Migración venezolana en el mundo sube; cifras en Colombia pierden transparencia

Según la Plataforma Interagencial R4V, coordinada por Acnur y OIM, la migración venezolana en el mundo alcanzó en marzo de 2023 la cifra de 7.239.957, mostrando un incremento del 30 % en el último año. Esta es una de las mayores crisis migratorias a nivel mundial y la más significativa en términos numéricos para América Latina y el Caribe, una región que en los últimos años ha recibido el 84 % del total de la diáspora, es decir, a 6.095.464 migrantes y refugiados venezolanos, entre los cuales, 4.016.891 permanecen en condición irregular.

Las alarmantes cifras son evidencia de un fenómeno de movilidad humana producto de la crisis humanitaria venezolana, una realidad que se inició en 2015 y que, a pesar de haber tenido variaciones en los últimos años, ha prolongado en el tiempo múltiples factores de expulsión migratoria. La mayoría de la sociedad venezolana está sometida a precarias condiciones de vida que generan que millones de venezolanos indocumentados por los altos costos, la corrupción o la inoperancia del Estado venezolano para emitir pasaportes, hayan decidido, aun así, salir de su país, cruzando la frontera con Colombia a través de peligrosas trochas en donde las garantías de seguridad son escasas.

Entre los múltiples efectos de la llegada de migrantes procedentes de Venezuela a Colombia, el levantamiento de información actualizada y la sistematización de datos han sido grandes retos para Migración Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y otras entidades relacionadas con la garantía de derechos y la prestación de servicios. Esta dificultad obedece a que una gran proporción de esta migración no cuenta con documentos de viaje idóneos o ha ingresado al país de manera irregular, lo que la hace de difícil rastreo e identificación para la institucionalidad colombiana, provocando subregistros en las cifras oficiales.

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Pese a ello, el país había mostrado grandes avances estadísticos que a la luz de hoy parecen estancarse o desvanecerse, incluso en el caso de los sistemas de información que contaban con financiamiento de la cooperación internacional.

Migración Colombia, entre junio de 2019 y febrero de 2023, ha publicado ocho reportes sobre el número total de migrantes venezolanos con vocación de permanencia en Colombia a nivel nacional, departamental y municipal. Si bien la publicación de estos informes no ha tenido una rigurosa periodicidad, esta ha sido una herramienta valiosa que ha permitido no solo al Estado, sino a gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, agencias de cooperación internacional, medios de comunicación y academia, visibilizar la migración, identificar tendencias, mapear su distribución en el país y aproximarse a cifras de migrantes en situación irregular. Información que ha determinado la planeación de políticas públicas, la financiación y la comprensión y estudio de un fenómeno social que hoy compromete a un segmento importante de la sociedad colombiana.

El más reciente reporte de Migración Colombia, publicado en febrero de este año con corte a octubre de 2022, indicó que para esa fecha había 2.894.593 migrantes venezolanos con vocación de permanencia en Colombia. A pesar de las altas expectativas puestas por diversos sectores en esta última medición, que incluye los datos recogidos en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), el sistema de recaudo de información oficial de esta población más grande en Colombia y en el mundo, llama la atención que hoy dicho reporte no aparece en la página de la entidad migratoria ni se comparte con medios de comunicación que han mostrado interés en el tema.

Al igual, genera desconcierto que el gobierno nacional omita la cifra actual de casi 2,9 millones de migrantes venezolanos refiriéndose a solo 2,5 millones, siendo esta última, una cifra de febrero de 2022, que es desactualizada y deja por fuera a cerca de 400 mil personas ya identificadas. También, que ese número se use en alocuciones nacionales e internacionales en las que Colombia ha buscado canalizar recursos de cooperación internacional para la gestión migratoria, como sucedió en la pasada Conferencia Internacional de Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos y sus Países y Comunidades de Acogida de 2023, celebrada en Bruselas a mediados de marzo.

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Este encuentro internacional es la tercera mesa de donantes realizada para el apalancamiento de los países que reciben migración procedente de Venezuela y en la que, por primera vez, no asistió el presidente de Colombia, sino su canciller Álvaro Leyva y una comisión encargada. Un asunto que no es menor, cuando se es el receptor del 40 % de esta migración en el mundo.

Asimismo, desde febrero de 2022 se dejó de compartir con la Plataforma R4V la cifra de la migración venezolana en Colombia, a pesar de que este es un compromiso asumido por el Estado junto con otros 16 países de América Latina y el Caribe. Colombia además de hacer parte de este instrumento de coordinación multilateral y de haber compartido en el pasado sus datos de manera oportuna, desde 2018 cumplió un papel fundamental en la creación de esta plataforma interagencial para afrontar conjuntamente una migración de carácter transnacional y altamente desafiante para la región en materia de atención humanitaria.

