Biden apura por hacer realidad el sueño de los dreamers

El presidente estadounidense, Joe Biden, reconoce que junto a Barack Obama cometieron un grave error. No cumplieron con la reforma migratoria integral que habían prometido en su primer año en la Casa Blanca porque dejaron el desarrollo de esta propuesta para el final de su segundo mandato, justo cuando ya habían perdido la mayoría en el Legislativo.

Lo único que quedó de la administración Obama en esta materia fue el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el cual ha protegido a casi 700.000 migrantes de la deportación y les ha permitido otros beneficios como trabajar, estudiar o incluso acceder a becas y calificar para recibir atención médica subsidiada, dependiendo del estado.

Pero el DACA tenía un gran inconveniente desde su nacimiento: era una solución temporal y muy frágil, pues no resolvía el problema de fondo -el estatus migratorio- y además llegó por medio de una orden ejecutiva, la cual podía ser desafiada en las cortes. Y eso fue precisamente lo que pasó.

El expresidente Donald Trump intentó eliminar el programa desde su llegada al poder, lo que dejaba desprotegidos a cientos de miles de “dreamers”, como se les bautizó a las personas que se pueden acoger al DACA: llegados en la infancia a Estados Unidos antes de 2012. Aunque la Corte Suprema falló en contra de Trump y lo obligó a restituir el DACA, los beneficiados aún sufren de inestabilidad.

Jensy Matute, una hondureña que llegó a Estados Unidos a los dos años escapando junto a su madre de la violencia de las pandillas centroamericanas, es una de las protegidas por el DACA. Gracias a este programa, Matute pudo terminar sus estudios en relaciones públicas en Florida y puede trabajar, pero si el programa se acaba, ella tendrá que regresar a Honduras, pese a que no tiene mayor conexión con el país, pues ha vivido toda su vida en Estados Unidos.

“Es muy triste. En algún momento he llegado a pensar que lo hice todo por nada, porque he trabajado tan duro y quizá nadie lo va a reconocer. Me di cuenta de que todo lo que estaba contribuyendo como estudiante no contaba porque no existía”, lamentaba en una entrevista con Voz de América.

Es por eso que ahora Biden no está desperdiciando un minuto de su gobierno para mostrarles a sus electores que cumplirá con la tarea que le quedó pendiente cuando trabajaba con Obama. Lo primero fue darles la confianza en que esta administración quiere revertir todas las políticas migratorias de la anterior.

Biden firmó varias órdenes ejecutivas en su primer día en la Oficina Oval que incluían la suspensión de las deportaciones de migrantes indocumentados durante sus primeros 100 días de gobierno, detener la construcción del muro en la frontera con México, suspender la política “Permanecer en México”, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en el vecino del sur por las audiencias en los tribunales estadounidenses, y fortalecer el DACA.

La señal que más esperanza les ha dado a los “dreamers” es la propuesta que busca ofrecer estatus legal a por lo menos 11 millones de indocumentados, la cual fue anunciada por Biden a principios de esta semana y que se espera llegue pronto al Congreso. Es importante destacar que con esto no solo se van a beneficiar los indocumentados, sino toda la nación.

Muchos de los migrantes que pertenecen a este grupo son trabajadores esenciales durante la pandemia de coronavirus: enfermeros, médicos, cuidadores, trabajadores agrícolas, transportistas, repartidores y personal de seguridad. Después de décadas dando estos trabajos por sentado, la nación se ha dado cuenta de cuán importantes son estas personas y también su contribución a la sociedad, y esto ha hecho que el apoyo a los trabajadores indocumentados vaya en aumento en ambos partidos. Si llegaran a ser deportados, los estadounidenses sufrirían su ausencia.

“Es como si de repente se dieran cuenta de que estamos aquí contribuyendo”, le dijo a The New York Times Nancy Silva, una inmigrante mexicana que trabaja en una plantación en California .

Pero no hay que confundir el estatus legal con la ciudadanía. Lo que estos 11 millones de personas recibirían sería un estatus interino durante cinco años, lo que les permitiría trabajar y viajar al extranjero sin problemas. Luego de este período y de una verificación de antecedentes tendrían acceso a una tarjeta de residencia permanente, y tres años después de convertirse en residentes permanentes, estas personas podrán solicitar la ciudadanía.

En total esta es una ruta de ocho años hacia la ciudadanía, pero es mucho mejor que el permiso especial DACA que se debe renovar cada dos años. Es sin duda un proyecto muy ambicioso que generará un gran debate en un ya dividido y disfuncional Congreso.

Biden y su equipo son conscientes de los desafíos a los que se enfrentan. Con Trump, muchos republicanos se movieron hacia la derecha en esta materia, apoyando medidas extremistas como la separación de familias en la frontera para detener la migractión de mexicanos y centroamericanos.

