Procuraduría solicitó incluir a las mascotas como bienes inembargables
La Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, pidió a la Corte Constitucional que los animales fueran incluidos en la lista de elementos inembargables. ¿Por qué?
La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Constitucional que prohibiera el embargo de animales de compañía en disputas familiares u otro tipo de procesos, como los judiciales. Esto después que la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, instara a la Corte Constitucional a declarar la exequibilidad condicionada del artículo 594 de la Ley 1564 de 2012.
Su solicitud busca incluir a los animales de compañía en la lista de bienes inembargables, con el objetivo de preservar el libre desarrollo de la personalidad y los proyectos de vida de aquellos que mantienen vínculos afectivos con sus mascotas.
En su comunicado dirigido a los Honorables Magistrados, el Ministerio Público argumentó que resulta desproporcionado permitir la separación de las mascotas de sus dueños para garantizar el cumplimiento de obligaciones financieras, como el pago de un crédito bancario. Esta medida podría afectar el bienestar psicológico de las personas de manera significativa.
Además, la entidad de control señaló que, aunque las mascotas son consideradas bienes muebles según la legislación civil, también son seres sintientes que establecieron relaciones afectivas con las personas. Estas relaciones deben recibir protección por parte de las autoridades de acuerdo con los principios constitucionales.
“Si bien las mascotas son bienes, muebles, según la legislación civil, también lo es el hecho de que se trata de seres sintientes que desarrollan relaciones afectivas con las personas, las cuales deben ser amparadas por las autoridades en cumplimiento de la Constitución”, explicó la entidad en un comunicado.
En la misma línea, la Procuradora recordó que la jurisprudencia reconoce el “estrecho vínculo que surge entre el animal y el hombre con ocasión de su convivencia” como una manifestación positiva de los derechos al libre desarrollo de personalidad y la intimidad. Por ende, la relación entre seres humanos y mascotas debe ser respaldado por el Estado como un medio para que las personas expresen su autonomía.
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La Procuraduría General de la Nación pidió a la Corte Constitucional que prohibiera el embargo de animales de compañía en disputas familiares u otro tipo de procesos, como los judiciales. Esto después que la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, instara a la Corte Constitucional a declarar la exequibilidad condicionada del artículo 594 de la Ley 1564 de 2012.
Su solicitud busca incluir a los animales de compañía en la lista de bienes inembargables, con el objetivo de preservar el libre desarrollo de la personalidad y los proyectos de vida de aquellos que mantienen vínculos afectivos con sus mascotas.
En su comunicado dirigido a los Honorables Magistrados, el Ministerio Público argumentó que resulta desproporcionado permitir la separación de las mascotas de sus dueños para garantizar el cumplimiento de obligaciones financieras, como el pago de un crédito bancario. Esta medida podría afectar el bienestar psicológico de las personas de manera significativa.
Además, la entidad de control señaló que, aunque las mascotas son consideradas bienes muebles según la legislación civil, también son seres sintientes que establecieron relaciones afectivas con las personas. Estas relaciones deben recibir protección por parte de las autoridades de acuerdo con los principios constitucionales.
“Si bien las mascotas son bienes, muebles, según la legislación civil, también lo es el hecho de que se trata de seres sintientes que desarrollan relaciones afectivas con las personas, las cuales deben ser amparadas por las autoridades en cumplimiento de la Constitución”, explicó la entidad en un comunicado.
En la misma línea, la Procuradora recordó que la jurisprudencia reconoce el “estrecho vínculo que surge entre el animal y el hombre con ocasión de su convivencia” como una manifestación positiva de los derechos al libre desarrollo de personalidad y la intimidad. Por ende, la relación entre seres humanos y mascotas debe ser respaldado por el Estado como un medio para que las personas expresen su autonomía.
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