Así ha cambiado la política de drogas de EE. UU. en el gobierno Biden

Ante el aumento de las adicciones y la sobredosis por el consumo de sustancias psicoactivas en Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden se trazó la meta de tratar la cuestión de las drogas ilícitas desde una perspectiva de salud, partiendo de la premisa de que las personas que consumen drogas deben recibir tratamiento médico, en lugar de ser encarceladas. Así se lee en la Declaración de las prioridades de la política de drogas de la Administración de Biden-Harris para el primer año. En este orden de ideas, en días recientes, Estados Unidos anunció una nueva estrategia de lucha contra las drogas en Colombia, centrada en la reducción de la producción, el desarrollo de las zonas rurales y la protección del medioambiente.

La estrategia de Estados Unidos, a través de la Oficina de la Casa Blanca de la Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP), incluye a México y a Colombia como “actores claves en el hemisferio occidental”, en aras de construir una respuesta “integral y colectiva” a la cuestión de las drogas ilícitas, a través del enfoque de salud pública, presencia del Estado y desarrollo de infraestructura. “Esto asegura que las actividades para frenar la producción y el tráfico de drogas ilícitas se adhieran al Estado de Derecho y al respeto de los derechos”, se afirma desde Washington.

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Nueva estrategia de Estados Unidos y Colombia en materia de drogas ilícitas

El Grupo de Trabajo Antinarcóticos entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia dio a conocer un enfoque “holístico contra el narcotráfico”, que incluye el trabajo con las comunidades rurales para garantizar el acceso a los servicios y a las instituciones, así como a la posibilidad de obtener ingresos a partir del trabajo con productos lícitos, apostando por la erradicación de la coca. Además, “Estados Unidos busca apoyar al gobierno colombiano para contrarrestar los delitos ambientales que sostienen y alimentan a los grupos narcotraficantes, que tienen un impacto negativo en el medioambiente, no solo en el país sino también en la región”, se lee en el comunicado emitido por la ONDCP.

“La estrategia desarrollada por los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, luego de meses de discusiones bilaterales, reconoce la importancia de la seguridad, la justicia, el desarrollo económico y la protección ambiental”, advirtió la directora interina de la Política Nacional de Control de Drogas, Regina LaBelle. De ahí que, según informó la entidad, el plan conjunto entre los dos países se centre en:

• Reducción en la oferta de drogas: aquí se vinculan los esfuerzos de erradicación, destrucción de laboratorios, interdicción, disminución en la demanda, lucha contra el lavado de dinero y la comparecencia de los narcotraficantes ante el sistema judicial.

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• Seguridad y desarrollo en las áreas rurales: aquí sale a relucir la implementación del Acuerdo de Paz y la necesidad de una “inversión robusta” en materia social, incluyendo el acceso a la justicia. “Esto implica proteger a los líderes comunitarios que promueven los esfuerzos del Estado de Derecho, reducir la dependencia de la coca, ampliar la formalización de la tierra y cambiar la forma en que Estados Unidos y Colombia miden la progresión”.
• Protección ambiental: la restauración de las selvas tropicales, la eliminación de los cultivos de coca y de los espacios para la creación de laboratorios de fabricación de cocaína, así como las acciones encaminadas a mitigar el cambo climático, hacen parte del trabajo enfocado en al medioambiente.

Las acciones mencionadas anteriormente están en consonancia con un enfoque oficial que aboga por la prevención y por los tratamientos en materia de salud mental, además de incluir la reducción de la oferta de drogas ilícitas. De ahí se entiende que cerca de cuatro billones de dólares provenientes del American Rescue Plan se hayan invertido para que la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y la Administración de Servicios y Recursos de Salud amplíen el acceso a servicios vitales de salud mental y trastornos por uso de sustancias, informa la ONDCP.

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Ante el aumento de las adicciones y la sobredosis por el consumo de sustancias psicoactivas en Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden se trazó la meta de tratar la cuestión de las drogas ilícitas desde una perspectiva de salud, partiendo de la premisa de que las personas que consumen drogas deben recibir tratamiento médico, en lugar de ser encarceladas. Así se lee en la Declaración de las prioridades de la política de drogas de la Administración de Biden-Harris para el primer año. En este orden de ideas, en días recientes, Estados Unidos anunció una nueva estrategia de lucha contra las drogas en Colombia, centrada en la reducción de la producción, el desarrollo de las zonas rurales y la protección del medioambiente.

La estrategia de Estados Unidos, a través de la Oficina de la Casa Blanca de la Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP), incluye a México y a Colombia como “actores claves en el hemisferio occidental”, en aras de construir una respuesta “integral y colectiva” a la cuestión de las drogas ilícitas, a través del enfoque de salud pública, presencia del Estado y desarrollo de infraestructura. “Esto asegura que las actividades para frenar la producción y el tráfico de drogas ilícitas se adhieran al Estado de Derecho y al respeto de los derechos”, se afirma desde Washington.

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Nueva estrategia de Estados Unidos y Colombia en materia de drogas ilícitas

El Grupo de Trabajo Antinarcóticos entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia dio a conocer un enfoque “holístico contra el narcotráfico”, que incluye el trabajo con las comunidades rurales para garantizar el acceso a los servicios y a las instituciones, así como a la posibilidad de obtener ingresos a partir del trabajo con productos lícitos, apostando por la erradicación de la coca. Además, “Estados Unidos busca apoyar al gobierno colombiano para contrarrestar los delitos ambientales que sostienen y alimentan a los grupos narcotraficantes, que tienen un impacto negativo en el medioambiente, no solo en el país sino también en la región”, se lee en el comunicado emitido por la ONDCP.

“La estrategia desarrollada por los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, luego de meses de discusiones bilaterales, reconoce la importancia de la seguridad, la justicia, el desarrollo económico y la protección ambiental”, advirtió la directora interina de la Política Nacional de Control de Drogas, Regina LaBelle. De ahí que, según informó la entidad, el plan conjunto entre los dos países se centre en:

• Reducción en la oferta de drogas: aquí se vinculan los esfuerzos de erradicación, destrucción de laboratorios, interdicción, disminución en la demanda, lucha contra el lavado de dinero y la comparecencia de los narcotraficantes ante el sistema judicial.

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• Protección ambiental: la restauración de las selvas tropicales, la eliminación de los cultivos de coca y de los espacios para la creación de laboratorios de fabricación de cocaína, así como las acciones encaminadas a mitigar el cambo climático, hacen parte del trabajo enfocado en al medioambiente.

Las acciones mencionadas anteriormente están en consonancia con un enfoque oficial que aboga por la prevención y por los tratamientos en materia de salud mental, además de incluir la reducción de la oferta de drogas ilícitas. De ahí se entiende que cerca de cuatro billones de dólares provenientes del American Rescue Plan se hayan invertido para que la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias (SAMHSA) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) y la Administración de Servicios y Recursos de Salud amplíen el acceso a servicios vitales de salud mental y trastornos por uso de sustancias, informa la ONDCP.

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