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La raza de perros american bully XL ha estado en el centro de la polémica en el Reino Unido durante todo 2024, tras la implementación de leyes que prohíben su tenencia, cría y venta. Esta medida ha generado un intenso debate entre defensores del bienestar animal y quienes consideran a estos perros una “amenaza” para la seguridad pública.
A partir del 1 de enero de este año, las autoridades británicas endurecieron las restricciones sobre esta raza, y desde febrero, su posesión se volvió ilegal, a menos que los dueños contaran con un certificado de exención, el cual debía tramitarse antes de la fecha límite. En ese momento, el gobierno calculaba que había cerca de 10.000 american bully XL en el país. Sin embargo, cifras posteriores del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales revelaron que en realidad el número superaba los 57.000 canes.
La prohibición ha tenido graves consecuencias para los perros de esta raza. Según un informe de la BBC, desde que entró en vigor la medida, más de 100 american bully XL han sido sacrificados cada mes en el Reino Unido. Este fenómeno se atribuye principalmente a la falta de capacidad en los refugios, que ya operan al límite, y a los altos costos asociados al cuidado de estos animales.
Según la BBC, las cifras recopiladas por 19 fuerzas policiales de Inglaterra y Gales muestran un incremento alarmante en las incautaciones y sacrificios de estos perros: en los primeros ocho meses de 2024, se confiscaron 1.991 perros sospechosos de estar prohibidos, comparados con los 283 de 2023 y 818 perros fueron sacrificados, más del doble que en 2023.
Este alto número de sacrificios ocurre cuando se emite una orden judicial o los propietarios deciden no reclamar a sus canes, y por ende, los animales son sacrificados por veterinarios en cumplimiento de la normativa.
La medida ha generado divisiones: por un lado, los defensores de la prohibición argumentan que esta busca prevenir ataques y garantizar la seguridad pública. Por otro lado, organizaciones de derechos de los animales cuestionan la decisión, señalando que castiga a los perros por las acciones de algunos propietarios irresponsables.
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