Este martes, campesinos simpatizantes del expresidente de Bolivia, Evo Morales, intensificaron los bloqueos en las carreteras del país para evitar el posible arresto de su líder, quien está siendo investigado por un presunto caso de abuso de una menor durante su gestión en 2015.
Los bloqueos se presentan en las vías que conectan Cochabamba, en el centro del país, con las ciudades de La Paz, Sucre (sur) y Santa Cruz (este), según la estatal Autoridad Boliviana de Carreteras (ABC). Allí, los manifestantes han cortado el tráfico con piedras, lo que ha generado enfrentamientos con la policía.
En medio de la tensión, el presidente del país, Luis Arce, cambió a la cúpula policial y posesionó al general Augusto Russo como comandante general de la policía, y a Guillermo Chacón como subcomandante. El alto mando debía haber juramentado a comienzos de año, pero las pugnas en el Congreso entre los aliados de Arce y de Morales retrasaron los ascensos a generales.
Ambos políticos libran una feroz disputa por la candidatura presidencial del oficialismo para las elecciones de 2025. Morales acusa al gobierno de Arce de reactivar el caso en su contra como parte de una “persecución judicial” para sacarlo de la carrera por la nominación del oficialismo para las presidenciales de 2025.
“El objetivo es descabezar al movimiento popular boliviano. Todo es producto de la desesperación del gobierno que no tiene ninguna respuesta a la crisis (económica) y tampoco tiene ninguna posibilidad electoral”, dijo Morales.
En los últimos meses, la política boliviana ha gravitado en torno a la intención de Morales de postular a la presidencia, a pesar de que el Tribunal Constitucional le cerró la puerta a una tercera reelección. Desde entonces, ha liderado protestas que han puesto contra las cuerdas al gobierno de Luis Arce, a quien acusa de haber manipulado a los jueces para impedir su candidatura.
¿Pueden arrestar a Morales?
El escándalo que podría poner tras las rejas al influyente líder cocalero, primer presidente indígena del país, se remonta a 2015, cuando, según la denuncia que indaga el ministerio público, Morales se involucró con una menor de 15 años, con quien tuvo una hija en 2016.
Según la denuncia, los padres de la menor la inscribieron en la “guardia juvenil” de Morales “con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios (...) a cambio de su hija menor”, lo que configuraría el delito de trata de personas.
Ni Morales ni los padres de la supuesta víctima atendieron la citación de la fiscalía, lo que dejó abierta la posibilidad de que el exgobernante sea detenido para que responda por la acusación. Con eso, la autoridad podría ordenar su arresto.
La fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, reabrió la causa contra Morales no solo por “estupro” —que implica acceso carnal con menores de 14 a 18 años—, sino que añadió al expediente la presunción de trata y tráfico de personas.
Si bien la popularidad de Arce está golpeada por la crisis económica, derivada de la escasez de combustibles y dólares, el escándalo podría sacar a su rival de la competencia por la nominación presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS).
De prosperar la denuncia penal, “se afectaría muchísimo su imagen y además sus posibilidades de volver a ser un actor político” cuando se mostraba muy dispuesto a no renunciar a su candidatura a ningún costo, señaló María Teresa Zegada, socióloga de la universidad estatal San Simón.
La denuncia “verdaderamente desequilibra el escenario político contra la posibilidad de que Morales sea candidato, no solamente por la posible veracidad de los hechos, sino porque también ya se ha instalado en términos sociales una sanción respecto” al exmandatario, comenta la analista.
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