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Como si las cosas no fueran lo suficientemente complicadas en Haití, el asesinato del presidente Jovenel Moïse, el 7 de julio de este año, sumió al país en un vacío de poder crítico, dejándolo sin un presidente, un Parlamento en funcionamiento o una Corte Suprema. Las investigaciones avanzan a cuentagotas, y la información que tenemos hasta ahora poco o nada ha cambiado en los últimos meses. Las autoridades sospechan de las altas esferas del poder político haitiano, mientras que 18 exmilitares colombianos permanecen capturados, señalados de presuntamente haber participado en el magnicidio.
Bajo la lupa están un exjuez, un vendedor de equipos de seguridad, un corredor de seguros e hipotecas en Florida (EE. UU.) y dos comandantes del equipo de seguridad del presidente. Incluso el primer ministro, Ariel Henry, levantó sospechas tras el asesinato. Todo apunta a un entramado de corrupción y violencia que desde hace años azota al país.
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Poco antes de su muerte, en junio de 2021, más de 90 bandas armadas operaban en todo Haití y controlaban más de la mitad de Puerto Príncipe, según la ONU. Para esa fecha, al menos 15.000 haitianos fueron desplazados internamente, y unos 300.000 ya habían salido del país desde 2015. “Los empresarios de la violencia, políticos y élites empresariales patrocinan bandas para controlar el territorio y asegurar los monopolios económicos”, comentó Louis Herns Marcellin, director del Instituto Interuniversitario de Investigación y Desarrollo, a Crisis Group.
Todo esto en un escenario en el que la economía sufrió una caída contundente en el país más pobre del hemisferio occidental, con la pérdida del 3,7 % del PIB en 2020, según datos del Fondo Monetario Internacional. Sin mencionar que su moneda se depreció cerca del 30 %. ¿El resultado? El 60 % de los 11 millones de haitianos ganan menos de US$2 al día.
“La economía no se levanta, y no logran tener decisiones profundas para lidiar con la crisis del país. Aunque el presidente no tenía mucha aceptación, al menos podía gobernar. Sin embargo, con el primer ministro no hay gobernabilidad, por lo que tienen muchas dificultades para establecer cualquier política”, comentó Diana Galindo, coordinadora de emergencias de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Haití, desde Les Cayes, al sur de la isla, quien en diálogo con El Espectador habló sobre lo que viven los haitianos en plena crisis humanitaria.
¿Qué cambió tras el asesinato del presidente?
La vida se ha encarecido muchísimo y, por supuesto, a la crisis se sumó el último terremoto, pero desde el asesinato las cosas han empeorado.
En términos generales, el Estado no está presente, por lo que la salud se tiene que pagar, no hay transporte público y la educación es muy básica. Los haitianos no tienen una red en la cual puedan contar, por lo que todo lo tienen que sacar de sus bolsillos. Es una vida dura. Admiro mucho a los colegas con los que trabajamos, porque ellos sacan fuerza y resiliencia para cada crisis. Tienen que trabajar mucho, porque si no lo hacen no hay dinero. Pero tampoco hay mucho trabajo, es decir, hay trabajos pequeños, de pocas horas que, más que permitirles vivir, les permite sobrevivir.
A eso se suma la violencia en las calles…
Sí. En Puerto Príncipe todas las noches escuchas tiroteos. Hay muchísimos enfrentamientos, una miniguerra civil en la ciudad. Nosotros tenemos muchas restricciones en la capital, no podemos salir a ningún lado, a excepción del hospital. Hay muchos heridos por bala y no solo de las mismas bandas, últimamente han arremetido contra la población. Hace unas semanas atacaron un bus y unas 20 personas resultaron heridas, de las cuales al menos cinco murieron.
