Una caravana de automóviles, que partió el pasado 23 de junio desde San Diego (California), llegará este viernes a Tallahasse (Florida) para protestar contra la nueva ley migratoria promovida por el gobernador de ese estado, Ron DeSantis. La ley, que entrará en vigor el sábado, impondrá las barreras más estrictas contra los migrantes en Estados Unidos. Esto es lo que contiene.
En primer lugar, la ley conocida como SB 1718, restringe a la mayoría de los ciudadanos de China, pero también de Cuba, Venezuela, Siria, Irán, Rusia y Corea del Norte, la compra de ciertos bienes inmuebles. Estos ciudadanos no podrán comprar propiedades situadas a menos de 16 kilómetros de infraestructuras civiles o militares consideradas “críticas” por el gobierno estatal.
Por otro lado, las empresas con más de 25 empleados estarán obligadas a utilizar el E-Verify, un sistema federal para comprobar el estatus migratorio de las personas a las que quieran contratar. En línea con esto, se elevará el monto de la multa a las empresas que contraten inmigrantes a un valor de US$1.000 por día.
Aunque se castigará con hasta 15 años de prisión el transporte de personas en situación migratoria irregular hacia Florida, y se endurecerá el control sobre este tipo de acciones, el gobierno estatal otorgará US$12 millones al controvertido plan de DeSantis para enviar migrantes a estados demócratas en el resto del país.
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También se le prohibirá a los gobiernos locales proporcionar dinero a organizaciones que emitan tarjetas de identificación para migrantes que se encuentren de manera irregular en el país. Los controles estrictos sobre los documentos de identificación también indican que los migrantes en situación irregular no podrán conducir automóviles, incluso si cuentan con una licencia emitida por autoridades de otro estado. Por último, los hospitales que aceptan el programa Medicaid deberán preguntarle a los pacientes su estatus migratorio para que quede en los registros, aunque estos pueden ignorar la pregunta y abstenerse de responder.
Varios abogados del Departamento de Justicia presentaron a última hora del martes una Declaración de Interés que, además de pedir el bloqueo de la nueva ley SB 264 por ser “anticonstitucional”, respalda una demanda presentada por un grupo de inmigrantes chinos residentes en Florida y una compañía del sector inmobiliario.
“Estas disposiciones ilegales causarán daños graves a las personas simplemente por su origen nacional, contravendrán las leyes federales de derechos civiles, socavarán los derechos constitucionales y no promoverán el supuesto objetivo del estado de aumentar la seguridad pública”, escribieron los abogados del DOJ en su solicitud de bloqueo.
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Los demandantes están representados por la Unión de Libertades Civiles (ACLU), el despacho de abogados DeHeng Law Offices PC y el Fondo de Educación y Defensa Legal Asiático-Estadounidense (Aaldef), en coordinación con la Alianza de Defensa Legal Chino-Estadounidense (Calda).
Pero la nueva ley contra los migrantes de DeSantis no es la única preocupación para los demócratas en Florida. La medida forma parte de un paquete de unos 200 proyectos de ley aprobados este año por el Congreso estatal, de mayoría republicana, que empezarán a regir a partir de este sábado y que también atacan a otras minorías, como la comunidad LGTB+.
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