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El 23 de septiembre de 2013, hace 9 años, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana emitió la Sentencia 168, que modificó la norma establecida en ese país para acceder a una nacionalidad. Antes, solo con nacer en el territorio dominicano se obtenía automáticamente la nacionalidad de ese país. Ahora, quienes han nacido en territorio de la República Dominicana, pero sus padres son migrantes irregulares, no tienen nacionalidad dominicana. La interpretación de la norma nueva se aplicó de manera retroactiva. Es decir, afectó a personas que hubieran nacido antes de que se emitiera esa sentencia. Así, los descendientes de migrantes irregulares en la República Dominicana quedaron sin nacionalidad: en apatridia.
Decir “migrantes irregulares” es casi un eufemismo, pues la medida solo afectó a la población de origen haitiana. Según ACNUR, unas 200 mil personas quedaron sin Estado y se desencadenó una crisis de derechos humanos, pues la apatridia no solo lesiona el derecho a una nacionalidad, sino que, al desvincular a las personas del Estado, ellas no tienen acceso a educación, salud, vivienda, empleo, participación política, entre otros. Los apátridas quedan condenados a la informalidad.
La apatridia se traduce en no tener documentos de identidad y esto, a su vez, en jóvenes que no pueden ir a una universidad; personas que solo pueden trabajar en condiciones precarias para la industria azucarera dominicana, históricamente cercana al Estado; líderes sociales que no pueden acceder a las instituciones, ni mucho menos votar; personas que no gozan del acceso pleno a servicios médicos, y en Wilfrido, un joven atleta de alto rendimiento, quien, aunque tenía un récord de velocidad que le permitía clasificar a los Juegos Olímpicos, no pudo hacerlo porque no tenía documentos. Su historia la contamos en El Espectador.
Conozca la historia de Wilfrido Batista, el deportista apátrida que se siente dominicano.
La gravedad de la situación en República Dominicana generó un reproche generalizado por parte de la comunidad internacional. Todos los Estados sabían que la decisión del Tribunal dominicano no fue de buena fe. Era la consecuencia de 200 años de odio hacia Haití, pues de ese país fue que en el siglo XIX se independizó la República Dominicana. Buena parte de la identidad nacional dominicana se construyó en función de ser distintos de Haití, de rechazar las tradiciones, la lengua, la religión y la raza de ese país, como si esos atributos no ocuparan un lugar profundo en la propia sociedad dominicana. Pero era también la expresión de un modelo económico que recurría a mano de obra migrante y barata para encargarle las tareas de las cuales los dominicanos no querían ocuparse. A lo largo del siglo XX, miles de haitianos migraron mediante programas del gobierno dominicano que buscaban trabajadores temporales para la industria azucarera, la principal del país. Se asentaron en bateyes, caseríos rurales en medio de las plantaciones de caña de azúcar (de ahí viene la canción «El negrito del Batey») y, como el Estado no cumplió su obligación de regresarlos a Haití, echaron raíces y tuvieron descendencia. Por supuesto, una mano de obra que no goza de ciudadanía y, por ello, no tiene cómo reclamar derechos laborales. Es más económica que una mano de obra de nacionalidad dominicana.
¿Por qué es tan grave este problema? Le contamos en: A la deriva: el drama de los apátridas en República Dominicana
Por eso, los Estados miembros de la ONU y la OEA no le creyeron al gobierno dominicano cuando dijo que se trataba de un control migratorio (función que no corresponde a la rama judicial), ni que era la rectificación de un error en la legislación sobre nacionalidad. Tampoco aceptaron el reclamo del mismo gobierno de que se estaba injustamente exigiendo que la República Dominicana solucionara los problemas de Haití.
Así, el Estado dominicano no tuvo más remedio que crear un instrumento para enmendar los daños y emitir la Ley 169 en mayo de 2014. Esta ley dividió a los afectados en dos grupos: Grupo A, a quienes sus documentos les fueron incautados o desconocidos, y Grupo B, los que nunca tuvieron documentos. A los primeros se les iba a restituir su nacionalidad y a los segundos se les condicionó a registrarse como extranjeros, pese a no serlo, como única forma de iniciar un proceso de naturalización pasados dos años.
Para muchos países, esto fue un contentillo: problema resuelto, no se volvió a hablar del tema. Sin embargo, para quienes viven en apatridia en la República Dominicana, la Ley 169 de poco o nada les ha servido. No hay transparencia en datos sobre acceso a nacionalidad mediante la ley y la crisis parece haber empeorado.
Los presidentes Danilo Medina y Luis Abinader Corona emitieron los decretos presidenciales 262-20 y 297-21 que nacionalizarían a casi 800 personas dominicanas en situación de apatridia. De acuerdo con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la sola existencia de esos decretos, que de por sí no se implementaron a plenitud, demuestra la deficiencia de la ley.
La lucha sigue viva
Para conmemorar los 9 años de la Sentencia que desencadenó todo, el colectivo Dominican@s por derecho, que acompaña a las personas afectadas por el fallo, se reunió el 22 de septiembre frente al palacio presidencial dominicano para protestar. En un comunicado, afirman que, pese a las promesas del gobierno, “las actuales autoridades han recrudecido la lógica de acoso y discriminación de nacionales por el origen migrante de sus padres, en detrimento de miles de familias y comunidades de por sí afectadas por la pobreza y la exclusión social”.
Aseguran que el ministerio del Interior y la Policía hacen caso omiso de los decretos de Medina y Abinader, y que en 2020 la misma autoridad cerró abruptamente la oficina encargada de implementar la Ley 169-14. De este modo, 7.948 dominicanos que inicialmente se habrían beneficiado de esa ley están ahora en el limbo, sus documentos están vencidos y no tienen cómo renovarlos.
“Las detenciones arbitrarias mantienen en zozobra a barrios y bateyes de todo el país”, asegura el colectivo. “El gobierno criminaliza a ciudadanos por su color de piel y origen familiar”. Además, según dice, en lo que va del año, se han reportado más de 800 intentos de expulsión de personas dominicanas de su propio país.
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La expectativa de los miembros de este colectivo y de miles de afectados era que el gobierno del actual presidente, Luis Abinader Corona, primer presidente progresista en la historia dominicana, reconociera la situación y la solucionara. Pero Abinader respondió con algo más duro que la continuidad: en lo que algunos interpretan como un intento de complacer a las fuerzas más conservadoras, está construyendo un muro en la frontera de su país con Haití. Aún así, estas personas, nacidas en el territorio dominicano, cuyo Estado no las quiere reconocer, no dejan de sentirse dominicanas.
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