Aumentan detenciones de ‘pandilleros’ en El Salvador pese a protestas de familiares
Las capturas de presuntos pandilleros en El Salvador rompen cifras récord por cuenta del estado de excepción que implementó el presidente Bukele. Sin embargo, familiares de los aprehendidos aseguran que el Estado comete un error.
Redacción Mundo con fuentes de EFE y AFP
El Salvador acumula casi 42.000 detenidos en el marco de un estado de excepción por cuenta de la “guerra” contra las pandillas declarada hace casi tres meses por el presidente Nayib Bukele, aseguró este jueves el fiscal general, Rodolfo Delgado.
“El último conteo que se realizó en horas de la madrugada [del jueves] ya reflejaba más o menos 41.846 personas detenidas”, declaró Delgado al estatal Canal 10 de la televisión local.
Del total de presuntos pandilleros arrestados la Fiscalía ha logrado que 33.258 “queden detenidos provisionalmente” por un plazo de seis meses.
Aún les falta iniciar proceso a otros 8.588, mientras 456 recobraron su libertad en la primera audiencia porque “no estaban vinculados a pandillas”, precisó Delgado.
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Una vez finalizados los primeros seis meses de detención de un presunto pandillero, la Fiscalía podría solicitar “ampliar” el encarcelamiento por otros seis meses más, dependiendo de la “la complejidad” de los casos.
“Mi amigo no es pandillero”
Sin embargo, mientras el gobierno celebra, otros protestan. El 16 de junio, una veintena de personas, entre amigos y familiares, pidieron este jueves en la capital de El Salvador la liberación de dos jóvenes artistas detenidos bajo el régimen de excepción.
Estas personas se concentraron en la Plaza del Divino Salvador del Mundo, una zona altamente transitada de San Salvador, ataviados con camisas con los rostros de los detenidos para pedir su liberación al compás de música de batucada y acompañados por personajes de ferias.
Se trata de los jóvenes Juan Erazo y José Orellana, detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a inicios de junio en una populosa comunidad de San Salvador y quienes, según sus familiares, no poseen vínculos con las pandillas.
“Mi compañero es un joven que a lo largo de sus escasos 24 años de vida siempre ha tenido una conducta intachable, sin vicios, ejemplo de nuestra comunidad, sin tatuajes, sin vínculos con ninguna estructura terrorista”, dijo a periodistas Ana Arita, cónyuge de Erazo.
Las organizaciones humanitarias salvadoreñas e internacionales, además de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), han recibido cerca de 3.000 denuncias por atropellos, principalmente por detenciones arbitrarias.
Arita señaló que ambos jóvenes pertenecen a un grupo de batucada y que su compañero, quien se había mostrado de acuerdo con el régimen de excepción, cursa una carrera universitaria.
Agregó que fueron detenidos por una “denuncia anónima” y “totalmente difamatoria” de agrupaciones ilícitas.
El martes, tres entes humanitarios advirtieron que en El Salvador se “podrían estar configurando delitos de lesa humanidad” bajo el régimen de excepción.
Entre las “evidencias” que, de acuerdo con el fiscal Rodolfo Delgado, utilizan para demostrar la vinculación del detenido a la organización criminal, figuran “las marcas [tatuajes de sus respectivas bandas] que poseen en sus cuerpos”, y la droga que se les ha incautado.
Según el último balance del ministerio de Justicia y Seguridad, a las bandas también se les han decomisado 1,5 millones de dólares en efectivo, 821 armas de fuego y 8.994 teléfonos celulares.
El asesinato de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo, en crímenes atribuidos a pandillas, llevó al Congreso a declarar un régimen de excepción a pedido del propio Bukele, el cual fue prorrogado al menos hasta fines de junio. El fiscal Delgado espera que vuelva a extenderse.
Bajo un régimen de excepción las autoridades pueden realizar detenciones sin orden judicial. El Parlamento, controlado por aliados del presidente, también ha elevado las penas por crímenes vinculados a pandillas.
Le puede interesar: Presidente Bukele, negocie con las pandillas de El Salvador (pero de otro modo)
En El Salvador operan principalmente las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. Hasta antes de la arremetida del gobierno, estaban encarcelados unos. 16.000 de sus miembros.