Senadores como Josh Hawley han mostrado preocupación porque el plan de Biden no incluye disposiciones sobre la seguridad fronteriza, la cual era la estrategia del mandatario saliente. Pero sin Trump en la mesa, puede que los republicanos más moderados trabajen en conjunto con los demócratas por una reforma. Después de todo, ambos partidos coinciden en que hay mucha migración, pero tienen perspectivas distintas sobre las soluciones.

“El apoyo a la legalización de los inmigrantes de larga duración que han estado aquí durante mucho tiempo, especialmente los ‘dreamers’, ha aumentado y ahora es mayoría entre republicanos y demócratas. Así que creo que a pesar del fuerte tono de aplicación que adoptó la administración Trump, existe un consenso subyacente. La pregunta es si, con Trump dejando el cargo, ese consenso subyacente ahora puede volver a un primer plano y puede resultar en cambios reales”, señaló Theresa Cardinal Brown, asesora en política de inmigración en las administraciones de Obama y de George W. Bush.

Una forma de atraer a los republicanos moderados, explica Cardinal, es hablar sobre cómo los cambios legales en la inmigración pueden ayudar a las empresas. “Esto puede llevarlos a bordo sin tener que pasar necesariamente por el terreno pisado de la seguridad fronteriza”, apunta la experta.

La mano de obra agrícola en California está disminuyendo, y es un problema para la industria. Joe Del Bosque, un agricultor del Valle de San Joaquín, dijo que le agradaba un proyecto de ley que legalizaría a algunos de sus trabajadores, pero le preocupaba que algunos pudieran seguir adelante.

“Ya estamos en una situación crónica de escasez de mano de obra y realmente no podemos permitirnos perder más personas”, le dijo Del Bosque a Los Ángeles Times.

Para que el proyecto de Biden prospere se necesitan al menos 60 votos en el Senado para sobrevivir al obstruccionismo, y los demócratas solo tienen 50. Aún si este no se concreta, no hay que dar las reformas por acabadas, pues se está considerando incorporar algunas de estas a otros proyectos de ley como el de la ayuda para el Covid-19, los cuales no están sujetos al obstruccionismo.

Biden no puede descansar en el trabajo sobre esta propuesta, pues las estadísticas muestran que el apoyo del electorado latino en estados como Arizona fue esencial para su victoria, y ellos son los que están ejerciendo presión para que cumpla sus promesas. Si el Partido Demócrata quiere sostener este apoyo deberá acelerar el debate antes de que pueda perder la mayoría que ahora ostenta, la cual hace que sea más fácil adelantar la agenda del mandatario.

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El presidente estadounidense, Joe Biden, reconoce que junto a Barack Obama cometieron un grave error. No cumplieron con la reforma migratoria integral que habían prometido en su primer año en la Casa Blanca porque dejaron el desarrollo de esta propuesta para el final de su segundo mandato, justo cuando ya habían perdido la mayoría en el Legislativo.

Lo único que quedó de la administración Obama en esta materia fue el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), el cual ha protegido a casi 700.000 migrantes de la deportación y les ha permitido otros beneficios como trabajar, estudiar o incluso acceder a becas y calificar para recibir atención médica subsidiada, dependiendo del estado.

Pero el DACA tenía un gran inconveniente desde su nacimiento: era una solución temporal y muy frágil, pues no resolvía el problema de fondo -el estatus migratorio- y además llegó por medio de una orden ejecutiva, la cual podía ser desafiada en las cortes. Y eso fue precisamente lo que pasó.

El expresidente Donald Trump intentó eliminar el programa desde su llegada al poder, lo que dejaba desprotegidos a cientos de miles de “dreamers”, como se les bautizó a las personas que se pueden acoger al DACA: llegados en la infancia a Estados Unidos antes de 2012. Aunque la Corte Suprema falló en contra de Trump y lo obligó a restituir el DACA, los beneficiados aún sufren de inestabilidad.

Jensy Matute, una hondureña que llegó a Estados Unidos a los dos años escapando junto a su madre de la violencia de las pandillas centroamericanas, es una de las protegidas por el DACA. Gracias a este programa, Matute pudo terminar sus estudios en relaciones públicas en Florida y puede trabajar, pero si el programa se acaba, ella tendrá que regresar a Honduras, pese a que no tiene mayor conexión con el país, pues ha vivido toda su vida en Estados Unidos.

“Es muy triste. En algún momento he llegado a pensar que lo hice todo por nada, porque he trabajado tan duro y quizá nadie lo va a reconocer. Me di cuenta de que todo lo que estaba contribuyendo como estudiante no contaba porque no existía”, lamentaba en una entrevista con Voz de América.

Es por eso que ahora Biden no está desperdiciando un minuto de su gobierno para mostrarles a sus electores que cumplirá con la tarea que le quedó pendiente cuando trabajaba con Obama. Lo primero fue darles la confianza en que esta administración quiere revertir todas las políticas migratorias de la anterior.

