromiso es por la defensa de los animales”, escribió el representante Juan Carlos Losada a través de su cuenta de Twitter tras la aprobación del Legislativo.
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