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Este 11 de marzo se cumplió el primer año de Gabriel Boric en la presidencia, lugar al que llegó como el presidente más joven y más votado de la historia de Chile y como depositario de la voluntad de cambio tras un convulso proceso social luego del estallido, dos años de pandemia y en medio del proceso constituyente.
Al llegar, conformó un gabinete joven, mayoritariamente femenino, repartido entre Apruebo Dignidad (Frente Amplio, Partido Comunista, Frente Regionalista Verde Social y Acción Humanista) y Socialismo Democrático, integrado por partidos de la ex-Concertación: Partidos Socialista (PS), Por la Democracia (PPD) y Radical, más el Partido Liberal y Nuevo Trato.
No obstante, a pesar del contexto presuntamente favorable al cambio, el Gobierno ha debido sortear varias situaciones que han mermado su capacidad de maniobra. La primera corresponde a la conformación del Congreso, donde la Cámara de Diputados y el Senado se reparten entre oficialismo y oposición, con relativa desventaja del Gobierno y donde el equilibrio lo dan independientes y los partidos fuera de pacto.
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En Cámara, el oficialismo logró 64 de 155 curules, mientras que la oposición llegó a 70. Las 21 restantes son independientes y partidos fuera de pacto cuya posición varía pero tienden al equilibrio.
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Y en Senado, 18 de 50 escaños son del gobierno, mientras que la oposición tiene 25. Los restantes 7, al igual que en Cámara, están fuera de pacto y tienden a nivelar las fuerzas.
Por otra parte, las salidas en falso han afectado al Gobierno. Entre estas se cuentan las acciones de Izkia Siches como ministra del Interior y la tensa relación de Giorgio Jackson en su rol de articulador con el Congreso. Y en diciembre, el presidente otorgó un indulto que incluyó a personas con antecedentes, lo cual desató una crisis que derivó en el reemplazo de la ministra de Justicia y la ruptura de la Mesa de Seguridad con la oposición.
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Sin embargo, el mayor desafío ha sido el rechazo de la propuesta de Nueva Constitución. Boric llegó a la presidencia como el candidato del Apruebo, pero por varios factores no pudo trasladar su votación, limitándose las posibilidades transformadoras del Gobierno por al menos tres razones: primero, independiente de la desinformación, el resultado marcó límites respecto al imaginario país; segundo, implicó el crecimiento de la oposición, a pesar de que la votación del rechazo pertenece a un espectro más amplio que la derecha; y tercero, obligó a profundizar las relaciones con el Socialismo Democrático.
Tras el rechazo, se reemplazaron seis de 24 ministerios. Los cambios más significativos fueron Carolina Tohá (PPD), en Interior, y Ana Lya Uriarte (PS), en la Secretaría General de Gobierno, en reemplazo de Siches y Jackson, respectivamente. Tres meses después, el Congreso alcanzó un acuerdo donde fijó 12 bases temáticas y tres instancias para un nuevo proceso constituyente: la Comisión Experta, cuyas sesiones se iniciaron el 6 de marzo; el Comité Técnico de Admisibilidad, que funge como árbitro, y el Consejo Constitucional, cuyas curules se escogen el 7 de mayo.
Y un último traspié ocurrió el 8 de marzo, cuando la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar la reforma tributaria, sobre la cual descansaba el financiamiento de reformas como la pensión general universal, el incremento de la inversión en salud y la consolidación de un subsidio único, entre otras.
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Sin embargo, no todo ha sido de agraz. En términos de seguridad, la situación ha sido compleja, pero el Gobierno ha logrado una de las cifras de hogares que han sido víctimas de delitos más bajas de los últimos años, redujo la violencia rural en la Araucanía en un 40 % y anunció la creación del ministerio del ramo y una política nacional contra el crimen organizado.
En lo económico, tampoco ha sido sencillo. No obstante, se incrementó el salario mínimo en un 17 % acumulado entre marzo de 2022 y enero de 2023; la gestión fiscal redujo el gasto real en 23,1 % y logró un balance estructural con 0,2 % de superávit con una deuda bruta del 37,5 %, ambos respecto al PIB. Y además, las medidas propiciaron la inversión extranjera directa más alta desde 2015.
Y en este año figuraron otros proyectos, como el fomento de la red ferroviaria, alivios en salud y apoyo a pequeñas empresas; en lo ambiental, se ha introducido en la agenda contra el cambio climático; en relaciones exteriores, ha estrechado lazos con varios gobiernos, y en lo laboral, se han concretado avances respecto a la jornada laboral de 40 horas, entre otros.
Con lo anterior, la aprobación del Gobierno repuntó en la última encuesta CADEM, llegando al 35 %, su mejor resultado desde el plebiscito. Entre los factores que influyen están las medidas de seguridad, los resultados económicos y la gestión de los incendios en el sur del país.
Ahora, tras este primer año, el que viene tampoco se prevé nada sencillo.
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El 10 de marzo se sostuvo el tercer cambio de gabinete, renovándose las carteras de Relaciones Exteriores, Obras Públicas, Cultura, Deportes y Ciencia y Tecnología. En entredicho queda el ministro de Educación, puesto que a pesar de que el Gobierno proviene del movimiento estudiantil, ha habido manifestaciones escolares demandando mejoras en infraestructura y atención de asuntos de género, entre otros.
En cuanto a agenda legislativa, se vienen discusiones sobre la reforma previsional, la jornada laboral de 40 horas y proyectos en género, seguridad, salud, litio y educación. A su vez, el Gobierno evalúa un acuerdo político sobre lo previsional y salud, buscando reflotar la tributaria.
Y con respecto al proceso constituyente, el oficialismo elaboró un documento con cinco ejes: Estado social y democrático de derecho, institucionalidad democrática, desarrollo económico sustentable, igualdad de género y agenda anticorrupción. Sin embargo, hay tres factores que marcan el proceso: primero, el diálogo entre las tres instancias y el Ejecutivo es una incógnita. Segundo, el peso de los partidos tradicionales en el Gobierno quedó supeditado a la elección de mayo tras la decisión del Partido Socialista de ir en lista junto a Apruebo Dignidad. Y tercero, el rol del Gobierno es clave, pues su desempeño y las relaciones con territorios, medios y partidos pueden mediar el resultado y la fluidez del proceso. El plebiscito de salida inicialmente será el 17 de diciembre.
Por último, en septiembre se conmemoran 50 años del golpe de Estado, por lo que el Gobierno debe ser estratégico en cuanto a la narrativa y sus acciones para no agravar la tensión con la oposición ni alejarse de su electorado.
* Analista, asesor político e investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) y del Grupo de Investigación en Desarrollo Territorial, Paz y Posconflicto (Gidetepp).
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