Entre enero de 2019 y diciembre de 2021, un exempleado de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y otros nueve hombres, entre ellos venezolanos, españoles y costarricenses, lograron evadir las sanciones impuestas por el Gobierno de Estados Unidos a PDVSA mediante la exportación de piezas de aviones para ayudar al régimen de Nicolás Maduro.
La red, que traficaba motores Honeywell Turbofan, cojinetes y flexores, además de otro tipo de material de Estados Unidos, para dar servicio a la flota de aviones de PDVSA en Venezuela, mentía a los proveedores estadounidenses “falsificando formularios aduaneros y creando facturas falsas”, además de proporcionar certificados de usuario final falsos, informó Matthew S. Axelrod, un funcionario del Departamento de Comercio.
Washington, que aplica una batería de sanciones a Venezuela tras la reelección en 2018 de Nicolás Maduro por considerarla fraudulenta, actualmente baraja varias medidas de presión después de que fuera declarado vencedor nuevamente en los comicios de julio, que la oposición afirma haber ganado. Entre ellas, desde 2019, la prohibición de comercializar petróleo venezolano.
Después de conocer las sanciones impuestas a PDVSA, según la denuncia, los acusados idearon un plan para adquirir ilegalmente piezas de aviones, en violación de las sanciones y controles de exportación de Estados Unidos, y ocultaron a las empresas estadounidenses que los bienes tenían como destino Venezuela y PDVSA, en cuyo traslado utilizaron transportistas y empresas navieras ubicadas en el distrito sur de Florida.
Ahora, los diez hombres acusados, entre ellos George Semerene Quintero, exempleado de PDVSA, y Luis Alberto Duque Carvajal, propietario de Novax Group SA, una empresa costarricense, fueron imputados por conspirar “para exportar ilegalmente piezas de aviones por valor de millones de dólares desde Estados Unidos a la empresa petrolera estatal venezolana a través de Costa Rica y España”, afirma el gobierno del presidente Joe Biden.
Sereme se declaró culpable este martes 21 de agosto, informó la Fiscalía estadounidense.
“Hoy, George Semerene Quintero admitió que conspiró para eludir las sanciones económicas y los controles de exportación para ayudar al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela a obtener piezas críticas para aeronaves de Estados Unidos”, dijo en un comunicado el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Markenzy Lapointe.
Los cargos contra él y nueve coacusados se hicieron públicos en abril, tras la detención de Semerene, quien trabajaba en el departamento de compras de PDVSA, a su llegada a Estados Unidos.
Washington afirma que todos los acusados ocultaron a las empresas estadounidenses que las piezas solicitadas estaban destinadas a Venezuela y utilizaron “a terceros en otros países, entre ellos Novax Group SA, una empresa costarricense, y a Aerofalcon SL, una compañía española, para que actuaran como supuestos compradores y usuarios finales de las piezas”, asegura el Departamento de Justicia.
Los acusados vinculados a PDVSA son el coronel del Ejército venezolano Gilberto Ramón Araujo Prieto, de 54 años, gerente de transporte aéreo de la estatal petrolera; Guillermo Ysrael Marval Rivero, de 62, y Fernando José Blequett Landaeta, de 52, ambos gerentes de transporte aéreo y analistas logísticos responsables de adquisiciones, además de Semerene, jefe de logística, adquisiciones y almacenamiento.
Otros acusados son Luis Alberto Duque Carvajal, de 63 años, de Costa Rica, propietario de Novax; Melvin Alemán Espinoza, 39, director de operaciones, Mikhail Largin, de 60, director de proyectos especiales, y Pedro Elías Sucre Salazar, de 58, empleado ubicado en Venezuela.
De Aerofalcon fueron acusados su propietario, Juan Carlos González Pérez, de 60 años, y Juan David Guerra Viera, de 54, director de la empresa.
Duque, Alemán, Sucre, González y Guerra Viera están acusados además de presentar información de exportación falsa o engañosa y de contrabando de mercancías, lo que conlleva penas máximas de 5 y 10 años de prisión, respectivamente.
La vista para sentencia contra Semerene tendrá lugar el próximo 5 de noviembre y podría ser sentenciado a una pena máxima de hasta 20 años de prisión.
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