Atención para migrantes con VIH, una guía simple para salvar vidas

Los desplazamientos forzados, ya sea por una guerra, como es el caso de Ucrania; las catástrofes ambientales, como sucede en zonas de Asia o Centroamérica, o el colapso económico y político de un gobierno, como en Venezuela, representan un doble trauma para las personas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Esta población no solo debe enfrentarse a la angustia de dejar sus hogares, sino que también tiene que hacerle frente a la incertidumbre de cómo continuar con su tratamiento médico.

El VIH es una infección que ataca el sistema inmunitario y debilita los sistemas de defensa. Para tratar el virus, las personas infectadas se someten a una terapia antirretroviral (TAR) con fármacos anti-VIH, la cual, en lo posible, no debe ser interrumpida. Si se suspende o se interrumpe, la carga viral, es decir, la cantidad de VIH presente en la sangre de una persona infectada, aumentaría. El incremento de la carga viral puede llevar a que las copias del VIH en la sangre conduzcan a una etapa sida y, más adelante, a la muerte. ¿Qué pasa, entonces, cuando una persona infectada se ve en la obligación de huir de su hogar para sobrevivir?

Organizaciones de la sociedad civil están presionando a los gobiernos de la región para que adopten medidas urgentes para garantizarle a la población migrante venezolana con VIH su tratamiento, en primer lugar, por asegurarles condiciones de vida mejores que las que tienen en su país. Según la organización venezolana Acción Solidaria, más de 10.000 venezolanos han salido de su país por no encontrar los tratamientos contra el VIH.

Por otro lado, el llamado de atención también se da porque se ha notado un aumento en la prevalencia de VIH en los países receptores debido a las condiciones que enmarcan la migración. En Colombia, por ejemplo, el incremento se ha visto en ciudades como Barranquilla, Medellín y Cartagena. Pero mucho ojo: esta alerta no busca señalar a las poblaciones migrantes como transportadoras del virus ni despertar temores, rechazo y, a fin de cuentas, xenofobia. Lo que se pretende es que, con el llamado de atención, las autoridades tengan ciertas consideraciones sobre el fenómeno de movilidad humana que vive la región para plantear nuevas estrategias de respuesta en servicio tanto de las comunidades migrantes como de las receptoras.

“Esto (el aumento de la prevalencia) tiene que ver con dos fenómenos: por un lado, hay personas migrantes que han sido diagnosticadas con VIH en Venezuela, pero en ese país no han tenido acompañamiento médico o no han recibido el tratamiento antirretroviral, así que se ven urgidos a cruzar la frontera y buscar en Colombia su terapia; por otro lado, esta migración más empobrecida llega al país a buscar un espacio de oportunidad laboral, y acá, como no la encuentran y como en el país el trabajo sexual es un escenario legítimo, una de las opciones que se les abre como posibilidad es estar en el servicio del trabajo sexual, por lo que empiezan a involucrarse en actividades de altísimo riesgo de infección”, señaló Wilson Castañeda, director de la corporación Caribe Afirmativo.

Las condiciones de la movilidad forzada dejan a las personas mucho más expuestas al VIH. En cuanto a estas prácticas de explotación sexual, los migrantes carecen de acceso a preservativos o sus clientes les piden tener sexo sin protección a cambio de una tarifa más alta que, por necesidad, se ven obligadas a aceptar. Colombia, además, tiene un problema particular.

“En 2016, el Fondo Mundial de la Lucha contra el Sida, que es el que históricamente ha atendido todo el tema de VIH, tomó la decisión de empezarse a ir de Colombia porque en el país ya había una disminución de la prevalencia del VIH y porque ya el Estado local estaba respondiendo”, dijo Castañeda.

En 2019, Caribe Afirmativo documentó 10 muertes de ciudadanos venezolanos en etapa sida, hombres que tienen sexo con hombres o personas trans, porque, si bien cruzaron la frontera buscando tratamiento antirretroviral, no encontraron ninguna estrategia por parte de la Secretaría de Salud para atender a esta población. En 2020, el Fondo Mundial recalculó su decisión y volvió a algunas ciudades porque logran constatar que la migración ha traído nuevos casos de VIH al país y nuevos desafíos: el Estado no había planteado respuestas a este fenómeno y las personas más expuestas al virus temían ir a los servicios de salud porque han entrado de manera irregular al país y tienen miedo de que consultar a las autoridades les signifique la deportación.