Pero con las detenciones de los últimos tres meses, estarían tras las rejas 57.846 miembros, un 83% de los 70.000 miembros que oficialmente se considera existen en el país.
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El Salvador acumula casi 42.000 detenidos en el marco de un estado de excepción por cuenta de la “guerra” contra las pandillas declarada hace casi tres meses por el presidente Nayib Bukele, aseguró este jueves el fiscal general, Rodolfo Delgado.
“El último conteo que se realizó en horas de la madrugada [del jueves] ya reflejaba más o menos 41.846 personas detenidas”, declaró Delgado al estatal Canal 10 de la televisión local.
Del total de presuntos pandilleros arrestados la Fiscalía ha logrado que 33.258 “queden detenidos provisionalmente” por un plazo de seis meses.
Aún les falta iniciar proceso a otros 8.588, mientras 456 recobraron su libertad en la primera audiencia porque “no estaban vinculados a pandillas”, precisó Delgado.
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Una vez finalizados los primeros seis meses de detención de un presunto pandillero, la Fiscalía podría solicitar “ampliar” el encarcelamiento por otros seis meses más, dependiendo de la “la complejidad” de los casos.
“Mi amigo no es pandillero”
Sin embargo, mientras el gobierno celebra, otros protestan. El 16 de junio, una veintena de personas, entre amigos y familiares, pidieron este jueves en la capital de El Salvador la liberación de dos jóvenes artistas detenidos bajo el régimen de excepción.
Estas personas se concentraron en la Plaza del Divino Salvador del Mundo, una zona altamente transitada de San Salvador, ataviados con camisas con los rostros de los detenidos para pedir su liberación al compás de música de batucada y acompañados por personajes de ferias.
Se trata de los jóvenes Juan Erazo y José Orellana, detenidos por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) a inicios de junio en una populosa comunidad de San Salvador y quienes, según sus familiares, no poseen vínculos con las pandillas.
“Mi compañero es un joven que a lo largo de sus escasos 24 años de vida siempre ha tenido una conducta intachable, sin vicios, ejemplo de nuestra comunidad, sin tatuajes, sin vínculos con ninguna estructura terrorista”, dijo a periodistas Ana Arita, cónyuge de Erazo.
Las organizaciones humanitarias salvadoreñas e internacionales, además de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), han recibido cerca de 3.000 denuncias por atropellos, principalmente por detenciones arbitrarias.
Arita señaló que ambos jóvenes pertenecen a un grupo de batucada y que su compañero, quien se había mostrado de acuerdo con el régimen de excepción, cursa una carrera universitaria.
Agregó que fueron detenidos por una “denuncia anónima” y “totalmente difamatoria” de agrupaciones ilícitas.
El martes, tres entes humanitarios advirtieron que en El Salvador se “podrían estar configurando delitos de lesa humanidad” bajo el régimen de excepción.
Entre las “evidencias” que, de acuerdo con el fiscal Rodolfo Delgado, utilizan para demostrar la vinculación del detenido a la organización criminal, figuran “las marcas [tatuajes de sus respectivas bandas] que poseen en sus cuerpos”, y la droga que se les ha incautado.
Según el último balance del ministerio de Justicia y Seguridad, a las bandas también se les han decomisado 1,5 millones de dólares en efectivo, 821 armas de fuego y 8.994 teléfonos celulares.
El asesinato de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo, en crímenes atribuidos a pandillas, llevó al Congreso a declarar un régimen de excepción a pedido del propio Bukele, el cual fue prorrogado al menos hasta fines de junio. El fiscal Delgado espera que vuelva a extenderse.
Bajo un régimen de excepción las autoridades pueden realizar detenciones sin orden judicial. El Parlamento, controlado por aliados del presidente, también ha elevado las penas por crímenes vinculados a pandillas.
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En El Salvador operan principalmente las pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. Hasta antes de la arremetida del gobierno, estaban encarcelados unos. 16.000 de sus miembros.
Pero con las detenciones de los últimos tres meses, estarían tras las rejas 57.846 miembros, un 83% de los 70.000 miembros que oficialmente se considera existen en el país.
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