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Se restablecieron los canales de diálogo, se nombraron embajadores, se trabaja en la normalización de la frontera entre Norte de Santander y el Táchira, se recuperó exiguamente el transporte de mercancías, se inició el proceso de formalización del comercio bilateral, se espera recuperar el paso de vehículos, pero sobre todo el transporte público, suspendido desde el 19 de agosto de 2015; se están recuperando las rutas aéreas, se realizó el primer encuentro presidencial y hubo encuentros ministeriales… Ya se puede decir que se recuperaron las relaciones diplomáticas. Sin embargo, no se recuperaron las relaciones consulares y se evade abordar la movilidad humana proveniente de Venezuela, incluso se promueve “desvenezolanizar” la migración.
La falta de interés del gobierno Petro con el tema de la migración venezolana es solo comparable al manejo que el gobierno Duque dio al Acuerdo de Paz y su implementación. La “desvenezolanización de la migración” suena igual que “la paz con legalidad”, un discurso para la cooperación y la comunidad internacional pero carente de acciones concretas para la integración de la población en condición de movilidad humana proveniente de Venezuela.
La administración de la migración ya no es un tema del resorte presidencial, tampoco del canciller o algún ministro delegado por el presidente. De prioridad nacional, la migración descendió a ser una más de las muchas tareas de la viceministra de asuntos multilaterales, Laura Gil, y de su asesor Sergio Bueno. Por suerte, la viceministra Gil tiene sensibilidad frente al tema y el asesor Bueno fue el director de Migración Colombia y es un consultor reconocido en la materia; no obstante, no tienen la capacidad institucional ni las competencias que demanda la articulación de ministerios, cuerpos de seguridad, instituciones del Estado, gobiernos locales, actores del sector privado, de la cooperación internacional y las organizaciones de la sociedad civil, sobre todo en la fase de integración de la población venezolana.
Según Migración Colombia, hay 410.991 extranjeros de otras nacionalidades en el país para 2022 entre residentes, estudiantes, cónyuges y diplomáticos, entre otros, mientras que hay más de 2,4 millones de venezolanos. En otras palabras, más del 85 % de los extranjeros en Colombia son venezolanos y la mayoría de ellos con vocación de permanencia. Si bien se debe trabajar por una política integral migratoria universal garante de los derechos humanos de toda la población en condición de movilidad humana, no se puede olvidar que Colombia tiene el 34,74 % de la diáspora venezolana, la cual para inicios de diciembre era de 7′131.435 migrantes, lo que demanda acciones concretas para la integración de la población proveniente del hermano país.
En primer lugar, se debe continuar con el estatuto temporal para venezolanos, lo que implica recuperar el dinamismo en la socialización de la información migratoria; lamentablemente, en el último año, incluso antes de la llegada del nuevo gobierno, se perdió transparencia en la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV), aún está pendiente la socialización de la encuesta de caracterización socioeconómica y adelantar el proceso de actualización de la información que, según el decreto, debería ser anual.
En la misma dirección es necesario habilitar los puntos visibles necesarios, tanto en número como en ubicación geográfica, para los más de 387.487 migrantes venezolanos pendientes de realizar el registro biométrico, lo que demanda coordinación con la cooperación internacional y los gobiernos locales. En el último mes no hay cambios en las cifras publicadas por la autoridad migratoria de nuevos registros biométricos y el mes anterior fue de apenas 3.388, menos del 1 % necesario para culminar el proceso en noviembre de 2023.
Asimismo, se requiere trabajar en definir la regularización migratoria de los más de 331.047 migrantes venezolanos pendientes de aprobación o negación del estatuto, así como la impresión de 53.778 Permisos por Protección Temporal (PPT) y la entrega de los más de 83.764 pendientes aún. La fase de registro, que inició el anterior gobierno, está pendiente por finalizar.
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En segundo lugar, es importante cobijar a los que tenían derecho a dicho estatuto, pero no lograron acogerse. El Estatuto se implementó de forma tal que logró acoger a un gran número de población. Más de 1′632.817 migrantes ya tienen su PPT aprobado; sin embargo, muchos venezolanos con vocación de permanencia ubicados en zonas rurales, en condición de analfabetismo o vulnerabilidad socioeconómica no lograron acogerse en los tiempos estipulados y quedaron por fuera del proceso de regularización. En departamentos de frontera y en las principales ciudades receptoras se evidencia dicha situación, lo que demanda habilitar la ampliación de tiempo anunciada por la autoridad migratoria.
