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En el estudio, ustedes exploran la relación de los gobiernos locales con el manejo de la migración. ¿Por qué consideran que estas entidades territoriales tienen un rol importante en la gestión del fenómeno migratorio, específicamente venezolano?
Las ciudades son el principal contexto de acogida de la población migrante venezolana en Colombia. La mayoría de estas personas están en las ciudades, pues son los lugares que tienen oferta pública institucional, de servicios y económica, y muchas vienen para mejorar sus condiciones de vida y de bienestar. Las ciudades son ese contexto natural de acogida y es en ellas donde se da la dinámica de integración. En ese sentido, se convierten en las competentes para lo que tiene que ver con la inclusión y la oferta pública social del Estado colombiano. Por eso, se requiere que las personas que lleguen a estos liderazgos públicos, a las alcaldías municipales, logren entender la responsabilidad que están asumiendo frente a la migración, para así promover la integración.
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El informe sugiere que la migración afecta de forma distinta a cada ciudad o municipio, entre otras cosas, por ejemplo, porque en algunos casos hay una vocación más de tránsito, como en Necoclí, y en otros hay vocación de permanencia, como en Bogotá y Medellín, donde se habla más de una visión a largo plazo de la migración. Hay otras zonas urbanas, como Bucaramanga, que no tienen eso muy claro. ¿Cómo afecta esto la gestión de la migración y la eventual formulación de políticas públicas alrededor de ello?
Aquí hay dos cosas: primero, las instituciones colombianas no están diseñadas para abordar el fenómeno migratorio, venga de donde venga. La migración venezolana es la emergencia humanitaria que vivimos con más fuerza y se pone de presente en la agenda pública, incluso en la municipal, frente a la toma de decisiones. Este fenómeno ha mutado y las instituciones han tenido que adaptarse a estas nuevas necesidades, en un principio frente a la asistencia humanitaria y, en unos contextos particulares, frente a la integración a largo plazo de aquellos que tienen vocación de permanencia. Es importante que exista una coordinación entre las iniciativas nacionales, que en principio tienen mayor competencia frente al tema, y las entidades gubernamentales del orden territorial, pues ahí es donde se da la interacción entre migrantes y comunidades de acogida. Esto no es solo una cuestión de condicionamientos legales, sino también de disposiciones para avanzar hacia la integración. De ahí que sea importante entender los discursos, las propuestas y cómo se está planteando el debate allí.
En segundo lugar, está el contexto más allá de lo administrativo e institucional: cómo la animosidad del debate público va permeando las declaraciones de las intenciones de los candidatos y las posteriores voluntades (o no) para trabajar en función de la integración de la población migrante. Lo que tenemos ahora, particularmente, son unas elecciones, y los liderazgos de los candidatos tienden más a la búsqueda de votos, para lo que es adverso e incluso incompatible, contraintuitivo, a hablar en pro de la migración, pues más o menos el 60 % de los colombianos no están de acuerdo con que existan migrantes venezolanos con vocación de permanencia en el país. Justamente, ese es el llamado de atención que nosotros hacemos: aunque haya resistencia frente a la migración en algunas ciudades, se necesitan liderazgos públicos que entiendan cómo liderar esto, más allá de alimentar los discursos de odio o estigmatización.
Con relación a eso, una de las conclusiones de la FIP, tras el estudio que realizó, es que en Cúcuta y Necoclí, siendo puntos fronterizos, uno de entrada y otro de salida, y Bucaramanga, donde existen unas narrativas que asocian a los migrantes con la criminalidad, hay más menciones sobre la migración en los programas de gobierno, y ahí ustedes, los investigadores, aluden al contexto. ¿Por qué ese es un factor a considerar en su estudio de cara a las elecciones?
El contexto condiciona la forma en la que se aborda la migración. Por ejemplo, la ubicación geográfica de los municipios que mencionas, municipios de frontera, marca dinámicas que serán distintas a las de las ciudades capitales, donde la vocación de permanencia es mucho más fuerte y, de alguna manera, la coexistencia de personas tiene interacciones distintas. Entonces, sí, hay condicionamientos geográficos, pero también existen otros que pueden ser en función de liderazgos públicos. Los colegas del Barómetro de Xenofobia han sido insistentes en señalar cómo las menciones refuerzan estereotipos negativos hacia los migrantes. Las posturas de alcaldes, gobernadores y líderes públicos tienen una correlación directa con las referencias negativas que hay en redes sociales. Es como un efecto de nieve y eso alienta estereotipos. En ciertos contextos, esa es la narrativa mayoritaria, sobre todo de líderes públicos; eso termina alimentándose.
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En cuanto a Bucaramanga, han sido virales algunos casos muy sentidos de seguridad en los que han sido sindicados migrantes venezolanos. Eso ha generado unos picos de ese tipo de menciones, y algo de eso evidencian los programas de gobierno: los candidatos, en los diagnósticos, tienen en común señalar a los migrantes venezolanos como el origen de asuntos de inseguridad en la ciudad. Eso es un síntoma de cómo el debate público en la ciudad está más agravado frente a esas narrativas. En contraste, en Bogotá, aunque aparecen ese tipo de posturas, no son dominantes en todos los candidatos, sino que corresponden a un sector en particular, como una propuesta en particular.
Precisamente, iba a traer a colación el caso de Bogotá: ustedes señalan que el candidato que está primero en las encuestas tiene unos lineamientos de cambio de discurso frente a la migración venezolana, en pro de la integración. ¿Qué significa que este hallazgo se dé en la capital del país, teniendo en cuenta que el informe también indica que Bogotá también tiene fuerza en cuanto a los mensajes de regularización de los migrantes? ¿Tiene algo que ver con que este contraste con respecto a otras ciudades, como Bucaramanga, tome lugar en la capital del país?