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Los secuestros siempre han sido un negocio en Haití. Se ha manejado casi como parte de la economía, como un ingreso. Pero antes el objetivo era secuestrar a gente con más dinero: políticos o comerciantes, aunque ahora se está secuestrando a cualquier persona. Sencillamente, puedes estar en la calle a una hora medianamente tarde y te pueden secuestrar. No importa si estás desempleado o trabajas en un banco. Sin embargo, acá en el sur afortunadamente no hay muchas bandas y los secuestros están limitados.
¿Cuál es el impacto de la crisis económica en la vida de los haitianos?
La canasta alimentaria promedio aumentó un 40 % en comparación con enero de este año. Este aumento se explica por la devaluación de la gourde frente al dólar estadounidense. Además, la inseguridad restringe el suministro a los mercados, y a esto se suman la escasez de combustible y los efectos del terremoto en la oferta del mercado.
Es un lujo tener desayuno, almuerzo y comida. Se come mucha pasta, arroz y plátano, porque la proteína es costosa. Aquí es tanta la precariedad, que no hay un salario mínimo, por lo que la gente siempre se está rebuscando las cosas.
¿Y la crisis de combustible?
Los conflictos armados que se dan en los gangs, como llaman aquí a las bandas organizadas, están en Puerto Príncipe. El problema es que desde allí vienen los alimentos y el combustible. No hay que olvidar que en Haití se importa todo, y en algún momento ese flujo de mercancía estuvo bloqueado porque no había gasolina. Estos grupos tenían bloqueados los centros de abastecimiento. Esa situación duró cerca de una semana, y refleja una crisis en la que las bandas tienen el poder de hacer o deshacer, de bloquear o desbloquear a su antojo. El Estado es muy débil y no tiene el poder para controlarlos.
¿Cómo nos afecta esto en nuestro trabajo? En Puerto Príncipe tenemos un hospital quirúrgico de alta calidad y tuvieron que reducir los criterios de admisión a solo urgencias vitales, porque no tenían la suficiente gasolina para hacer funcionar el generador. Acá todo funciona así, porque a pesar de que hay electricidad pública, solo funciona tres horas en la noche. Y eso no te da para sostener ninguna infraestructura hospitalaria.
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Esa escasez nos afectó aquí en el sur, a tal punto que llegamos a tener solo dos días de reserva de gasolina. Si no abrían la carretera o nos hacían llegar el combustible, sencillamente nos tocaba cerrar el hospital.
¿Cuál es el balance tras el terremoto?
El terremoto fue en la región del sur, que de por sí es bastante pobre, y es una zona rural, por lo que no tienen buenas carreteras. De base tienen mucha pobreza y miseria, con infraestructura que no es buena. Para nosotros, ha sido difícil traer medicamentos. Además, estamos a unas seis horas de Puerto Príncipe; sin embargo, tienes que pasar por una zona de guerra para poder llegar, y nosotros no la pasamos hace meses, por lo que el aprovisionamiento es complicado para los departamentos del sur. Todo se hace por avión, porque por tierra es imposible.
¿Cómo manejan el coronavirus en plena crisis?
Con tantos problemas que tiene Haití, el coronavirus no ha podido ser una prioridad para el Estado. Ellos han tenido disponibilidad de Moderna desde agosto, incluso desde antes hay vacunas disponibles. Pero hay mucha desconfianza; si no hay una política de Estado y el Ministerio de Salud no es fuerte, tampoco hay recursos para enseñarle a la gente.
En MSF sensibilizamos a nuestro personal y organizamos jornadas de vacunación para nuestro equipo; sin embargo, la tasa de vacunación es baja. Los casos se han elevado, pero sabemos que no todo se diagnostica porque no hay tantas pruebas disponibles. Acá en el sur no tenemos pruebas PCR, se utilizan pruebas rápidas, por lo que no hemos podido rastrear muy bien el virus. Tampoco sabemos qué variantes hay en Haití, suponemos que no es una muy letal. Sin embargo, sabemos que hay gente enferma. Incluso, dentro del hospital hemos visto personas con fiebre, el problema es que si no trabajan, no tienen con qué comer.