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El mundo no sale del asombro tras el ataque, sin precedentes en la Argentina en democracia, del que el jueves en la noche fue víctima la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La funcionaria, quien ejerció la presidencia entre 2007 y 2015, estaba saludando a una multitud agolpada a las afueras de su residencia en el barrio Recoleta de Buenos Aires, cuando un sujeto sacó un arma, le apuntó a la cara y apretó el gatillo, pero el arma no disparó.
El sujeto, identificado como Fernando Andrés Sabag Montiel, un brasileño de 35 años, que vive en el país desde 1993, fue detenido casi de inmediato. Las autoridades no tardaron en confirmar que el arma era real, una Bersa 380, cargada con cinco proyectiles. “Cristina permanece con vida porque, por una razón todavía no confirmada técnicamente, el arma, que contaba con cinco balas, no se disparó pese a haber sido gatillada”, dijo el presidente Alberto Fernández.
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El mandatario, que por supuesto repudió el ataque, declaró el viernes como día feriado, con el fin de que la gente pudiera “en paz y armonía (…) expresarse en defensa de la vida, de la democracia y en solidaridad con nuestra vicepresidenta”. El decreto no tardó en causar molestia en la oposición. Patricia Bullrich, líder del partido Propuesta Republicana (fundado por el expresidente Mauricio Macri), dijo que el presidente Fernández “decretó un feriado para movilizar militantes”.
El atentado provocó manifestaciones de líderes de todo el mundo, de todos los espectros políticos: desde el Kremlin, pasando por el papa Francisco, el Departamento de Estado de Estados Unidos, presidentes y expresidentes de la región, entre otros. En Argentina, el propio Macri se solidarizó: “Este gravísimo hecho exige un inmediato y profundo esclarecimiento por parte de la justicia y las fuerzas de seguridad”, dijo.
Sin embargo, también llamaron la atención los mensajes de varios opositores, además de Bullrich. “Esto no es violencia política. No hay ningún movimiento político armado, ni nadie adjudicándose lo que hasta ahora parece ser la torpe acción de un desequilibrado sin conexión con la política, que dejó en evidencia el fracaso de la custodia”, trinó Martín Tetaz, diputado nacional por el partido Juntos por el Cambio.
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“Correspondía hacer algo (…) por la alta gravedad institucional que supone intentar asesinar a un vicepresidente, te guste o no. No se podía hacer de cuenta que era un día común”, le dijo a este diario Ana Natalucci, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y directora del Observatorio de Protesta Social (Citra/Conicet), en Argentina. Para ella, el feriado podía servir para que “la gente se pueda movilizar sin tensionar más la situación que atravesamos”.
Sobre el atacante, se sabe que es de madre argentina y padre chileno. Según testimonios recolectados, no tenía una ocupación formal y trabajaba como conductor a través de una aplicación de transporte de pasajeros. Ha trascendido que tenía antecedentes por porte de arma blanca y en sus redes sociales había compartido fotos de él en las que se veían sus tatuajes, supuestamente alusivos a símbolos nazis.
Acerca de los motivos no se ha comprobado nada; el caso será investigado como tentativa de homicidio agravado. Al cierre de esta edición, Fernández de Kirchner aún no se había pronunciado públicamente sobre lo ocurrido.
Lo cierto es que el intento de magnicidio ocurre en medio de una polarización política, enardecida desde que la Fiscalía pidió el pasado 22 de agosto 12 años de prisión e inhabilitación política contra Fernández de Kirchner en el proceso que enfrenta por supuesta corrupción en la licitación de obras cuando fue presidenta (2007-2015).
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Para Natalucci, con base en datos que han recopilado, dicha polarización es visible en el plano político, pero no tanto en la sociedad. “Cuando se ven las dinámicas de la calle hay heterogeneidad, la sociedad argentina es cada vez más desigual, pero no es como Brasil en 2013, o en Bolivia o en Venezuela, con un proceso de polarización taxativa de la sociedad civil”. Evidencia, eso sí, una radicalización en manifestaciones vinculadas al Pro y Cambiemos, como la de las bolsas mortuorias con nombres de dirigentes políticos en la Plaza de Mayo el año pasado, un acto de protesta que denunciaba privilegios en el proceso de vacunación.
“En eso la oposición tiene mucha responsabilidad”, agregó la investigadora argentina, quien criticó la “tibieza” con la que los sectores opositores se manifestaron tras el ataque contra la vicepresidenta, pero también las insinuaciones de que lo sucedido fue un montaje para que la funcionaria se victimice. “Todo esto en un contexto muy complejo de crisis social y económica”, señala Natalucci.
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El proceso contra Cristina Fernández ha sido visto como una persecución política. Aun así, hay quienes consideran que lo correcto sería que la vicepresidenta se apartara del cargo mientras se defiende de las acusaciones. “Si la justicia es corrupta y domina el sistema institucional, el sistema institucional en conjunto es corrupto. Una oda fúnebre al Estado de derecho, entonada por quienes se espera que sean los guardianes de su salud”: ese es uno de los mensajes que envía la permanencia en el poder, según Ariel Sribman, politólogo y profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Estocolmo, como escribió en un texto publicado por este diario el pasado 29 de agosto.
Para Natalucci, sin embargo, Fernández representa un sector con amplio poder de movilización en el país, por lo que seguir en ejercicio ayuda a “contener la conflictividad social”, al tiempo que no ha impedido que los fueros de su investidura la salven de enfrentar el juicio. “(Si renunciara) sería mucho más complicado el clima político, ahora no hay un nivel de conflictividad más alto y eso no es menor”, agregó la analista.
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