En la Edad Media, vacas, toros, cerdos y hasta ratas podían ser llevados a los tribunales y ser sentenciados con penas que iban desde la mutilación hasta la horca.
Estos juicios, por absurdos que parezcan, eran relativamente frecuentes. Y, aunque los principales acusados eran los cerdos, había denuncias hasta contra las langostas o los gorgojos que arruinaban las cosechas.
El académico y defensor de los derechos de los animales Edward Evans fue el primero que registró este tema en su libro publicado en 1906 titulado “Juicios criminales y pena capital de los animales”.
Allí él explicaba que la mayor parte de los animales grandes eran juzgados por homicidio y por lo general, eran ejecutados, mientras que las plagas como las ratas y algunos insectos eran castigadas con la excomunión.
Los juicios cumplían con todas las formalidades previstas para el caso de los humanos. Un procurador pedía el procesamiento del culpable, se escuchaba a los testigos, se hacía la requisitoria y el juez dictaba sentencia.
Sin embargo, en el siglo XIII, varias personas empezaron a darse cuenta de que era absurdo enjuiciar a animales. El jurista Philippe de Rémi escribió que cómo los animales no tienen la facultad del discernimiento, estos procesos eran “justicia perdida”.
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