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La tauromaquia ha sido objeto de una amplia discusión en el país desde hace varios años. Por un lado, están quienes consideran que los eventos taurinos constituyen una forma de maltrato animal hacia los toros; por otra parte, quienes defienden la llamada “fiesta brava” como una tradición cultural que llegó desde España y se desarrolló en diferentes lugares de Colombia.
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Actualmente, cursa en el Congreso una iniciativa para prohibir las corridas de manera progresiva. Se trata del proyecto de ley 085 de 2022, presentado por la senadora Andrea Padilla y que ya superó dos debates en el Senado. La iniciativa ahora deberá ser aprobado en la Cámara de Representantes: primero en la comisión quinta, presidida por Jaime Rodríguez de Cambio Radical, y luego en la plenaria.
El proyecto plantea que los espectáculos con toros sean prohibidos tres años después de sancionada la ley para que, en este período, el gobierno nacional identifique a las personas que obtienen ganancias económicas a partir de estas prácticas y, de esta manera, les ayude a encontrar alternativas económicas. De hecho, en la actualidad resulta difusa la cantidad de personas que reciben un sustento por parte del espectáculo con toros, pues estos no son reconocidas como actividades laborales formales, por lo que no se cuenta con información sobre la población que vive de esto.
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El proyecto ha recibido el apoyo público del presidente Gustavo Petro, quien aseguró durante su campaña que apoyaría las iniciativas legislativas que busquen proteger a los animales. “Yo no dudo de la voluntad política del Gobierno, el presidente Gustavo Petro siendo candidato, firmó con nosotros un compromiso de protección animal, para destinar los recursos dentro del Plan de Desarrollo”, afirmó la senadora Padilla, en entrevista con La Red Zoocial.
Además de Colombia, hay otros siete países en el mundo en los que son permitidas las corridas de toros. España, Francia y Portugal, en Europa; y Venezuela, Perú, Ecuador y México, en América. No obstante, en cada una de estas naciones hay movimientos antitaurinos que buscan prohibir estas corridas de manera definitiva, con el objetivo de poner fin “a un espectáculo violento y cruel”, como lo define la senadora Andrea Padilla.
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Varios taurinos se han opuesto a la prohibición de esta práctica, porque, según ellos, los toros de lidia que hay en Colombia irían a parar al matadero, motivo por el cual no se detendría su muerte. “Tenerlos ahí no es económicamente rentable”, afirma César Gómez, médico veterinario de la Universidad de La Salle y magíster en reproducción animal. Además, añade que, al igual que el resto del ganado, se trata de un animal que se ha sostenido en el tiempo únicamente para la explotación humana.
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En 2012, cuando Gustavo Petro era alcalde de Bogotá, se prohibieron por primera vez las corridas de toros en la ciudad. Fue un espaldarazo al movimiento antitaurino, que durante años había pedido que se suspendieran. Sin embargo, Jerónimo Pimentel, dueño de la finca El Paraíso, ubicada en el municipio de Choachí, Cundinamarca, recuerda que ese año “tuve que mandar muchos toros al matadero, porque ya no tenía en dónde venderlos”.
En 2010, la Corte Constitucional afirmó que para la realización de las corralejas se deben cumplir cuatro preceptos: 1) eliminar o aliviar las conductas crueles contra animales, 2) que solo se realicen en las fechas en que han sido tradición para el pueblo, 3) que no haya inversión de dineros públicos para la construcción de la infraestructura y 4) que solo se realicen en municipios donde haya una tradición continua de esta práctica cultural.
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