“Abusos brutales” y posibles ejecuciones extrajudiciales: HRW sobre Perú
Un informe de la organización sobre las protestas en el país andino y el uso excesivo de la fuerza recoge un balance de 49 personas muertas durante las manifestaciones. Habla, además, de la falta de investigaciones por parte de las autoridades así como de pronunciamientos “selectivos” de la comunidad internacional.
“El ejército y la policía del Perú son responsables de muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, así como de otros abusos brutales contra manifestantes y transeúntes durante protestas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023″. Así resume Human Rights Watch (HRW) algunos de los hallazgos de su informe “Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”, publicado este miércoles.
Las protestas a las que hace referencia la organización son las que desataron tras el 7 de diciembre, a raíz de la destitución y posterior detención del presidente Pedro Castillo, quien ese día en una alocución ordenó el cierre del Congreso y el gobierno por decreto.
Las manifestaciones exigían el cierre del Legislativo que vacó al mandatario, la salida de Dina Boluarte (vicepresidenta que asumió la jefatura de Estado) y el adelanto de elecciones.
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Sin embargo, desde temprano la represión oficial contra las protestas llamaron la atención de la comunidad internacional.
Según el informe, aunque los manifestantes fueron responsables de actos de violencia, la respuesta institucional fue desproporcionada incluyendo fusiles de asalto y armas cortas. “Cuarenta y nueve manifestantes y transeúntes, entre ellos ocho niños menores de 18 años, murieron durante las protestas”, recoge la organización.
César Muñoz, director asociado de la División de las Américas de Human Rights Watch, señala: “Hubo graves actos de violencia por parte de manifestantes, que deben ser investigados, pero eso no justifica la respuesta brutal, indiscriminada y desproporcionada de las fuerzas de seguridad”.
El balance, según la evidencia, habla de “al menos 39 personas murieron por heridas de bala. Más de 1.300 personas resultaron heridas, entre ellas cientos de agentes de policía. Un agente de policía murió en circunstancias poco claras. Las investigaciones de estos homicidios deben ser imparciales y exhaustivas, y deben alcanzar a todos los responsables de los abusos, incluidas las más altas instancias de gobierno”.
En suma, el documento da cuenta de un “uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, violaciones del debido proceso, abusos contra detenidos y deficiencias en las investigaciones penales, así como una arraigada crisis política y social que erosiona el Estado de derecho y los derechos humanos en el Perú”.
HRW explica que dichos abusos se han producido “en un contexto de deterioro de las instituciones democráticas, corrupción, impunidad por abusos cometidos en el pasado y desigualdad persistente”.
Para la realización del informe, la organización entrevistó a más de 140 personas, “incluidos testigos, manifestantes y transeúntes heridos, familiares de fallecidos, policías, fiscales, periodistas y otras personas, en persona en el Perú y a distancia”. Asimismo, asegura que se reunió con los ministros de Defensa e Interior, el entonces comandante general de la Policía Nacional del Perú, el inspector general de la policía, la fiscal de la Nación y la defensora del pueblo. “Human Rights Watch verificó más de 37 horas de video y 663 fotografías de las manifestaciones, y revisó autopsias e informes de balística, registros médicos, expedientes penales y otra documentación”, agrega la organización.
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Las investigaciones
El informe señala, además, que las investigaciones penales llevadas a cabo por el Ministerio Público alrededor de estos hechos “han tenido graves deficiencias, como la falta de recogida de pruebas iniciales clave. En algunos casos, las autoridades no preservaron el lugar donde ocurrieron las muertes ni ordenaron que se hicieran pruebas de absorción atómica a militares y policías para detectar si realizaron disparos con armas de fuego. Tampoco decomisaron oportunamente sus armas para someterlas a análisis balísticos. En otros casos, los fiscales no solicitaron grabaciones de las cámaras de seguridad de los lugares en los que las personas resultaron heridas o muertas. En dos casos, no dispusieron que se realizaran las autopsias antes de los entierros”.
HRW agregar que “las autoridades gubernamentales se mostraron indiferentes ante los abusos, negando a menudo que hubieran ocurrido, afirmando sin pruebas que las muertes se debían a armas de fabricación casera o a armas de fuego y munición introducidas desde Bolivia, al tiempo que menospreciaban y estigmatizaban repetidamente a los manifestantes, insinuando que eran “terroristas””.
Esto, cuando menos, “plantea interrogantes sobre una posible negligencia o incluso complicidad en los abusos”, señaló Human Rights Watch.
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La organización señala, además, que “algunos sectores del Congreso están actuando para eliminar los controles a su poder, incluyendo intentos para debilitar la independencia de las autoridades electorales y la Defensoría del Pueblo. También surgieron nuevas acusaciones de corrupción contra la presidenta Boluarte, y decenas de miembros del Congreso están siendo investigados”.
A manera de recomendación, HRW señala que el gobierno del Perú “debería invitar a una comisión independiente de expertos internacionales, otorgándole acceso a información gubernamental y a los expedientes de los casos de abusos para respaldar las investigaciones penales en curso y documentar la crisis actual y las violaciones de derechos humanos”.
No deja de mencionar, además, que “los gobiernos extranjeros no se han pronunciado ni han tomado medidas de una manera coherente para defender la democracia y los derechos humanos durante la crisis”.
“Muchos países se han pronunciado sólo de forma selectiva sobre la crisis en el Perú, en lugar de reconocer que la defensa de las instituciones democráticas y del Estado de derecho en el país va de la mano de la protección de los derechos humanos”, afirmó Muñoz.
