Autoridades de El Salvador son responsables de desapariciones forzadas, dicen ONG

Nayib Bukele amplió el margen de actuación de policías y militares con el régimen de excepción que decretó hace más de un año para combatir las altas tasas de homicidios.

Foto: EFE - Rodrigo Sura

En El Salvador existen desapariciones forzadas de “corta duración”, que son atribuidas “esencialmente a agentes del Estado”, según informó la abogada Zaira Navas, jefa de Estado de Derecho y Seguridad de la organización Cristosal, una organización no gubernamental fundada por obispos anglicanos que protege y asiste a víctimas de vulneraciones de derechos humanos.

De acuerdo con Navas, la ONG “tiene un número importante de denuncias de personas que desconocen el paradero de personas que fueron detenidas, dónde están, a dónde se la llevaron, qué delito se les atribuye”.

El modus operandi de los agentes estatales es privar a la persona de la libertad, sin decirle el motivo, mantenerla incomunicada y no darle asistencia. Las familias de las víctimas han denunciado reiteradas veces no saber el paradero de su pariente.

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La declaración de Navas fue brindada tras la inauguración del seminario internacional denominado “Memoria y verdad: búsqueda y justicia ante las desapariciones”, que se lleva a cabo en San Salvador y que concluirá el jueves. El evento busca la comprensión, análisis y sensibilización de diferentes sectores sociales sobre el derecho de búsqueda integral ante la desaparición.

Denuncias de desaparición forzada frente a la ONU

Un informe de la Fundación para el Debido Proceso y otras cinco organizaciones que identifica tres patrones de desaparición forzada en El Salvador fue presentado al Comité contra la Desaparición Forzada y al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En este se describen las acciones cometidas por agentes estatales iniciando con el régimen de excepción, que se estableció el 27 de marzo de 2022 y que ha seguido vigente por 16 prórrogas.

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El primer patrón se refiere a las capturas de la Policía y militares en lugares públicos, generalmente en protestas sociales, que dejan a la persona incomunicada por pocos días o semanas. Las familias no son informadas y tienen incertidumbre sobre el paradero de sus parientes. Solo tras varios meses de insistencia reciben información sobre el centro penitenciario en el que está retenida la persona.

El segundo se da de manera similar, solo que a las familias se les niega que haya ocurrido una detención y la información sobre el paradero de la persona. Incluso tras la interposición del recurso habeas corpus, que ordena la libertad de una persona cuando existe una violación de garantías constitucionales, no reciben noticia alguna.

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En el tercer patrón sí se reconoce oficialmente que la persona fue capturada y enviada a un centro penitenciario. Sin embargo, no se da ninguna información oficial, ni se permite la comunicación con esta. Solo después de meses de búsqueda, la familia se da cuenta a través del Instituto de Medicina Legal o por particulares, que la persona falleció en un centro penal. Los desaparecidos suelen ser enterrados en fosas comunes antes de que la familia sepa de su fallecimiento.

Varias organizaciones humanitarias de El Salvador registraron hasta este marzo más de 5.000 “víctimas directas” de violaciones a derechos humanos en el régimen de excepción, que inició como una medida del presidente Nayib Bukele para combatir pandillas y que suspende garantías constitucionales. Se espera que la ONU emita una declaración conjunta con esta información en los próximos meses.

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