Entonces, las autoridades encuentran dos desafíos puntuales: desarrollar estrategias para garantizar el tratamiento para las personas migrantes con VIH y mejorar la comunicación. Se tiene que fortalecer la relación de confianza con los migrantes para que estas se acerquen sin temor a las autoridades sanitarias para solicitar ayuda y guía con sus tratamientos para ayudarles y para frenar la epidemia.

“El desconocimiento no es la única barrera. Es importante educarlos y que se acerquen a las organizaciones para preguntar por su estatus migratorio, que es muy importante, pero también para consultar sobre la enfermedad como tal y por qué es fundamental adherirse al tratamiento antirretroviral. Una vez se detecta el virus es necesario que la persona ingrese a la terapia antirretroviral para que sea indetectable”, señaló Astrid Cuevas, líder de la unidad de respuesta al VIH de GSK.

La información es clave para la vida de estas personas. Según Cuevas, una de las necesidades principales de los migrantes venezolanos que salen de su país, y transitan por diferentes países de Latinoamérica, es que no encuentran cuál es el sistema de salud en estas naciones y los requisitos que hay para poder acceder a una terapia antirretroviral en estos países de tránsito”. Es por eso que GSK, junto con la organización Red Somos, desarrolló una guía de consulta para que los migrantes con VIH reconozcan cómo funcionan los sistemas de salud en la región.

“Al ingresar al sistema de salud a Colombia, sea que entren por el régimen contributivo o el subsidiado, la población migrante puede, a través de los programas de atención enfocados en VIH, acceder al servicio integral como lo haría otro colombiano”, señala Cuevas. “Las autoridades deben hacer búsqueda activa, apoyar las pruebas y unirse a estas campañas para lograr identificar la mayor cantidad de población. Aunque lo estamos haciendo bien, todavía hay mucho que hacer”, concluyó.

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Los desplazamientos forzados, ya sea por una guerra, como es el caso de Ucrania; las catástrofes ambientales, como sucede en zonas de Asia o Centroamérica, o el colapso económico y político de un gobierno, como en Venezuela, representan un doble trauma para las personas con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Esta población no solo debe enfrentarse a la angustia de dejar sus hogares, sino que también tiene que hacerle frente a la incertidumbre de cómo continuar con su tratamiento médico.

El VIH es una infección que ataca el sistema inmunitario y debilita los sistemas de defensa. Para tratar el virus, las personas infectadas se someten a una terapia antirretroviral (TAR) con fármacos anti-VIH, la cual, en lo posible, no debe ser interrumpida. Si se suspende o se interrumpe, la carga viral, es decir, la cantidad de VIH presente en la sangre de una persona infectada, aumentaría. El incremento de la carga viral puede llevar a que las copias del VIH en la sangre conduzcan a una etapa sida y, más adelante, a la muerte. ¿Qué pasa, entonces, cuando una persona infectada se ve en la obligación de huir de su hogar para sobrevivir?

Organizaciones de la sociedad civil están presionando a los gobiernos de la región para que adopten medidas urgentes para garantizarle a la población migrante venezolana con VIH su tratamiento, en primer lugar, por asegurarles condiciones de vida mejores que las que tienen en su país. Según la organización venezolana Acción Solidaria, más de 10.000 venezolanos han salido de su país por no encontrar los tratamientos contra el VIH.

Por otro lado, el llamado de atención también se da porque se ha notado un aumento en la prevalencia de VIH en los países receptores debido a las condiciones que enmarcan la migración. En Colombia, por ejemplo, el incremento se ha visto en ciudades como Barranquilla, Medellín y Cartagena. Pero mucho ojo: esta alerta no busca señalar a las poblaciones migrantes como transportadoras del virus ni despertar temores, rechazo y, a fin de cuentas, xenofobia. Lo que se pretende es que, con el llamado de atención, las autoridades tengan ciertas consideraciones sobre el fenómeno de movilidad humana que vive la región para plantear nuevas estrategias de respuesta en servicio tanto de las comunidades migrantes como de las receptoras.

