En algunas ocasiones, el Instituto de Política Migratoria ha sido una fuente de consulta para la administración Biden. ¿Cómo podría describir la postura que tiene el Gobierno frente a la migración irregular?
La administración ha tenido una postura humana, pero muy inconsistente con la migración. Ha mantenido los instrumentos de Donald Trump, pero con más permisibilidad. La verdad es que ha dejado entrar a muchas personas por la frontera, pero sigue con las medidas arbitrarias del expresidente republicano. Esto ha generado una situación un poco perversa: muchos migrantes logran entrar a Estados Unidos, pero no hay mucha transparencia alrededor de las reglas por las cuales lo logran hacer.
Lo que está haciendo el Gobierno ahora, con las medidas anunciadas recientemente, más que una estrategia a largo plazo, es un intento de bajar los números lo más rápido posible, para poder encontrar una nueva estrategia. En realidad, todavía depende del Título 42, al cual le está sacando provecho con lo último que le queda, pues los números están fuera de control y con ello, por ejemplo, no puede hacer un sistema de asilo, no hay capacidad institucional. Por otro lado, no puede deportar gente, pero tampoco puede registrar a todos los migrantes que llegan.
En días pasados, el Gobierno anunció una nueva política con la que Estados Unidos aceptaría 30.000 inmigrantes al mes, provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, países con crisis sociopolíticas agudas. ¿Qué tan sostenible puede ser esta decisión?
Es una medida que dependerá de las cortes, porque seguramente va a haber un juicio alrededor de su legalidad. Todo es enjuiciable en Estados Unidos, es una sociedad legalista. Ahora bien, probablemente, es sostenible si le invierten, pero hay muchas incógnitas aún: ¿las personas que pueden acceder a los nuevos canales legales son los mismos que vendrían de otra forma por México a la frontera? No sabemos. Además, en este asunto, la credibilidad de las medidas va a ser muy importante. Hay gente que está dispuesta a esperar si sabe que puede entrar de forma legal, pero tiene que haber credibilidad en esa posibilidad. Probablemente, al Gobierno le sirve cortar un poco el flujo en este momento, porque hay gente que se va a apegar a la medida, pero si no funciona, muchos vendrán por la misma ruta de siempre.
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Los cubanos tienen muchos canales para entrar de forma legal a Estado Unidos. De hecho, tienen más canales que nadie. El problema en Cuba es que hasta hace pocos días no existía un consulado estadounidense. En ese sentido, no importan tanto los canales legales, sino la capacidad de implementación. Los cubanos tienen varias vías de acceso, como la familiar o a través de una lotería (al azar), y ahora se suma la más reciente medida. Es decir, no faltan canales, aunque no sé si sean suficientes, pero la cuestión está en la implementación: en si logras sacar una cita en La Habana, cuando algo así no ha existido en por lo menos cinco años.
¿Y el Título 42? Esta disposición de la administración Trump está en un vaivén judicial. ¿Cómo queda parada frente a la más reciente política de Biden?
Los tribunales no han dejado terminar la medida del Título 42. Desde el año pasado, la administración Biden quiere acabarla, pero los tribunales no se lo han permitido. Va a haber una audiencia en febrero, pero probablemente no haya decisión al respecto sino hasta junio, pues la Corte Suprema tarda en fallar. La medida sigue activa, pero es raro: el Título 42 es una disposición de salud pública frente a la crisis desatada por el coronavirus. Casi todas las medidas de ese tipo se han eliminado, pero esta sigue.
¿Esa medida contradice en algún sentido a la política de acoger a los 30.000 inmigrantes al mes que lleguen de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela?
Lo que ha estado haciendo el Gobierno es dejar entrar a las personas con un permiso, con un parole, como se denomina aquí. De ese modo, cuando llegan con intenciones de ingresar a Estados Unidos, sobre todo de esas cuatro nacionalidades, las autoridades las dejan ingresar con esa autorización. A veces les dan tiempo de trabajo, a veces no, pero tienen el permiso de estar en el país. Es decir, no están entrando ilegalmente, de hecho, les están dado un pase legal. Ahora bien, lo que dijo Biden hace poco es que esos pases ya no se emitirán en la frontera, sino que se podrá aplica a ellos desde antes de llegar a allí.
Sin embargo, algunos migrantes serán devueltos a México. En el caso de Haití, por el acuerdo de retorno, los podrían devolver a su país de origen. Y en lo que respecta a Cuba, es posible que llegue a pasar lo mismo, porque el otro lado de la moneda de poner en práctica las funciones consulares es que Estados Unidos pueda regresar cubanos a la isla. Con Venezuela y Nicaragua no pasa eso, porque no hay un acuerdo de este tipo con los gobiernos, razón por la cual los regresarían a México. La pregunta es: ¿cuántos va a aceptar ese país? Además, si los regresan, ¿es posible entrar a Estados Unidos de nuevo?
