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El jueves 23 de febrero, el parlamento de la Comunidad Valenciana, una de las comunidades autónomas de España, aprobó una ley de bienestar animal con aspectos similares a la que fue admitida en el órgano legislativo a nivel nacional.
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Dentro de las novedades que impone esta nueva ley, se encuentra un registro generalizado de mascotas en toda la comunidad. En cada municipio, los propietarios de animales de compañía tendrán un plazo de seis meses para inscribirse en este sistema, que busca llevar un control de la fauna doméstica en el territorio.
Además, establece como objetivo alcanzar el “sacrificio cero”, un aspecto que genera controversia en el país por la cantidad de colonias felinas que ponen en riesgo a algunas especies silvestres. Bajo esta normativa, se establece como única acción de control de estas poblaciones la estrategia de capturarlos, esterilizarlos y liberarlos (conocida en España con las iniciales CER).
Esto supone que la posibilidad de sacrificar animales domésticos, cuando estos representan un riesgo para la salud pública o ponen en peligro de extinción a animales silvestres, no será una opción.
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Otro aspecto que regula fuertemente esta ley es la reproducción y cría de animales domésticos, que estará limitada a personas con autorización sujeta a vigilancia. No podrán usarse hembras menores a un año ni mayores a ocho años para estos fines, y deberán tener un período mínimo de 12 meses entre partos.
Las multas por maltrato animal, dependiendo de la gravedad de los casos, irán desde los 100 euros (alrededor de 500.000 pesos colombianos) hasta los 45.000 euros (más de 220 millones de pesos).
La polémica ley incluye dentro de la categoría de animales de compañía a los perros que son utilizados para la caza, y se establecen algunas medidas para su tenencia, algo que no fue incluido en la ley nacional y que podría generar contradicción entre las normas.
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Algunas organizaciones, como la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, aseguraron que tendrán que modificarse algunos artículos cuando entre en vigencia la ley nacional para no tener discrepancias, según informó El País.
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