“La comunidad internacional debe ser mucho más firme y coherente a la hora de denunciar las violaciones de derechos humanos y las amenazas a las instituciones democráticas en el Perú, presionar para que haya rendición de cuentas y ayudar a crear las condiciones necesarias para un diálogo nacional genuino que tenga en cuenta las legítimas preocupaciones de los peruanos”, añadió el vocero.
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“El ejército y la policía del Perú son responsables de muertes que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales o arbitrarias, así como de otros abusos brutales contra manifestantes y transeúntes durante protestas entre diciembre de 2022 y febrero de 2023″. Así resume Human Rights Watch (HRW) algunos de los hallazgos de su informe “Deterioro letal. Abusos por las fuerzas de seguridad y crisis democrática en el Perú”, publicado este miércoles.
Las protestas a las que hace referencia la organización son las que desataron tras el 7 de diciembre, a raíz de la destitución y posterior detención del presidente Pedro Castillo, quien ese día en una alocución ordenó el cierre del Congreso y el gobierno por decreto.
Las manifestaciones exigían el cierre del Legislativo que vacó al mandatario, la salida de Dina Boluarte (vicepresidenta que asumió la jefatura de Estado) y el adelanto de elecciones.
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Sin embargo, desde temprano la represión oficial contra las protestas llamaron la atención de la comunidad internacional.
Según el informe, aunque los manifestantes fueron responsables de actos de violencia, la respuesta institucional fue desproporcionada incluyendo fusiles de asalto y armas cortas. “Cuarenta y nueve manifestantes y transeúntes, entre ellos ocho niños menores de 18 años, murieron durante las protestas”, recoge la organización.
César Muñoz, director asociado de la División de las Américas de Human Rights Watch, señala: “Hubo graves actos de violencia por parte de manifestantes, que deben ser investigados, pero eso no justifica la respuesta brutal, indiscriminada y desproporcionada de las fuerzas de seguridad”.
El balance, según la evidencia, habla de “al menos 39 personas murieron por heridas de bala. Más de 1.300 personas resultaron heridas, entre ellas cientos de agentes de policía. Un agente de policía murió en circunstancias poco claras. Las investigaciones de estos homicidios deben ser imparciales y exhaustivas, y deben alcanzar a todos los responsables de los abusos, incluidas las más altas instancias de gobierno”.
En suma, el documento da cuenta de un “uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad, violaciones del debido proceso, abusos contra detenidos y deficiencias en las investigaciones penales, así como una arraigada crisis política y social que erosiona el Estado de derecho y los derechos humanos en el Perú”.
HRW explica que dichos abusos se han producido “en un contexto de deterioro de las instituciones democráticas, corrupción, impunidad por abusos cometidos en el pasado y desigualdad persistente”.
Para la realización del informe, la organización entrevistó a más de 140 personas, “incluidos testigos, manifestantes y transeúntes heridos, familiares de fallecidos, policías, fiscales, periodistas y otras personas, en persona en el Perú y a distancia”. Asimismo, asegura que se reunió con los ministros de Defensa e Interior, el entonces comandante general de la Policía Nacional del Perú, el inspector general de la policía, la fiscal de la Nación y la defensora del pueblo. “Human Rights Watch verificó más de 37 horas de video y 663 fotografías de las manifestaciones, y revisó autopsias e informes de balística, registros médicos, expedientes penales y otra documentación”, agrega la organización.
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Las investigaciones
El informe señala, además, que las investigaciones penales llevadas a cabo por el Ministerio Público alrededor de estos hechos “han tenido graves deficiencias, como la falta de recogida de pruebas iniciales clave. En algunos casos, las autoridades no preservaron el lugar donde ocurrieron las muertes ni ordenaron que se hicieran pruebas de absorción atómica a militares y policías para detectar si realizaron disparos con armas de fuego. Tampoco decomisaron oportunamente sus armas para someterlas a análisis balísticos. En otros casos, los fiscales no solicitaron grabaciones de las cámaras de seguridad de los lugares en los que las personas resultaron heridas o muertas. En dos casos, no dispusieron que se realizaran las autopsias antes de los entierros”.
HRW agregar que “las autoridades gubernamentales se mostraron indiferentes ante los abusos, negando a menudo que hubieran ocurrido, afirmando sin pruebas que las muertes se debían a armas de fabricación casera o a armas de fuego y munición introducidas desde Bolivia, al tiempo que menospreciaban y estigmatizaban repetidamente a los manifestantes, insinuando que eran “terroristas””.
Esto, cuando menos, “plantea interrogantes sobre una posible negligencia o incluso complicidad en los abusos”, señaló Human Rights Watch.
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A manera de recomendación, HRW señala que el gobierno del Perú “debería invitar a una comisión independiente de expertos internacionales, otorgándole acceso a información gubernamental y a los expedientes de los casos de abusos para respaldar las investigaciones penales en curso y documentar la crisis actual y las violaciones de derechos humanos”.
No deja de mencionar, además, que “los gobiernos extranjeros no se han pronunciado ni han tomado medidas de una manera coherente para defender la democracia y los derechos humanos durante la crisis”.
“Muchos países se han pronunciado sólo de forma selectiva sobre la crisis en el Perú, en lugar de reconocer que la defensa de las instituciones democráticas y del Estado de derecho en el país va de la mano de la protección de los derechos humanos”, afirmó Muñoz.
“La comunidad internacional debe ser mucho más firme y coherente a la hora de denunciar las violaciones de derechos humanos y las amenazas a las instituciones democráticas en el Perú, presionar para que haya rendición de cuentas y ayudar a crear las condiciones necesarias para un diálogo nacional genuino que tenga en cuenta las legítimas preocupaciones de los peruanos”, añadió el vocero.
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