Por otra parte, con el desarrollo del proceso migratorio en los últimos años surgió la necesidad de avanzar en la medición del acceso a derechos fundamentales de la población migrante venezolana y su nivel de integración en la sociedad colombiana. Con el apoyo de USAID y de organismos multilaterales como PNUD y el BID se crearon valiosas plataformas de recolección de datos y construcción de indicadores, como el Observatorio de Migración y Salud, del Ministerio de salud, y el Observatorio Colombiano de Migración desde Venezuela (OMV) y el Índice Multidimensional de Integración Socioeconómica de la Población Migrante Venezolana (IMI), del Departamento Nacional de Planeación. Todas ellas son herramientas de uso público que han permitido no solo la comprensión del fenómeno migratorio, sino una toma de decisiones eficiente y basada en evidencia para la atención de una población en alto grado de vulnerabilidad.

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Las perspectivas para el 2023 apuntaban a que se garantizaría la continuidad de estos instrumentos dotándolos de mayor fortaleza tecnológica y autonomía financiera, y se avanzaría en la sociocaracterización de otras poblaciones como los colombianos en el exterior, retornados y migrantes pendulares o en tránsito hacia terceros países. No obstante, hasta el momento estos procesos parecen estancados con el cambio de gobierno. Tanto la información provista por el Observatorio de Migración y Salud de Minsalud así como la del Observatorio Colombiano de Migración desde Venezuela del DNP no ha sido actualizada desde agosto de 2022. Tampoco se conocen aún los resultados para el 2022 del Índice Multidimensional de Integración del DNP y mucho menos información sobre otros segmentos poblacionales relacionados con la movilidad humana.

Si bien el tema migratorio no ha sido una prioridad para el actual gobierno, este debe considerar que el levantamiento de datos y el desarrollo de una estadística sobre migración son herramientas fundamentales para la construcción de una sociedad incluyente. Sin estas es imposible establecer acciones estructurales para el desarrollo de un país y hacer un control sobre la efectividad de normativas y políticas públicas.

Dar pasos hacia atrás en esta materia, no solo es muy costoso para el país y la sociedad, promueve la corrupción e informalidad, e invisibiliza a casi el 6 % de la población nacional. La falta de información oficial sobre migración venezolana en Colombia o, peor aún, su omisión fortalece la tesis negacionista de la migración que repetidas veces ha defendido el gobierno venezolano, contraria al interés de Colombia que ha buscado corresponsabilidad en la gestión migratoria y al respeto de los derechos humanos en la región.

* Investigadora del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y de la Bitácora Migratoria en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.

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Según la Plataforma Interagencial R4V, coordinada por Acnur y OIM, la migración venezolana en el mundo alcanzó en marzo de 2023 la cifra de 7.239.957, mostrando un incremento del 30 % en el último año. Esta es una de las mayores crisis migratorias a nivel mundial y la más significativa en términos numéricos para América Latina y el Caribe, una región que en los últimos años ha recibido el 84 % del total de la diáspora, es decir, a 6.095.464 migrantes y refugiados venezolanos, entre los cuales, 4.016.891 permanecen en condición irregular.

Las alarmantes cifras son evidencia de un fenómeno de movilidad humana producto de la crisis humanitaria venezolana, una realidad que se inició en 2015 y que, a pesar de haber tenido variaciones en los últimos años, ha prolongado en el tiempo múltiples factores de expulsión migratoria. La mayoría de la sociedad venezolana está sometida a precarias condiciones de vida que generan que millones de venezolanos indocumentados por los altos costos, la corrupción o la inoperancia del Estado venezolano para emitir pasaportes, hayan decidido, aun así, salir de su país, cruzando la frontera con Colombia a través de peligrosas trochas en donde las garantías de seguridad son escasas.

Entre los múltiples efectos de la llegada de migrantes procedentes de Venezuela a Colombia, el levantamiento de información actualizada y la sistematización de datos han sido grandes retos para Migración Colombia, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y otras entidades relacionadas con la garantía de derechos y la prestación de servicios. Esta dificultad obedece a que una gran proporción de esta migración no cuenta con documentos de viaje idóneos o ha ingresado al país de manera irregular, lo que la hace de difícil rastreo e identificación para la institucionalidad colombiana, provocando subregistros en las cifras oficiales.

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Pese a ello, el país había mostrado grandes avances estadísticos que a la luz de hoy parecen estancarse o desvanecerse, incluso en el caso de los sistemas de información que contaban con financiamiento de la cooperación internacional.

Migración Colombia, entre junio de 2019 y febrero de 2023, ha publicado ocho reportes sobre el número total de migrantes venezolanos con vocación de permanencia en Colombia a nivel nacional, departamental y municipal. Si bien la publicación de estos informes no ha tenido una rigurosa periodicidad, esta ha sido una herramienta valiosa que ha permitido no solo al Estado, sino a gobiernos locales, organizaciones de la sociedad civil, agencias de cooperación internacional, medios de comunicación y academia, visibilizar la migración, identificar tendencias, mapear su distribución en el país y aproximarse a cifras de migrantes en situación irregular. Información que ha determinado la planeación de políticas públicas, la financiación y la comprensión y estudio de un fenómeno social que hoy compromete a un segmento importante de la sociedad colombiana.

