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Durante los próximos diez meses, Estados Unidos va a presenciar una batalla judicial de gran calibre sobre el acceso al aborto en el país. Este será todo un laberinto en las cortes para los defensores del aborto, del cual difícilmente podrán salir victoriosos. La ley antiaborto que se promulgó esta semana en Texas simplemente es un muy mal augurio para el futuro no solo de la interrupción del embarazo, sino sobre todo del estado de derecho en la nación.
Explicar esto, desde luego, es más difícil que entenderlo. Así que vamos por partes.
Hace medio siglo, Estados Unidos reconoció el derecho constitucional de las mujeres a acceder a un aborto por medio del caso Roe v. Wade. En este caso, la Corte Suprema dictaminó que una mujer podía elegir si continuaba o no con su embarazo amparada en el derecho constitucional a la privacidad.
Esto es importante para entender todo el entramado. La Corte Suprema no dijo “el aborto es legal”, sino que apuntó que las leyes que le negaban el derecho al aborto a las mujeres eran inconstitucionales, pues chocaban con el derecho fundamental a la privacidad. Y los procedimientos médicos, cabe resaltar, deben ser privados. Así, el gobierno tiene que mantenerse neutral desde entonces: las legislaturas estatales no pueden pasar leyes que presionen a las mujeres a tomar una decisión como no abortar.
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Después de dicha decisión, los grupos antiabortistas atacaron el fallo de la Corte y trataron de impulsar leyes más restrictivas para limitar estos servicios, esto sin declararlos ilegales. Pero casi la totalidad de estas acciones radicales no tuvieron éxito, hasta hace poco.
En mayo de este año, la Corte Suprema, ahora dominada por una mayoría conservadora, dijo que asumiría la revisión de un caso presentado por Mississippi. Ese estado promulgó en 2018 una ley que restringe el aborto después de las 15 semanas. Sin embargo, esta chocaba con el precedente de Roe v. Wade de la Corte Suprema y por eso fue bloqueada.
Después del bloqueo, Mississippi llevó el caso a la Corte Suprema para que revise la decisión de hace 50 años de Roe v. Wade, resaltando que en el texto constitucional, según explica, no se ampara el derecho al aborto y por eso debe borrarse. Todo esto con el fin de eliminar la decisión de Roe v. Wade y permitir que los estados declaren el aborto ilegal.
Todo esto es un gran problema, por supuesto, pero ni siquiera hemos llegado al punto central del lío para los grupos proaborto: la ley de Texas.
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Esta semana, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, firmó una ley que prohíbe los abortos después de la sexta semana de embarazo. Es decir, mucho antes de que la mayoría de mujeres si quiera sepa que está embarazada. Y la ley fue redactada de tal manera que se salta las limitaciones impuestas por el caso Roe v. Wade y por otro caso muy famoso: Planned Parenthood v. Casey, en el que se protege el derecho a la mujeres a optar por un aborto antes de la viabilidad del feto.
El gobierno, con estas dos decisiones del Supremo, no puede interferir y limitar el derecho al aborto.
La ley promulgada por Texas, entonces, viola el fallo de estos dos precedentes de la Corte Suprema. ¿Qué pasa entonces?
La ley entró en vigor y ya está funcionando. Es decir, ahora las mujeres que opten por un aborto después de la sexta semana en Texas estarían incurriendo en un delito. El primer problema con esto es que el 85 % de los abortos en Texas ocurren luego de este periodo, pues es cuando la mujer se da cuenta que está embarazada.
El segundo problema, y este es más grave, es que la ley en sí no debería estar funcionando.
La regla general de procedimiento en Estados Unidos es que los ciudadanos puedan desafiar una ley antes de que esta entre en vigencia. Así evitan enfrentarse al riesgo de violarla y sufrir consecuencias legales. Esa regla existe por una razón: el estado de derecho.
Sin embargo, como mencionamos antes, la ley fue redactada de manera meticulosa para evitar que los tribunales la revisen.
