En sus 45 días de gobierno, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha demostrado su preocupación por Brasil y su compromiso con el pueblo brasileño. Con el afán de quien recibió un país con indicadores sociales que muestran un gran retroceso, ante un mandato presidencial de cuatro años, la seguridad de que será su ultima vez en la presidencia de Brasil y con la prisa de quien conoce la realidad brasileña como la palma de su mano, el presidente no se hizo esperar a pesar de las controversias y de una fuerte oposición.
Brasil camina a pasos largos como si el presidente, en este último mandato, quisiera dejar una vez más el legado de quien está dispuesto a transformar la realidad del país en las más distintas esferas. La expectativa nacional e internacional es muy grande, pero el hecho es que en tan solo 45 días el presidente Lula ya fue invitado para la próxima reunión del G7 que congrega las siete economías más grandes del mundo y Brasil reingresó a la Comunidad de Estados latinoamericanos y del Caribe (Celac).
Entre las decisiones puestas en marcha se destacan la reanudación del Fondo Amazonía. Además, durante la visita del Canciller alemán a Brasil, Alemania hizo una donación de mil millones de reales para la preservación de la selva amazónica.
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Al país llegaron las primeras dosis de la vacuna infantil Pfizer contra el COVID y se hizo una reestructuración de la política de control de armas.
Por medio de una enmienda constitucional (PEC) el gobierno Lula logró garantizar el pago de la Bolsa Familia, por un valor de 600 reales a partir de enero de 2023. Además, las mamás recibirán 150 reales extra por cada hijo o hija de cero a seis años. En contrapartida, las madres deberán comprobar que sus hijos están estudiando y presentar el carnet de vacunación y si están embarazadas deben presentar los exámenes prenatales.
El proyecto bolsa familia iniciado en octubre de 2003 es una estrategia pública que busca el bienestar social de las familias de bajos recursos desde una visión más integral.
Además, gracias a una estrategia de corrección automática del salario mínimo con respecto al aumento de precios y un ajuste ligado al crecimiento económico del país, durante los dos primeros mandatos del presidente Lula, el salario mínimo tuvo un crecimiento real de 53,6 %. Para 2023 el mismo pasará a ser de 1.320 reales a partir de mayo, lo que representará un reajuste del 7,43 %.
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Se hizo también una revisión de la tabla del impuesto de renta con el fin de exentar a quien gana hasta dos salarios mínimos, una de sus promesas de campaña. Hoy solamente quien recibe un salario hasta 1.903,98 reales cuenta con la exención.
Hubo reactivación del programa “Mi Casa, Mi vida” con la entrega de 2,7 mil viviendas. En esta ocasión el presidente anunció el inicio de la construcción de 5,5 mil viviendas hasta 2026. La meta es construir más de 2 millones de viviendas. Este programa que atiende a familias de escasos recursos, ubicadas en el estrato 1, había sido eliminado en tiempos del presidente Jair Bolsonaro.
8) Se retoma la construcción de escuelas: El gobierno federal liberará más de 250 millones de reales para obras interrumpidas en el país. Los recursos están previstos para atender a los 26 estados brasileños y el distrito Federal con el fin de construir escuelas de educación infantil, enseñanza fundamental y canchas deportivas. Una bella señal de que la educación volverá a ser una prioridad. Además de eso, el salario base de los profesores pasa a ser de 4,420,55 reales.
Brasil vuelve a valorar el desarrollo científico y tecnológico: el Fondo destinado a la investigación científica tiene un reajuste del 200 %. Se destinan, además, 82 millones para la “Beca Atleta” concedida a deportistas de alto rendimiento.
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Hay una disminución de las filas en el Sistema Público Único de Salud (SUS) para consultas, exámenes y cirugías. El SUS fue creado en los años 90 y cuenta con planes de salud médicos y hospitalarios. El 75 % de los servicios de salud prestados en el país son asumidos por el SUS y los otros 25 % son realizados por empresas privadas con fines de lucro.
Tan pronto el presidente Lula tomó posesión ordenó que el SUS recibiera una subvención de 600 millones de reales, aproximadamente 117 millones de dólares con el fin de disminuir las demoras en la atención que vienen ocurriendo desde la pandemia de COVID-19 y el recorte de políticas públicas.
Por otro lado, estás las acciones urgentes en el territorio Yanomami. Este pueblo, que habita el norte de la región amazónica, está presente en más de 600 aldeas. En los últimos cuatro años, se estima que fallecieron 570 niños por contaminación de mercurio, hambre y desnutrición.
El 20 de enero se declaró emergencia sanitaria en este territorio. Se inició una operación de asistencia humanitaria por medio de los Ministerios de Pueblos Indígenas, de la Justicia y del Desarrollo Social, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria, la retirada de la minería ilegal de las tierras indígenas y acceso de los indígenas a planes sociales. Ya se entregaron 5,7 mil canastas básicas y seis mil pruebas de malaria. Esta iniciativa humaniza el trato a este pueblo indígena, sobre todo en el norte de Roraima, frontera con Venezuela, en donde se habla de un genocidio étnico.
En cuanto apoyo a recicladores, por medio de un decreto, se reactivó el programa Pro Reciclador, que apoya a trabajadores de baja renta que se dedican al reciclaje.
En estos 45 días la impresión que se tiene es que el Gobierno Lula ya ha hecho más que en los cuatro años del presidente Jair Bolsonaro. A pesar de los inmensos desafíos, pareciera ser que Brasil empieza a reencontrar su rumbo y su lugar en el mundo.
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