El más reciente reporte de Migración Colombia, publicado en febrero de este año con corte a octubre de 2022, indicó que para esa fecha había 2.894.593 migrantes venezolanos con vocación de permanencia en Colombia. A pesar de las altas expectativas puestas por diversos sectores en esta última medición, que incluye los datos recogidos en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), el sistema de recaudo de información oficial de esta población más grande en Colombia y en el mundo, llama la atención que hoy dicho reporte no aparece en la página de la entidad migratoria ni se comparte con medios de comunicación que han mostrado interés en el tema.

Al igual, genera desconcierto que el gobierno nacional omita la cifra actual de casi 2,9 millones de migrantes venezolanos refiriéndose a solo 2,5 millones, siendo esta última, una cifra de febrero de 2022, que es desactualizada y deja por fuera a cerca de 400 mil personas ya identificadas. También, que ese número se use en alocuciones nacionales e internacionales en las que Colombia ha buscado canalizar recursos de cooperación internacional para la gestión migratoria, como sucedió en la pasada Conferencia Internacional de Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos y sus Países y Comunidades de Acogida de 2023, celebrada en Bruselas a mediados de marzo.

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Este encuentro internacional es la tercera mesa de donantes realizada para el apalancamiento de los países que reciben migración procedente de Venezuela y en la que, por primera vez, no asistió el presidente de Colombia, sino su canciller Álvaro Leyva y una comisión encargada. Un asunto que no es menor, cuando se es el receptor del 40 % de esta migración en el mundo.

Asimismo, desde febrero de 2022 se dejó de compartir con la Plataforma R4V la cifra de la migración venezolana en Colombia, a pesar de que este es un compromiso asumido por el Estado junto con otros 16 países de América Latina y el Caribe. Colombia además de hacer parte de este instrumento de coordinación multilateral y de haber compartido en el pasado sus datos de manera oportuna, desde 2018 cumplió un papel fundamental en la creación de esta plataforma interagencial para afrontar conjuntamente una migración de carácter transnacional y altamente desafiante para la región en materia de atención humanitaria.

Por otra parte, con el desarrollo del proceso migratorio en los últimos años surgió la necesidad de avanzar en la medición del acceso a derechos fundamentales de la población migrante venezolana y su nivel de integración en la sociedad colombiana. Con el apoyo de USAID y de organismos multilaterales como PNUD y el BID se crearon valiosas plataformas de recolección de datos y construcción de indicadores, como el Observatorio de Migración y Salud, del Ministerio de salud, y el Observatorio Colombiano de Migración desde Venezuela (OMV) y el Índice Multidimensional de Integración Socioeconómica de la Población Migrante Venezolana (IMI), del Departamento Nacional de Planeación. Todas ellas son herramientas de uso público que han permitido no solo la comprensión del fenómeno migratorio, sino una toma de decisiones eficiente y basada en evidencia para la atención de una población en alto grado de vulnerabilidad.

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Las perspectivas para el 2023 apuntaban a que se garantizaría la continuidad de estos instrumentos dotándolos de mayor fortaleza tecnológica y autonomía financiera, y se avanzaría en la sociocaracterización de otras poblaciones como los colombianos en el exterior, retornados y migrantes pendulares o en tránsito hacia terceros países. No obstante, hasta el momento estos procesos parecen estancados con el cambio de gobierno. Tanto la información provista por el Observatorio de Migración y Salud de Minsalud así como la del Observatorio Colombiano de Migración desde Venezuela del DNP no ha sido actualizada desde agosto de 2022. Tampoco se conocen aún los resultados para el 2022 del Índice Multidimensional de Integración del DNP y mucho menos información sobre otros segmentos poblacionales relacionados con la movilidad humana.

Si bien el tema migratorio no ha sido una prioridad para el actual gobierno, este debe considerar que el levantamiento de datos y el desarrollo de una estadística sobre migración son herramientas fundamentales para la construcción de una sociedad incluyente. Sin estas es imposible establecer acciones estructurales para el desarrollo de un país y hacer un control sobre la efectividad de normativas y políticas públicas.

Dar pasos hacia atrás en esta materia, no solo es muy costoso para el país y la sociedad, promueve la corrupción e informalidad, e invisibiliza a casi el 6 % de la población nacional. La falta de información oficial sobre migración venezolana en Colombia o, peor aún, su omisión fortalece la tesis negacionista de la migración que repetidas veces ha defendido el gobierno venezolano, contraria al interés de Colombia que ha buscado corresponsabilidad en la gestión migratoria y al respeto de los derechos humanos en la región.

* Investigadora del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y de la Bitácora Migratoria en alianza con la Fundación Konrad Adenauer.

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