Tercero, hay que ampliar el estatuto para los que han ingresado irregularmente después del 31 de enero de 2021. Es importante tener presente que, según los datos del R4V, plataforma multiagencial, entre febrero de 2021 (fecha en la que se inició la política de regularización del Estado colombiano) hasta diciembre de 2022 han salido aproximadamente 1′484.714 venezolanos de su país; es decir, la migración venezolana no se ha detenido. Y si bien hoy un gran número va en dirección a los Estados Unidos usando la peligrosa ruta del Darién, otros por la ruta San Andrés-Bilwi (Nicaragua) y otros en dirección a terceros países de la región, Colombia sigue siendo el principal receptor.
La falta de claridad en la formulación de una política pública y en la implementación de acciones concretas para la integración de la población en condición de movilidad humana proveniente de Venezuela con vocación de permanencia se convierte en un estímulo perverso que empuja a dicha población a arriesgar su vida en la ruta del Darién.
La población venezolana irregular que ingresó a Colombia después del 31 de enero de 2021 no ha sido objeto de ninguna medida de regularización, la única alternativa que le plantean las autoridades es la de regresar a Venezuela, obtener un pasaporte, realizar un ingreso formal y así poder acogerse al estatuto antes de noviembre de 2023, olvidando que es población en condición de vulnerabilidad y que la mayoría no tiene los recursos para realizar dicho periplo.
En cuarto lugar, la corresponsabilidad no es solo con los países donantes. Tanto el gobierno anterior como las nuevas autoridades suelen llamar la atención sobre la necesidad de recursos para la atención, regularización e integración de la población en condición de movilidad humana proveniente de Venezuela. No obstante, suelen olvidar la corresponsabilidad del régimen venezolano y la imperiosa necesidad de reactivar las relaciones consulares.
El lamentable abordaje de la administración Duque de la relación bilateral con Venezuela normalizó una serie de circunstancias en contra de la población venezolana en Colombia y colombiana en Venezuela. Por ejemplo, sabemos que solo en 2020 y 2021 nacieron 109.926 niños de padres venezolanos en Colombia, los cuales tienen derecho a su nacionalidad venezolana. El Estado colombiano les ha otorgado la nacionalidad a más de 78.303 niños en riesgo de apatridia, a mayo de 2022 según el Conpes 4100. Del otro lado, no hay información de cuántos niños colombianos han nacido en Venezuela en los últimos años y el papel de la Registraduría del Estado Civil en la regularización de nuestros nacionales retornados es lamentable.
Es fundamental incluir el tema migratorio en la relación bilateral y revertir el discurso complaciente y abnegado del embajador colombiano en Venezuela, el cual va en detrimento de los derechos humanos de la población migrante venezolana y colombiana. El embajador olvida que su principal responsabilidad no es la de conseguir descuentos en insumos agrícolas, sino velar por los ciudadanos colombianos en Venezuela y ejercer presión para que las autoridades venezolanas se hagan corresponsables de la población en condición de movilidad humana: reconozcan la nacionalidad de niños, expidan pasaportes, emitan los duplicados de documentos e intercambien de forma efectiva información de antecedentes judiciales.
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Y en quinto lugar, pero quizás el más urgente, se requiere formular y ejecutar una política pública para la población pendular. Todos los días ingresan a las zonas de frontera con Venezuela unas 36.000 personas. Con la recuperación del transporte público, el Comité Intergremial de Norte de Santander y la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana estimaban que los pasos podrían superar los 70.000 diarios.
La Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) y el paso con cédula venezolana se quedan cortos para la administración del flujo migratorio. Miles de niños y adolescentes venezolanos cruzan la frontera para estudiar en instituciones colombianas, quedando expuestos a las redes de trata y a los actores de la ilegalidad y el reclutamiento forzoso. Asimismo, miles de venezolanos acuden a los hospitales e instituciones de salud colombianos. Con el regreso del transporte público se puede prever un aumento en dichos fenómenos, lo que demanda la articulación de ministerios, gobernaciones y alcaldías.
El ETPV no está diseñado para la población pendular o para la población en tránsito, resulta de poca utilidad extenderlo a otras nacionalidades. En cambio, se puede trabajar en la reglamentación de la Ley Integral Migratoria y en mejorar los procedimientos de los mecanismos de protección internacional como el refugio, en consonancia con la Declaración de Cartagena, como se comprometió en Lima el gobierno. Pero es fundamental trabajar en la integración de la población en condición de movilidad humana proveniente del hermano país. Se puede “desvenezolanizar” la migración, pero se debe “venezolanizar” la integración.
*Vocero del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, coordinador de la Bitácora Migratoria y del Radar Colombia-Venezuela en alianza con la Fundación Konrad Adenauer
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