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En pocos meses se sabrá si el cruce de la frontera de México hacia Arizona, Estados Unidos, que no sea a través de un punto de entrada oficial migratorio, será delito estatal. Algunas organizaciones defensoras de derechos humanos y demócratas de Arizona, según cuenta The Guardian, han advertido que si la nueva y controvertida ley, actualmente conocida como Propuesta 314, es aprobada, los funcionarios estatales tendrán el poder para arrestar, enjuiciar y deportar a los presuntos infractores, lo que genera preocupaciones sobre la elaboración de perfiles.
Cruzar hacia Estados Unidos fuera de un puesto de entrada oficial ya es un delito federal, pero varios estados liderados por republicanos han tratado de convertirlo también en un delito estatal, “lo que les da mayor poder para tomar medidas enérgicas contra la migración, pero los pone en curso de colisión con el Gobierno federal”, explicó el medio inglés.
Según las autoridades fronterizas, en el sector de Tucson, Arizona, que cubre más de 421 kilómetros lineales de Nuevo México a Yuma, una zona desértica con 10 puntos de revisión y unos 3.100 agentes fronterizos, los cruces diarios irregulares de migrantes llegan hoy a unos 600. En el caso de la estación de Nogales, en el mismo estado, durante 2023, autoridades reportaron unas 50.000 detenciones de migrantes. En lo que va de 2024 el número ya supera los 60.000. La mayoría consiste de adultos solteros y familias que se entregan voluntariamente a los agentes.
Según el reporte del medio, a principios de junio, los legisladores republicanos, que constituyen la mayoría de la Cámara de Representantes de Arizona, crearon la medida electoral argumentando que los cambios en la ley estatal son necesarios para abordar los niveles récord de detenciones de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México en los últimos años, acusando falsamente al Gobierno de operar una frontera “abierta”.
“Los arizonianos deben preguntar a los demócratas, como el presidente Joe Biden y la gobernadora Katie Hobbs, por qué están luchando para mantener abierta la frontera de Estados Unidos. Es inseguro, antiestadounidense e indefendible”, dijo Ben Toma, presidente de la Cámara de Representantes de Arizona y patrocinador original de la norma. Un grupo de organizaciones de derechos humanos intentó impugnar la Propuesta 314, pero falló.
Oscar De Los Santos, representante del estado de Arizona, dijo en un comunicado a The Guardian que “convertir a la policía local en oficiales de inmigración haría que nuestras comunidades sean menos seguras, ya que las comunidades de color, especialmente los latinos, se vuelven más reacios y temerosos de denunciar delitos o cooperar con la policía como testigos”. Esto “afectaría desproporcionadamente a los grupos minoritarios”, detalló.
Para Viri Hernández, directora ejecutiva de Poder In Action, la medida electoral envió el mensaje de que “el perfil racial continuo es aceptable en Arizona”, ya que, “en el tiempo transcurrido desde que se aprobó la SB1070, dos de las agencias de aplicación de la ley más grandes del estado han demostrado ser incapaces de vigilar nuestros vecindarios sin usar la violencia racial y la discriminación contra las personas de color”.
Según el portal Dipublico, desde 2010, la ley “Inmigración, Procuración de Justicia y Vecindarios Seguros” de Arizona, conocida como la SB1070, tipifica como delito menor estatal que un extranjero esté en Arizona sin llevar consigo los documentos de registro requeridos por la ley federal. Así, cualquier extranjero que se encuentre bajo una conducta “sospechosa” podrá ser detenido por las autoridades locales. De acuerdo con lo dicho a Conecta Arizona por el activista Salvador Reza, fundador de una resistencia llamada Comités de Defensa del Barrio, dicha ley “fue un laboratorio de racismo” en Estados Unidos.
La medida 314 es similar a una ley de Texas conocida como SB4, que habría autorizado a la policía estatal a arrestar a cualquier persona sospechosa de cruzar ilegalmente a Texas a través de las aguas del río Bravo, a lo largo de la frontera con México. Siguiendo el ejemplo de Texas, otros estados liderados por republicanos, incluidos Iowa y Oklahoma, han tratado de promulgar leyes casi idénticas. “Todos se han enfrentado a desafíos legales por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos”, anotó The Guardian.
La SB4 fue suspendida por un tribunal federal de apelaciones y los jueces dicen que durante “casi 150 años, la Corte Suprema ha sostenido que el poder de controlar la inmigración, la entrada, admisión y expulsión de no ciudadanos es ‘exclusivamente’ un poder federal”. César Fierros, de Living United for Change en Arizona, otra organización que demandó, consideró que esta medida permitirá a las fuerzas del orden en Arizona “llevar a cabo deportaciones masivas que están muy vinculadas a la agenda de Trump”.
El candidato presidencial republicano ha prometido en varias ocasiones realizar deportaciones masivas si gana las elecciones de noviembre. “El primer día, comenzaremos la operación de deportación doméstica más grande en la historia de Estados Unidos”, dijo Trump durante un reciente mitin de campaña en Freeland, Michigan.
La demanda presentada por los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes fue rechazada esta semana por la Corte Suprema de Arizona. En la opinión mayoritaria, la presidenta del Tribunal Supremo del estado, Ann Scott Timmer, concluyó que las medidas de la propuesta equivalen a “respuestas a los daños relacionados con una frontera no segura”.
Según estadísticas recientes del Consejo Estadounidense de Inmigración, más de un cuarto de millón de ciudadanos estadounidenses en Arizona viven con al menos un miembro de su familia indocumentado. El programa podría costar a nivel estatal unos US$325 millones al año, de acuerdo con el Instituto del Gran Cañón, “un grupo de expertos no partidista que proporciona investigación sobre políticas que afectan la economía”, afirmó el medio.
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