Alivio petrolero a Venezuela: el cálculo económico y político de Joe Biden

Washington suavizó esta semana algunas sanciones económicas contra Venezuela, entre ellas la prohibición a la petrolera estadounidense Chevron de negociar con la estatal venezolana Pdvsa. El objetivo es que se reactive el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Esas negociaciones se habían iniciado en agosto de 2021, en Ciudad de México, pero por decisión del oficialismo se suspendieron dos meses después como consecuencia de la extradición a Estados Unidos de Álex Saab, acusado de ser testaferro de Maduro.

Washington suavizó esta semana algunas sanciones económicas contra Venezuela, entre ellas la prohibición a la petrolera estadounidense Chevron de negociar con la estatal venezolana Pdvsa. El objetivo es que se reactive el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición. Esas negociaciones se habían iniciado en agosto de 2021, en Ciudad de México, pero por decisión del oficialismo se suspendieron dos meses después como consecuencia de la extradición a Estados Unidos de Álex Saab, acusado de ser testaferro de Maduro.

Esto ocurrió un día después de que Estados Unidos también anunciara la reanudación de los vuelos comerciales a Cuba, la suspensión del límite al envío de remesas, entre otras medidas. De entrada, Beatriz Miranda, profesora de la Universidad Externado, advierte que “los anuncios de Estados Unidos con relación a Venezuela y Cuba son medidas temporales y limitadas, no indican para nada una normalización de las relaciones de la Casa Blanca con estos países”. Sin embargo, son un acercamiento en un momento clave para Estados Unidos y, por qué no, el mundo.

Para Luis Vicente León, presidente de la firma investigadora de mercados Datanálisis, Estados Unidos quiere fomentar una negociación entre el gobierno venezolano y la oposición, pero, ya con una mesa fallida, “se dio cuenta de que es muy difícil poner de acuerdo a esas dos partes”. En medio de esto cayó un factor clave, que precipitó la materialización de dicho interés: la guerra en Ucrania, que está próxima a completar tres meses. “Sin ninguna duda está el tema petrolero, y mucho más en este momento”, explica León.

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En apenas seis meses el precio del petróleo ha subido 50 %, movido, en gran parte, por la incertidumbre de la guerra. Está claro que Venezuela no puede reemplazar el petróleo ruso, sobre todo en este momento que produce 800.000 barriles al día, apenas un 60 % de lo que ponía en el mercado antes de las sanciones. El objetivo del alivio, en otras palabras, es ayudar a encontrar una solución para un mundo afectado por las sanciones económicas contra Rusia, país que exporta más de cinco millones de barriles de crudo al día, un volumen nada fácil de compensar.

Pero, ¿por qué el fomento de una negociación es la salida y no, por ejemplo, medidas unilaterales de Estados Unidos? Tanto Miranda como León señalan las elecciones estadounidenses de medio término en noviembre. “Para el votante latino en Estados Unidos una negociación es hipersensible; cualquier flexibilización con gobiernos como el de Venezuela, Cuba o Nicaragua es visto como una cesión al comunismo, a dictadores”. De hecho, congresistas estadounidenses como Bob Menéndez (demócrata) y Marco Rubio (republicano) no tardaron en criticar el anuncio del gobierno de Joe Biden.

“Si estamos promoviendo en Ucrania el respeto a la ley internacional, la democracia y los derechos humanos, no podemos mandar otro mensaje en nuestro hemisferio”, dijo Menéndez, presidente del comité de Exteriores del Senado, en una rueda de prensa. Por su parte, Rubio aseguró que la política exterior de Biden “se basa en apaciguar y dar concesiones a dictadores”. Por eso, según el analista de Datanálisis, para Estados Unidos “es importante que cualquier acuerdo de flexibilización provenga de un acuerdo entre la oposición y el gobierno porque, entonces, no será visto como decisión unilateral de Estados Unidos, sino como una decisión de país”.

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Pero, además, el alivio de Estados Unidos hacia Cuba y Venezuela llega en vísperas de la Cumbre de las Américas, que se llevará a cabo en junio, en Los Ángeles (California), y que por segunda vez tiene a Estados Unidos como anfitrión. La Casa Blanca ha recibido una lluvia de críticas de otras administraciones regionales tras descartar la invitación a Venezuela, Cuba y Nicaragua, debido a que considera que no respetan la carta democrática de las Américas. “La flexibilización podría indicar dos cosas: distorsionar la antesala de la cumbre, dado que hay temas muy sensibles en la agenda, o iniciar un diálogo con Nicolás Maduro para ver hasta dónde va”, asevera Miranda.

