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El Gobierno de Javier Milei presentó ante el Congreso la Ley Ómnibus, que, de ser aprobada, hará que los estudiantes extranjeros sin residencia en Argentina tengan que pagar por estudiar en universidades públicas. La nueva ley podría afectar a al menos 20.000 colombianos, según cifras de la Presidencia de Colombia, que han llegado a Argentina por la calidad de la educación y los bajos costos.
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El proyecto, llamado Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, contiene 664 artículos. El que se refiere al costo de la educación es el 553, que pretende sustituir el artículo 2° bis de la Ley N°24.521, en el que se establece que “los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos”. Además, prohíbe acuerdos con otras entidades “que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización”.
Con el cambio propuesto, los estudios de grado en instituciones de educación superior de gestión estatal sólo serán gratuitos para “todo ciudadano argentino nativo o por opción y para todo extranjero que cuente con residencia permanente en el país”. Por el contrario, todos aquellos estudiantes que “no reúnan los requisitos previstos” se verán sujetos a los aranceles que establezcan los centros educativos.
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El texto indica que los estudiantes que no reúnan las condiciones podrían acceder a becas en caso de que lleguen con “acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales, públicos o privados, tendientes a compartir recursos de todo tipo e implementar las mejores prácticas en materia de educación y de gestión de organismos educativos, así como para fomentar intercambios y procesos educativos conjuntos o en asociación mutua”. Con esto, también se elimina la prohibición mencionada en la Ley N°24.521, con lo que se permitirá que las instituciones puedan suscribir acuerdos lucrativos en temas de educación.
Es importante aclarar que la ley sólo ha sido presentada ante el Congreso, por lo que deberá someterse a debates en el legislativo. De igual forma, el proyecto sólo introduciría estos cambios de ser aprobada tal y como fue presentada.
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En caso de que eso ocurra, miles de colombianos en Argentina podrían verse afectados. La nacionalidad colombiana es la tercera con mayor número de estudiantes en instituciones de educación superior argentinas, antecedido por los brasileños y los peruanos.
Según la Síntesis de Información Universitaria elaborada por el Ministerio de Educación argentino, había un total de 117.820 estudiantes extranjeros en universidades argentinas en el 2021. De estos, el 96 % eran latinoamericanos y Medicina era una de las carreras más populares.
Las razones por las que los jóvenes deciden ir a universidades públicas en Argentina son varias: un gran sistema de educación superior pública en Buenos Aires, La Plata, Rosario y Córdoba; exámenes de ingreso accesibles, la calidad de la enseñanza, así como la devaluación del peso argentino, favorable para un costo de vida reducido.
Otros cambios de la ley en la educación
Sobre el aporte del Estado a los centros educativos, establece que este dependerá de factores como el número de estudiantes matriculados, las carreras ofrecidas, áreas de formación y el número de egresados. Los montos se determinarán en el presupuesto anual general y se “establecerán mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan determinar el cumplimiento de los objetivos y metas establecidos”. Previamente, la distribución del aporte se hacía de manera equitativa.
Otro de los grandes cambios que pretende introducir la ley es prohibir la posibilidad de que las personas mayores de 25 años que quieran ingresar a universidades puedan hacerlo “siempre que demuestren, a través de las evaluaciones que las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o las universidades en su caso establezcan, que tienen preparación o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente”. El apartado sería completamente eliminado.
De acuerdo con el texto, la Ley Ómnibus busca asegurar “el acceso a la educación superior en todo el territorio nacional, se fomente la calidad y pertinencia de la formación y se garantice la eficiencia en el uso de los recursos públicos”.
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