Intuyo que esto tiene más que ver con las capacidades que tienen las candidaturas para la problematización de sus diagnósticos y un poco con la preparación del programa de gobierno. En Bogotá y Medellín hay programas mucho más técnicos, cualificados, y creo que eso puede tener algo que ver con lo que mencionas. Nosotros también nos hemos preguntado eso, pero creemos que es más por ahí, por la parte técnica de los programas de gobierno y por la capacidad que tienen los candidatos de formular diagnósticos complejos, basados en datos.
La regularización también es un tema que ustedes discuten en la investigación. ¿Cómo ven los esfuerzos locales alrededor de este tema, teniendo en cuenta que unos de los grandes problemas en las ciudades, claro, en diferentes proporciones, son la informalidad y la sombra de las economías ilícitas? ¿Puede haber una conexión entre la no regularización y todo lo demás?
La no regularización de los migrantes en Colombia es un factor de vulnerabilidad que termina casi condenándolos a la búsqueda de medios de vida en la informalidad, que en sí misma no es ilegal, pero en la que sí coexisten muchas dinámicas que lo son. Entonces, se convierte en un factor de vulnerabilidad para la instrumentalización de los migrantes, pues, en función de la búsqueda de medios de vida, acceden a economías ilícitas. Eso es un círculo vicioso que hemos logrado explorar en un texto de paz y migración. Ahora, los entornos de acogida, en este caso las ciudades, deberían hacer acciones encaminadas, justamente, a evitar eso. Claro, la regularización de los migrantes venezolanos es una competencia del Estado, del Gobierno Nacional, y ahora hay una discusión sobre si se empieza otra estrategia adicional al Estatuto de Protección Temporal, y enhorabuena esas conversaciones están abiertas, pero eso también tiene que caer en acciones concretas de las autoridades locales. De ese modo, las personas regularizadas podrán acceder al goce efectivo de los derechos y quienes no lo estén tendrían una ruta institucional de apoyo para regularizarse y evitar esas vulneraciones.
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¿Cómo ven esta discusión de la regularización en los programas de gobierno que estudiaron? ¿En qué ciudades creen que hay mayor inclinación de las candidaturas a abordar este tema y en qué ciudades no tanto? Es decir, ¿qué ciudades están más avanzadas en esa discusión?
La discusión de la regularización está más presente en los programas de gobierno de Bogotá y también en Bucaramanga. Claro, con una diferencia: allá se aborda el tema de la migración desde un enfoque de seguridad. Es decir, se encuentran amplias menciones a que se debe hacer el proceso de regularización, pero desde una perspectiva diferente, más desde el control. Más o menos, la idea es que las personas que están en el país permanezcan de manera “legal”, pero que haya mecanismos para que quienes no lo están no se queden. Ahora, en Cali y en Barranquilla no se encuentran menciones, a diferencia de Medellín, que sí tiene, aunque no es el centro del debate. Sobre Cúcuta y Necoclí, en la primera, aunque no es lo principal en la discusión, algunos candidatos sí hablan del tema. En la segunda, como no hay una intención de integración en función de la permanencia, sino más bien hacia el tránsito de los migrantes, se habla más de la protección de los derechos fundamentales.
Entre algunos puntos que me llamaron la atención del estudio de la FIP está el caso de Cali: un centro de recepción de diversas poblaciones nacionales, como personas del Cauca y de Buenaventura, y eso, según lo plantean, “hace que la discusión por la influencia de la migración venezolana no sea preponderante en la agenda pública municipal”, ¿cómo se podría explicar esto? ¿Qué implica, en vísperas de las próximas elecciones, que no haya una diferenciación de la población migrante venezolana?
Este caso es interesante porque cuando se usa la palabra “migración” en los programas de gobierno de Cali no se hace alusión a la población migrante venezolana, o a extranjeros en general, sino a los desplazamientos internos de personas que terminan allí, como los que vienen del Pacífico o algunos indígenas del Cauca. Entonces, cuando se leen propuestas sobre migración, se está hablando de esas poblaciones, que es un rasgo distintivo de la capital vallecaucana frente a las otras ciudades. Dicho eso, se puede interpretar que la migración venezolana no ocupa la discusión de la agenda pública en Cali, y eso implica que se empieza desde más atrás para hacer incidencia y para, efectivamente, tener acciones encaminadas a la integración de migrantes. Próximamente, con la formulación del Plan de Desarrollo y el establecimiento del nuevo gobierno, tendrá que haber discusiones e intenciones activas, si se busca concretar acciones en este tema.
El contexto del debate político en Cali, sobre todo después del paro nacional, está marcado por la conversación sobre la forma en la que se ha urbanizado la ciudad, acerca de las migraciones internas que la conforman y sobre los jóvenes. Ese ha sido el enfoque en el cual también se han concentrado los esfuerzos institucionales en la ciudad, incluyendo los de la sociedad civil. Estas no menciones de la migración venezolana dan cuenta de cómo la discusión pública está cooptada por otros asuntos, por lo que se puede interpretar que no hay una reflexión tan avanzada sobre la importancia de un enfoque transversal migratorio, como lo puede haber en otras ciudades. Por eso, en Cali se requerirán mayores esfuerzos para poner en la agenda pública la necesidad de un enfoque diferencial migratorio, para que en el Plan de Desarrollo sí quede explícito el asunto y se puedan destinar recursos.
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