Veamos el procedimiento de cerca: un litigante que está en contra de una ley que está a punto de ser promulgada no puede demandar al estado porque este cuenta con una “inmunidad soberana”. Lo que puede hacer es demandar al funcionario estatal que hace cumplir dicha ley.
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Ian Millihiser, corresponsal de Vox ante la Corte Suprema, lo explica con un ejemplo. Supongamos que una nueva ley requiere dice que se puede despojar la licencia médica a todos los proveedores de servicios de aborto en el estado de Texas. Esta tarea estará a cargo de la junta médica. Por consecuencia, un litigante podrá demandar a esa junta médica, según las reglas de procedimiento.
Lo que hizo el estado de Texas fue que, como los precedentes de la Corte Suprema lo obligan a no interferir en los servicios de aborto, le asignó esa tarea a los ciudadanos. La ley antiaborto de Texas aprobada esta semana no tiene un funcionario estatal que la haga cumplir. Puntualmente dice que “cualquier persona, que no sea un funcionario o empleado de una entidad gubernamental local o estatal en este estado puede entablar una demanda contra quienes realicen un aborto después de la sexta semana de embarazo”.
Resulta escalofriante.
Si ningún funcionario está encargado de hacer cumplir la ley, sino que son privados quienes tendrán esa tarea, no hay a quién demandar.
Es por eso que a las clínicas proaborto, a los grupos de defensa de este derecho para las mujeres y a los liberales se les ha dificultado tanto la tarea de llevar este caso a los tribunales.
“Planned Parenthood (una clínica abortista muy reconocida) no puede ir a la Corte y demandar al Fiscal General Ken Paxton como lo haría normalmente, pues este no tiene ningún papel en la aplicación del estatuto. Básicamente tienen que sentarse y esperar a ser demandados”, le explicó Josh Blackman, profesor de derecho constitucional del South Texas College of Law Houston, al Texas Tribune.
Es decir, de ahora en adelante las clínicas abortistas se enfrentan a una avalancha de demandas civiles, incitadas por el estado, por practicar abortos.
Y ahora otros estados que vieron que ese modelo funciona, como Florida, piensan replicar la ley de Texas. Esto marca el principio del final del aborto como se le conoce en el país.
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Este escenario continuará hasta que los grupos proaborto encuentren la manera de demandar la ley para llevarla a una revisión en la Corte Suprema. El máximo tribunal dejó la puerta abierta a escuchar el caso, pero hasta que eso pase pueden transcurrir meses.
Puede estar a favor o en contra del aborto, pero estas medidas no lo van a eliminar. Nada va a eliminar este servicio. Lo único que hará es que la volverá clandestina, de nuevo. Miles de mujeres ya no contarán con asesoría médica para realizar este proceso, pero no por ello dejarán de hacerlo. Ahora se enfrentan a la muerte, condenadas por el estado.
La de Texas es una victoria estratégica para los grupos antiaborto. Y este es un adelanto de lo que se viene en el país.
¿Todo está perdido para los proaborto?
Por lo menos en los estados de tendencia republicana, el escenario no pinta nada bien. Sin embargo, hay que destacar algo: si Roe v. Wade es derrocada en los próximos meses, los estados liberales tienen planes de contingencia. En Nueva York, por ejemplo, el aborto ya se legalizó. Este servicio ya no se sustenta en el fallo de la Corte Suprema, sino en la Constitución estatal de ese estado, donde la práctica es legal.
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En datos (según Planned Parenthood):
- Antes de la decisión de Roe, entre 200,000 y 1.2 millones de abortos ilegalmente inducidos ocurrieron cada año en los Estados Unidos de América
- En 1965, abortos ilegales eran tan peligrosos que el 17 % de todas las muertes por embarazos y partos fueron el resultado de un aborto ilegal
- En 1969, 23 por ciento de los ingresos a hospitales municipales por embarazos en la ciudad de Nueva York fueron causados por complicaciones por abortos ilegales.
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