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Después de denuncias realizadas por la ciudadanía y la Alcaldía local, el equipo del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) valoró a 18 gatos, 21 perros y 54 animales de otras especies, para revisar las condiciones en las que se encontraban.
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Algunos de ellos no cumplían con la edad mínima requerida para su comercialización, tenían diarrea sin tratar, dificultades respiratorias, secreciones nasales y oculares, entre otras afecciones. De los 39 perros y gatos revisados, se realizó la aprehensión por parte de la autoridad de tres gatos, por su mal estado de salud. Los felinos serán trasladados para valoración adicional.
“Los operativos de seguimiento son fundamentales ya que buscamos mantener bajo seguimiento las condiciones de los animales, teniendo en cuenta que son grupos que van variando dentro de la misma dinámica de comercialización”, dijo Adriana Estrada, directora del IDPYBA.
Los equipos encargados de realizar la valoración fueron: el Escuadrón Anticrueldad, Granja, Regulación y Oficina Asesora Jurídica, en articulación con Alcaldía Local de Teusaquillo, Secretaría de Gobierno, Policía Carabineros y Policía Ambiental.
“Durante el año 2022 se realizaron 32 operativos en esta zona, y este desarrollado hoy es el primero de 2023. Continuaremos en este seguimiento en las diferentes localidades en donde existe este tipo de comercio”, agregó Estrada.
La aprehensión de los animales por parte del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal vino acompañada de una invitación a la ciudadanía para denunciar los casos de maltrato y mala tenencia de animales.
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El pasado 25 de enero se emitió una condena contra Gladys Alicia Enciso Caballero, una comerciante de animales del sector de la Avenida Caracas, en la localidad de Teusaquillo porque, tras la visita, se encontró que algunos de estos animales iban a ser comercializados en deficientes parámetros de salud y bienestar y, por lo tanto, fueron aprehendidos por la autoridad (uno de ellos se encontró muerto), en el marco de los Acuerdos 761 de 2020 y 801 de 2021 que prohíbe la comercialización de animales vivos en plazas de mercado y regula la comercialización en otros establecimientos.
De acuerdo con la información presentada por la entidad, el IDPYBA interpuso tres denuncias ante las autoridades, para constituirse como representante de las víctimas y el juez del caso decidió condenar a nueve meses de prisión, seis meses de inhabilidad especial para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multa de dos y medio salarios mínimos legales mensuales vigentes a la mujer.
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