“Esto (el aumento de la prevalencia) tiene que ver con dos fenómenos: por un lado, hay personas migrantes que han sido diagnosticadas con VIH en Venezuela, pero en ese país no han tenido acompañamiento médico o no han recibido el tratamiento antirretroviral, así que se ven urgidos a cruzar la frontera y buscar en Colombia su terapia; por otro lado, esta migración más empobrecida llega al país a buscar un espacio de oportunidad laboral, y acá, como no la encuentran y como en el país el trabajo sexual es un escenario legítimo, una de las opciones que se les abre como posibilidad es estar en el servicio del trabajo sexual, por lo que empiezan a involucrarse en actividades de altísimo riesgo de infección”, señaló Wilson Castañeda, director de la corporación Caribe Afirmativo.

Las condiciones de la movilidad forzada dejan a las personas mucho más expuestas al VIH. En cuanto a estas prácticas de explotación sexual, los migrantes carecen de acceso a preservativos o sus clientes les piden tener sexo sin protección a cambio de una tarifa más alta que, por necesidad, se ven obligadas a aceptar. Colombia, además, tiene un problema particular.

“En 2016, el Fondo Mundial de la Lucha contra el Sida, que es el que históricamente ha atendido todo el tema de VIH, tomó la decisión de empezarse a ir de Colombia porque en el país ya había una disminución de la prevalencia del VIH y porque ya el Estado local estaba respondiendo”, dijo Castañeda.

En 2019, Caribe Afirmativo documentó 10 muertes de ciudadanos venezolanos en etapa sida, hombres que tienen sexo con hombres o personas trans, porque, si bien cruzaron la frontera buscando tratamiento antirretroviral, no encontraron ninguna estrategia por parte de la Secretaría de Salud para atender a esta población. En 2020, el Fondo Mundial recalculó su decisión y volvió a algunas ciudades porque logran constatar que la migración ha traído nuevos casos de VIH al país y nuevos desafíos: el Estado no había planteado respuestas a este fenómeno y las personas más expuestas al virus temían ir a los servicios de salud porque han entrado de manera irregular al país y tienen miedo de que consultar a las autoridades les signifique la deportación.

Entonces, las autoridades encuentran dos desafíos puntuales: desarrollar estrategias para garantizar el tratamiento para las personas migrantes con VIH y mejorar la comunicación. Se tiene que fortalecer la relación de confianza con los migrantes para que estas se acerquen sin temor a las autoridades sanitarias para solicitar ayuda y guía con sus tratamientos para ayudarles y para frenar la epidemia.

“El desconocimiento no es la única barrera. Es importante educarlos y que se acerquen a las organizaciones para preguntar por su estatus migratorio, que es muy importante, pero también para consultar sobre la enfermedad como tal y por qué es fundamental adherirse al tratamiento antirretroviral. Una vez se detecta el virus es necesario que la persona ingrese a la terapia antirretroviral para que sea indetectable”, señaló Astrid Cuevas, líder de la unidad de respuesta al VIH de GSK.

La información es clave para la vida de estas personas. Según Cuevas, una de las necesidades principales de los migrantes venezolanos que salen de su país, y transitan por diferentes países de Latinoamérica, es que no encuentran cuál es el sistema de salud en estas naciones y los requisitos que hay para poder acceder a una terapia antirretroviral en estos países de tránsito”. Es por eso que GSK, junto con la organización Red Somos, desarrolló una guía de consulta para que los migrantes con VIH reconozcan cómo funcionan los sistemas de salud en la región.

“Al ingresar al sistema de salud a Colombia, sea que entren por el régimen contributivo o el subsidiado, la población migrante puede, a través de los programas de atención enfocados en VIH, acceder al servicio integral como lo haría otro colombiano”, señala Cuevas. “Las autoridades deben hacer búsqueda activa, apoyar las pruebas y unirse a estas campañas para lograr identificar la mayor cantidad de población. Aunque lo estamos haciendo bien, todavía hay mucho que hacer”, concluyó.

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