Entre los que han expresado su voz de protesta está Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, quien anunció que no iría a la cumbre si todos los países de América no son invitados. En días recientes, asimismo, Alejandro Giammattei, presidente de Guatemala, señaló que no iría luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos criticara la reelección de la fiscal general del país centroamericano. La Comunidad del Caribe (Caricom), de 15 miembros, también está dudando sobre su asistencia, en tanto que los mandatarios de Argentina, Alberto Fernández; de Chile, Gabriel Boric, y de Honduras, Xiomara Castro, no han descartado su participación, pero también piden que no se deje a nadie por fuera.

Como aseveró Miranda en una columna reciente, el escenario evidencia “que América ya no es la misma, que la influencia regional de Estados Unidos se ha disminuido y que la crisis de la democracia en el continente, así como en otras partes del mundo, es una realidad desde Estados Unidos hasta la Patagonia”. En todo caso, el miércoles pasado, la Casa Blanca confirmó que todavía no había enviado las invitaciones a la cumbre, según informó en una rueda de prensa la portavoz del gobierno estadounidense, Karine Jean-Pierre.

¿Maduro fortalecido?

Luego de los anuncios de la Casa Blanca sobre la flexibilización de las sanciones, una de las preocupaciones que asaltan a la ciudadanía opositora del gobierno es si Maduro no saldrá fortalecido de todo esto. Para el presidente de Datanálisis, eso parte de una premisa equivocada: que el mandatario está debilitado. Señala no solo que, pese a las sanciones, Maduro se mantiene en el poder, sino que su control político interno se ha hecho más fuerte, porque se ha debilitado al adversario. Por un lado, dice, la mayoría de la gente (cerca del 90 %), según las estadísticas, no cree que la oposición vaya a ser capaz de sacar a Maduro del poder. Al mismo tiempo, el 75 % está en contra de las sanciones petroleras.

La razón de lo anterior, continúa, es que las sanciones, pese a que se diga lo contrario, sí afectan a la gente del común. “¿Cómo no va a tener impacto? Si no tuviera impacto sectorial, para qué aplicas la sanción, y, si tiene efecto sectorial, cómo no se va a afectar a la gente”. Agrega que es claro que la crisis energética y de servicios públicos por la que atraviesa el país es responsabilidad del gobierno, de la falta de planeación, inversión, etc. “No hay duda de quién es el responsable, pero esa crisis afecta a la población. Cuando la luz se cae en Maracaibo, no la puedes levantar porque no puedes contratar con General Electric o Siemens (…) La sanción no es culpable de la crisis, pero sí la amplifica”.

Respecto al futuro de Venezuela, que hasta ahora ha contado con el apoyo ruso y chino, el analista agrega que, por supuesto, el objetivo de Estados Unidos es alejar de Occidente a esas dos potencias. “Hoy Venezuela manda el petróleo a China y lo cobra Maduro. El objetivo es que ese petróleo se coloque en Occidente. ¿Putin o China ganan con que Venezuela coloque petróleo en Estados Unidos y Europa?”, cuestiona. Insiste en que nadie se sienta a negociar en una mesa sin esperar nada a cambio y, en este caso, redirigir el petróleo hacia Occidente es un claro interés de Estados Unidos.

A Venezuela parece que se le reabren algunas puertas, como la de Avianca, que tras cinco años de haber suspendido operaciones en ese país solicitó esta semana a la Aeronáutica Civil de Colombia inaugurar siete frecuencias semanales entre Bogotá y Caracas. Mientras tanto, el gobierno de Maduro afirma que casi 30.000 personas han regresado a Venezuela desde 2018, en lo que ha denominado “Plan Vuelta a la Patria”.

De cara al futuro político próximo, para Miranda, “resta saber si el presidente Maduro estará dispuesto a dialogar con un Estados Unidos que todavía reconoce a Guaidó como presidente interino. Por otro lado, resta saber si Estados Unidos aceptará a Saab en el equipo negociador del gobierno que empezará un acercamiento con la oposición venezolana, una de las condiciones impuestas por Maduro”.

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