Alabama, un estado en reversa

Alabama, hogar de las luchas por los derechos civiles y la igualdad en Estados Unidos, está dando pasos agigantados para aprobar leyes prohibitivas que lo devuelvan en el tiempo a una era mucho más conservadora. Atrás quedaron las marchas de Selma, el boicot de Montgomery y los activistas de Birmingham. Este estado sureño no solo ha impulsado la ley antiaborto más restrictiva del país, sino que ha adoptado una legislatura que afecta a afroamericanos, homosexuales, migrantes y cultos religiosos diferentes al cristianismo.

El caso de Alabama sobre el aborto no es aislado, pues muchos otros estados tradicionalmente conservadores del país han impulsado medidas similares con el objetivo de llegar a la Corte Suprema y se revierta la histórica decisión de despenalizar el aborto en toda la nación. Pero en este lugar es mucho más llamativo, no solo por su pasado, sino porque justo por estos días han protagonizado otros casos polémicos.

En este estado, las mujeres hacen filas largas para interrumpir sus embarazos. Ocultan su identidad bajo sombrillas para evitar el escarnio público y acuden a las clínicas entre insultos y gritos de una ciudadanía profundamente religiosa. Alabama es un bastión del Cinturón Bíblico del país, que desde hace años ha batallado contra el aborto. “Las leyes han ido haciéndolo más y más difícil. En la década de 1990 había unas 20 clínicas que practicaban abortos. Ahora hay tres. Les ponen trampas para forzar sus cierres”, explica Mia Raven, directora de PowerHouse, una clínica abortista.

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Aunque la restrictiva ley fue aprobada por 25 hombres blancos republicanos, cabe resaltar que fue impulsada por Terri Collins, representante a la cámara de Alabama, y ratificada por la gobernadora del estado, Kay Ivey, quien ha tenido una agenda muy conservadora marcada por su posición religiosa. “Dios me influye en todo lo que hago”, dice cuando le preguntan cuánto interviene la fe en su labor. En el Cinturón Bíblico de Estados Unidos tiene más valor la tradición religiosa que cualquier otra posición ideológica. Ivey ha aprobado leyes contra homosexuales, radicalizó las medidas sobre la pena de muerte y defendió los monumentos confederados y las armas en las escuelas, según la línea del Partido Republicano de Donald Trump. “Ha convertido a Alabama en una cocina de prueba para una agenda sin oposición a los republicanos”, escribe Kyle Swenson en The Washington Post.

La gobernadora firmó un proyecto de ley que reduce el tiempo que los condenados a muerte tienen para presentar apelaciones a su sentencia. Las cárceles de Alabama, cabe resaltar, son las más mortales del país, según la ONG Equal Justice Initiative, y donde se registran más horrores. Los condenados por asesinatos y abusos sexuales abundan en los centros penitenciarios.

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Ivey también se negó a derribar monumentos confederados racistas porque, según apuntó, vinculaban al estado con su linaje rebelde. Asimismo rechazó la expansión del programa Medicaid de Barack Obama, lo cual afecta principalmente a familias afroamericanas. La comunidad afro en Alabama sufre todavía por el racismo, con la diferencia de que ahora es una discriminación oculta. Las leyes estatales impulsadas por legisladores blancos en los últimos años prohibieron el aumento del salario mínimo en las ciudades o condados donde predominan los afroamericanos. Los negros también son más propensos a ser asesinados por la policía que los blancos y, lo que es peor, en algunos casos los homicidios se quedan sin investigaciones o sentencias aunque se demuestre culpabilidad del blanco. Un estudio reveló que los oficiales son más rápidos para disparar a los sospechosos negros en las simulaciones de entrenamiento. Además, las escuelas de Alabama permanecen separadas y desiguales. Apenas en 2018, un condado de Alabama abrió su primera escuela integrada para negros y blancos. La segregación, pese a las luchas de Martin Luther King, permanece viva hoy en día. Pero esto no es todo. Ivey también firmó una ley que permitía a las organizaciones de adopción negarse a enviar niños con padres homosexuales, una de las tantas medidas adoptadas contra esta minoría.

Este mes, la televisión pública del estado de Alabama decidió no emitir un episodio de la serie Arthur que mostraba el matrimonio del maestro del protagonista, el Sr. Ratburn, comprometido con otro hombre. En contraste, la televisora estatal decidió emitir un capítulo viejo.