Biden firmó varias órdenes ejecutivas en su primer día en la Oficina Oval que incluían la suspensión de las deportaciones de migrantes indocumentados durante sus primeros 100 días de gobierno, detener la construcción del muro en la frontera con México, suspender la política “Permanecer en México”, que obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en el vecino del sur por las audiencias en los tribunales estadounidenses, y fortalecer el DACA.

La señal que más esperanza les ha dado a los “dreamers” es la propuesta que busca ofrecer estatus legal a por lo menos 11 millones de indocumentados, la cual fue anunciada por Biden a principios de esta semana y que se espera llegue pronto al Congreso. Es importante destacar que con esto no solo se van a beneficiar los indocumentados, sino toda la nación.

Muchos de los migrantes que pertenecen a este grupo son trabajadores esenciales durante la pandemia de coronavirus: enfermeros, médicos, cuidadores, trabajadores agrícolas, transportistas, repartidores y personal de seguridad. Después de décadas dando estos trabajos por sentado, la nación se ha dado cuenta de cuán importantes son estas personas y también su contribución a la sociedad, y esto ha hecho que el apoyo a los trabajadores indocumentados vaya en aumento en ambos partidos. Si llegaran a ser deportados, los estadounidenses sufrirían su ausencia.

“Es como si de repente se dieran cuenta de que estamos aquí contribuyendo”, le dijo a The New York Times Nancy Silva, una inmigrante mexicana que trabaja en una plantación en California .

Pero no hay que confundir el estatus legal con la ciudadanía. Lo que estos 11 millones de personas recibirían sería un estatus interino durante cinco años, lo que les permitiría trabajar y viajar al extranjero sin problemas. Luego de este período y de una verificación de antecedentes tendrían acceso a una tarjeta de residencia permanente, y tres años después de convertirse en residentes permanentes, estas personas podrán solicitar la ciudadanía.

En total esta es una ruta de ocho años hacia la ciudadanía, pero es mucho mejor que el permiso especial DACA que se debe renovar cada dos años. Es sin duda un proyecto muy ambicioso que generará un gran debate en un ya dividido y disfuncional Congreso.

Biden y su equipo son conscientes de los desafíos a los que se enfrentan. Con Trump, muchos republicanos se movieron hacia la derecha en esta materia, apoyando medidas extremistas como la separación de familias en la frontera para detener la migractión de mexicanos y centroamericanos.

Senadores como Josh Hawley han mostrado preocupación porque el plan de Biden no incluye disposiciones sobre la seguridad fronteriza, la cual era la estrategia del mandatario saliente. Pero sin Trump en la mesa, puede que los republicanos más moderados trabajen en conjunto con los demócratas por una reforma. Después de todo, ambos partidos coinciden en que hay mucha migración, pero tienen perspectivas distintas sobre las soluciones.

“El apoyo a la legalización de los inmigrantes de larga duración que han estado aquí durante mucho tiempo, especialmente los ‘dreamers’, ha aumentado y ahora es mayoría entre republicanos y demócratas. Así que creo que a pesar del fuerte tono de aplicación que adoptó la administración Trump, existe un consenso subyacente. La pregunta es si, con Trump dejando el cargo, ese consenso subyacente ahora puede volver a un primer plano y puede resultar en cambios reales”, señaló Theresa Cardinal Brown, asesora en política de inmigración en las administraciones de Obama y de George W. Bush.

Una forma de atraer a los republicanos moderados, explica Cardinal, es hablar sobre cómo los cambios legales en la inmigración pueden ayudar a las empresas. “Esto puede llevarlos a bordo sin tener que pasar necesariamente por el terreno pisado de la seguridad fronteriza”, apunta la experta.

La mano de obra agrícola en California está disminuyendo, y es un problema para la industria. Joe Del Bosque, un agricultor del Valle de San Joaquín, dijo que le agradaba un proyecto de ley que legalizaría a algunos de sus trabajadores, pero le preocupaba que algunos pudieran seguir adelante.

“Ya estamos en una situación crónica de escasez de mano de obra y realmente no podemos permitirnos perder más personas”, le dijo Del Bosque a Los Ángeles Times.

Para que el proyecto de Biden prospere se necesitan al menos 60 votos en el Senado para sobrevivir al obstruccionismo, y los demócratas solo tienen 50. Aún si este no se concreta, no hay que dar las reformas por acabadas, pues se está considerando incorporar algunas de estas a otros proyectos de ley como el de la ayuda para el Covid-19, los cuales no están sujetos al obstruccionismo.

Biden no puede descansar en el trabajo sobre esta propuesta, pues las estadísticas muestran que el apoyo del electorado latino en estados como Arizona fue esencial para su victoria, y ellos son los que están ejerciendo presión para que cumpla sus promesas. Si el Partido Demócrata quiere sostener este apoyo deberá acelerar el debate antes de que pueda perder la mayoría que ahora ostenta, la cual hace que sea más fácil adelantar la agenda del mandatario.

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