Al menos 18 muertos en cárceles de El Salvador bajo el régimen de excepción: AI
Las organizaciones salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 1.500 denuncias de atropellos por parte de las autoridades, principalmente por detenciones arbitrarias. Según Amnistía Internacional, “al menos 18 personas han muerto bajo tutela del Estado”.
Afp y Efe
Una investigación de Amnistía Internacional (AI) en El Salvador determinó que las autoridades estatales estarían perpetrando graves violaciones a los derechos humanos en el marco de un régimen de excepción, vigente desde finales de marzo, y que suspende garantías constitucionales, y advirtió sobre la posibilidad de “responsabilidad penal internacional”.
Esta conclusión se da a conocer cuando comienza el cuarto año de Gobierno del presidente Nayib Bukele, quien la noche del miércoles dio un discurso a la nación con el tema de derechos humanos ausente y en el que nuevamente criticó a las organizaciones nacionales e internacionales.
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“Tras entrevistar a víctimas y sus familiares, organizaciones de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, sindicalistas y líderes comunitarios, hemos concluido que aquí hay una situación de graves violaciones a los derechos humanos”, sostuvo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, durante una conferencia de prensa en San Salvador.
Las organizaciones salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 1.500 denuncias de atropellos por parte de las autoridades, principalmente por detenciones arbitrarias. Según AI, “al menos 18 personas han muerto bajo tutela del Estado”.
Los casos documentados
Guevara Rosas indicó que, en las últimas semanas, Amnistía Internacional “documentó en profundidad 28 casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos, que corresponden a 35 personas”. Señaló que entre estos se encuentran “casos de tortura y malos tratos” en los centros de detención y prisiones, además de detenciones indiscriminadas.
“Amnistía Internacional recibió testimonios de varias personas liberadas que describieron los horrores vividos durante el internamiento”, sostuvo, y agregó que estos también revelan “el nivel de control y crueldad que poseen las pandillas dentro de las celdas”. Además, dijo que existen “condiciones extremas de hacinamiento que estarían resultando en violaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal”.
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De acuerdo con la representante de AI, El Salvador se habría colocado como el país con mayor hacinamiento carcelario del mundo con 1.164 personas detenidas por cada 100.000 habitantes, por arriba del índice de 639 que tiene Estados Unidos. Esto, subrayó Guevara Rosas, “significa que el 1,7 % de la población mayor de 18 años “está tras las rejas”.
Entre los casos conocidos por AI está el de un adolescente de 16 años que estuvo detenido por 13 días, fue encadenado a una pared, golpeado por policías y que pandilleros con los que compartió celda “lo torturaron continuamente”.
Otro caso es el de William González, de 36 años, quien fue detenido en abril pasado junto con su madre y su hermana, y murió bajo custodia de las autoridades. El informe de AI también apunta que existen casos de personas que siguen sin conocer el paradero de sus familiares detenidos, por lo que se podría considerar como desaparición forzada.
(Aquí algunas de las detenciones diarias publicadas por las autoridades en redes sociales).
Responsabilidad penal
A inicios de abril, el Congreso controlado por el oficialismo, aprobó una reforma para castigar con hasta 45 años de prisión a los miembros de pandillas y con hasta 15 años la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación. Esas reformas, según Guevara, “atentan contra el debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías judiciales”.
Advirtió que “la política implementada por el gobierno podría dar lugar a responsabilidad penal internacional”.
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“A estas alturas (de lo actuado) los tres poderes del Estado (salvadoreño) tienen conocimiento suficiente para tomar las medidas necesarias que detengan el encarcelamiento ilegal de miles de personas y las muertes arbitrarias bajo custodia del Estado”, enfatizó.
El miércoles, Bukele, en un discurso a la nación con motivo de su tercer año de gobierno, aseguró que está “a punto de ganar la batalla” contra las pandillas y en respuesta a las críticas dijo que “El Salvador es un país soberano”, que “tomará las decisiones que (considere) correctas”.
Juicios sin garantías en El Salvador
Para Guevara, las víctimas de la violencia de las pandillas “merecen justicia de forma urgente” y no “la respuesta visceral y flagrantemente ilegal dada por el gobierno”.
“La detención y procesamiento penal sin las debidas garantías judiciales de 36.000 personas en dos meses no habría sido posible sin la complicidad de instancias de justicia, incluida la Fiscalía, Procuraduría y el poder judicial que están sacrificando derechos humanos irrenunciables”, destacó.
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Zaira Navas, abogada de la ONG salvadoreña Cristosal, aseguró que las audiencias en los tribunales “son masivas, con más de 500 personas procesadas”, por lo que el requerimiento de la Fiscalía “no tiene la individualización de la responsabilidad de cada persona”. Cristosal atendió, en una plataforma virtual que habilitó, unos 850 casos de supuestos casos de “detenciones arbitrarias” y de “abusos de autoridad”.