“Los padres han confiado en la televisión pública de Alabama durante más de 50 años para brindar programas para niños que entretengan, eduquen e inspiren”, se justificó Mike McKenzie, el director de programación de la televisión pública de Alabama, a NBC News. “Los padres confían en que sus hijos pueden ver televisión sin su supervisión”.

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La noticia de la censura del episodio, en conjunto con las declaraciones de McKenzie, causó fuerte revuelo en Estados Unidos. Grupos defensores de los derechos de la comunidad LGBTI censuraron las palabras del directivo, acusándolo de homófobo. “La representación LGBTQ no es contenido para adultos. Es hora de dejar de actuar como si lo fuera”, afirmó el grupo Equality Alabama.

Pero la respuesta del estado frente al programa infantil esconde algo mucho más profundo. Alabama es uno de los pocos estados en donde existe una ley en la que se prohíbe la promoción de los “valores homosexuales”, que estipula que durante la instrucción de educación sexual o de enfermedades de transmisión sexual se debe entender que “la homosexualidad no es un estilo de vida aceptable para el público”. “Esta información no solo es incorrecta, sino que este tipo de estigma desactualizado es exactamente lo que alimenta la intimidación anti-LGBTQ”, señaló Dillon Nettles, de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles de Alabama.

Este estado es el segundo donde más ciudadanos se identifican como conservadores (46 %), solo superado por Misisipi, según una encuesta de Gallup publicada en febrero de este año. De hecho, de acuerdo con una encuesta realizada por el Instituto de Investigación de Religión Pública de Estados Unidos, Alabama es el único estado donde la mayoría de los residentes se declaran en contra del matrimonio homosexual. Una postura que ha hecho que allí los derechos LGBTI sean más limitados en comparación con otros estados.

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Así, por ejemplo, a pesar de que a partir de 2015 el matrimonio homosexual fue aprobado por un fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos, durante varios años algunos jueces se negaron a otorgar licencias de matrimonio a ninguna pareja, ni siquiera heterosexual, para evitar dárselas a las parejas del mismo sexo.

Las medidas de Alabama se extienden a otros espacios, como el debate sobre el porte de armas, la libertad de culto religioso y la migración. Tras la masacre de la escuela de Parkland, la gobernadora firmó una orden ejecutiva para que los funcionarios escolares portaran armas. Es uno de los primeros estados en adoptar la particular medida.

Las políticas sobre migración también son alarmantes. Alabama es el sexto lugar del país con menos migrantes. Mucho antes de las aspiraciones de Donald Trump para llegar a la Presidencia, los legisladores de este estado promulgaban medidas para dificultar la migración. En 2011, el representante a la Cámara de Alabama Mickt Hammon promovió un estricto proyecto de ley contra la migración que buscaba hacer la vida de los migrantes en el estado tan infeliz “que ellos solos se irían del lugar”. La ley criminalizaba a las personas que fueran detenidas sin documentos y les prohibía a los indocumentados acceder a la universidad, conseguir el arriendo de una vivienda. Fue la medida más dura promulgada en ese momento: los controles policiales se multiplicaron y convirtieron a Alabama en la tierra prohibida para los indocumentados. Y aunque finalmente se logró tumbar la ley tras una demanda, se ha dedicado a desafiar los fallos a favor de los migrantes.

Una de las poblaciones que más resulta afectada con las restricciones a la interrupción del embarazo. En este lugar el aborto seguirá ocurriendo a pesar de las prohibiciones, pero serán las mujeres pobres, afroamericanas y migrantes quienes se vean afectadas porque deberán acudir a procesos clandestinos más peligrosos.

“La mayoría de las personas que tienen abortos son de color. Ésta es la razón por la que la lucha por la justicia reproductiva va más allá que sólo el derecho al aborto. Se trata de garantizar que las familias puedan tener los derechos, los recursos y las redes de seguridad para poder prosperar. Ya lo hemos visto antes. Anteriores enmiendas perjudicaron de manera desproporcionada a las comunidades de color que tienen más probabilidades de estar inscritas en Medicaid y tienen problemas para pagar gastos de emergencia como los abortos”, explica la activista Renee Bracey Sherman en el portal Vox.