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No hay que olvidar que los migrantes que quieran ingresar a Estados Unidos necesitarán un patrocinio. Alguien tiene que respaldar a la persona que quiera entrar al país, lo que favorece mucho a los que tienen familiares o amigos asentados legalmente en Estados Unidos. La experiencia con los venezolanos ha mostrado que ha habido estadounidenses que han decidido adoptar a personas no conocidas. Ha habido voluntarios que, por ayudar a los venezolanos, se han suscrito como anfitriones.
El año pasado vimos cómo los gobernadores republicanos trataron de instrumentalizar la migración irregular, en aras de hacer oposición frente a Biden. Ellos no solo han ejercido presión para impedir la abolición del Título 42, sino que han enviado masivamente a los migrantes a Washington, por ejemplo, a la Casa Blanca y a la residencia de la vicepresidenta, Kamala Harris. ¿Cuáles son los riesgos que hay detrás de esto?
Biden no tenía muchas ganas de cambiar la política, pero había mucha presión alrededor. Lo que hicieron los gobernadores republicanos fue hacer visible el tema por fuera de la frontera, es decir, en las ciudades. Eso también derivó en una presión de los alcaldes, que generalmente son demócratas. Y, en este contexto, hay un cambio significativo: los venezolanos, y algunos nicaragüenses, no tienen redes sociales en Estados Unidos. Ellos representan una migración nueva, hasta cierto punto. Aquellos que llegaron antes pertenecen a la clase media o a la clase alta. Entonces, por primera vez, los migrantes venezolanos no tenían a dónde ir y por eso los pudieron subir a los buses. Eso no pasó tanto con los guatemaltecos ni con los cubanos, incluso ni siquiera con los colombianos, y eso permitió la instrumentalización de algunos migrantes.
En medio de todo esto, Biden decidió viajar a El Paso, en la frontera sur, en su primer desplazamiento a la frontera desde que asumió el poder. ¿Cómo se puede leer esta decisión?
Al presidente no le funcionó no tocar el tema: se dio cuenta de que necesitaba crear orden. Sí, estaba dejando pasar gente y seguía aplicando el Título 42. Parecía que el asunto funcionaba, pero en realidad no, y eso, finalmente, le costó políticamente. Por eso, ahora está tratando de mostrar que está poniendo orden, pero de una forma más humana que Trump. Ese es un poco el hilo que quiere explorar: quiere mostrar que es lo suficientemente duro, que tiene control en la frontera, pero también lo suficientemente humano, pues no lo está haciendo únicamente echando gente, sino generando posibilidades para entrar legalmente. Eso es difícil y largo. Quiere mostrar que tiene control, pero uno diferente al de su antecesor. Es un control más humano, que reconoce la importancia que tiene la migración para el país, que está dispuesto a generar canales legales para llegar, pero que restringe también los ingresos.
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¿Cómo ha visto los flujos migratorios? Es decir, ¿ve algún cambio en la cantidad de migrantes que vienen de ciertos países?
Sí, de hecho, hace año y medio, la gran mayoría de migrantes eran centroamericanos y mexicanos. Ahora, el gran flujo es de Cuba, Nicaragua, Venezuela y Colombia. Haití no se ve tanto, pero a futuro creo que tienen una preocupación de que haya una crisis. En ese sentido, lo que ahora vemos es que los flujos vienen de países más lejanos, donde, en algunos casos, la gobernanza ha colapsado, el país se ha vuelto autoritario o donde hay crisis política, además de violencia. Es difícil decir no vengan.
¿Qué impacto puede tener el trámite de las visas para los cubanos, dado que recientemente se reabrió el consulado?
Eso va a permitir que algunos cubanos accedan a formas legales de llegar a Estados Unidos y quizá decidan evitar la vía irregular. La cuestión está en que no sabemos si va a funcionar bien.
¿Qué papel tienen los demás gobiernos de la región en la gestión de la migración?
Lo positivo es que se está generando un patrón de reconocer que, si vas a hacer control migratorio, tienes que generar canales legales de acceso. Es decir, no es suficiente cerrar la frontera, hay que abrir posibilidades de entrada. Eso hace parte de la Declaración de los Ángeles: el control migratorio, los canales legales y la protección son parte de la misma ecuación. Ahora bien, políticamente, es muy difícil la cooperación en migración, porque ese es un tema que genera anticuerpos en ciertos sectores de la sociedad. Es más, los políticos tienen incentivos para actuar de forma aislada. Sin embargo, la gente va a seguir entrando. Lo cierto es que vamos hacia una conversación sobre el tema, pero la cooperación real entre países todavía está muy limitada.
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