La mayoría de los detenidos son procesados por el delito de “agrupaciones ilicítas” y casi todos pasan a la siguiente fase de instrucción por seis meses prorrogables, por lo que una persona estar hasta dos años sin condena, explicó la abogada.
Una investigación de Amnistía Internacional (AI) en El Salvador determinó que las autoridades estatales estarían perpetrando graves violaciones a los derechos humanos en el marco de un régimen de excepción, vigente desde finales de marzo, y que suspende garantías constitucionales, y advirtió sobre la posibilidad de “responsabilidad penal internacional”.
Esta conclusión se da a conocer cuando comienza el cuarto año de Gobierno del presidente Nayib Bukele, quien la noche del miércoles dio un discurso a la nación con el tema de derechos humanos ausente y en el que nuevamente criticó a las organizaciones nacionales e internacionales.
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“Tras entrevistar a víctimas y sus familiares, organizaciones de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, sindicalistas y líderes comunitarios, hemos concluido que aquí hay una situación de graves violaciones a los derechos humanos”, sostuvo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI, durante una conferencia de prensa en San Salvador.
Las organizaciones salvadoreñas y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) han recibido más de 1.500 denuncias de atropellos por parte de las autoridades, principalmente por detenciones arbitrarias. Según AI, “al menos 18 personas han muerto bajo tutela del Estado”.
Los casos documentados
Guevara Rosas indicó que, en las últimas semanas, Amnistía Internacional “documentó en profundidad 28 casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos, que corresponden a 35 personas”. Señaló que entre estos se encuentran “casos de tortura y malos tratos” en los centros de detención y prisiones, además de detenciones indiscriminadas.
“Amnistía Internacional recibió testimonios de varias personas liberadas que describieron los horrores vividos durante el internamiento”, sostuvo, y agregó que estos también revelan “el nivel de control y crueldad que poseen las pandillas dentro de las celdas”. Además, dijo que existen “condiciones extremas de hacinamiento que estarían resultando en violaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal”.
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De acuerdo con la representante de AI, El Salvador se habría colocado como el país con mayor hacinamiento carcelario del mundo con 1.164 personas detenidas por cada 100.000 habitantes, por arriba del índice de 639 que tiene Estados Unidos. Esto, subrayó Guevara Rosas, “significa que el 1,7 % de la población mayor de 18 años “está tras las rejas”.
Entre los casos conocidos por AI está el de un adolescente de 16 años que estuvo detenido por 13 días, fue encadenado a una pared, golpeado por policías y que pandilleros con los que compartió celda “lo torturaron continuamente”.
Otro caso es el de William González, de 36 años, quien fue detenido en abril pasado junto con su madre y su hermana, y murió bajo custodia de las autoridades. El informe de AI también apunta que existen casos de personas que siguen sin conocer el paradero de sus familiares detenidos, por lo que se podría considerar como desaparición forzada.
(Aquí algunas de las detenciones diarias publicadas por las autoridades en redes sociales).
Responsabilidad penal
A inicios de abril, el Congreso controlado por el oficialismo, aprobó una reforma para castigar con hasta 45 años de prisión a los miembros de pandillas y con hasta 15 años la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación. Esas reformas, según Guevara, “atentan contra el debido proceso, la presunción de inocencia y las garantías judiciales”.
Advirtió que “la política implementada por el gobierno podría dar lugar a responsabilidad penal internacional”.
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“A estas alturas (de lo actuado) los tres poderes del Estado (salvadoreño) tienen conocimiento suficiente para tomar las medidas necesarias que detengan el encarcelamiento ilegal de miles de personas y las muertes arbitrarias bajo custodia del Estado”, enfatizó.
El miércoles, Bukele, en un discurso a la nación con motivo de su tercer año de gobierno, aseguró que está “a punto de ganar la batalla” contra las pandillas y en respuesta a las críticas dijo que “El Salvador es un país soberano”, que “tomará las decisiones que (considere) correctas”.
Juicios sin garantías en El Salvador
Para Guevara, las víctimas de la violencia de las pandillas “merecen justicia de forma urgente” y no “la respuesta visceral y flagrantemente ilegal dada por el gobierno”.
“La detención y procesamiento penal sin las debidas garantías judiciales de 36.000 personas en dos meses no habría sido posible sin la complicidad de instancias de justicia, incluida la Fiscalía, Procuraduría y el poder judicial que están sacrificando derechos humanos irrenunciables”, destacó.
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Zaira Navas, abogada de la ONG salvadoreña Cristosal, aseguró que las audiencias en los tribunales “son masivas, con más de 500 personas procesadas”, por lo que el requerimiento de la Fiscalía “no tiene la individualización de la responsabilidad de cada persona”. Cristosal atendió, en una plataforma virtual que habilitó, unos 850 casos de supuestos casos de “detenciones arbitrarias” y de “abusos de autoridad”.
La mayoría de los detenidos son procesados por el delito de “agrupaciones ilicítas” y casi todos pasan a la siguiente fase de instrucción por seis meses prorrogables, por lo que una persona estar hasta dos años sin condena, explicó la abogada.