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Jair Bolsonaro y su esposa Michelle comparecerán este jueves ante la policía para responder sobre un supuesto desvío de joyas recibidas como obsequios oficiales cuando él era presidente de Brasil, una investigación susceptible de llevarlo a la cárcel.
Declarado en junio inelegible durante ocho años por desinformar sobre el sistema electoral, el exmandatario prestará declaración por quinta vez desde que dejó la presidencia el 31 de diciembre.
El ultraderechista ya fue interrogado por la policía en Brasilia por el asunto de las joyas, por los actos golpistas del 8 de enero por parte de seguidores, por un supuesto plan de golpe de Estado y por presuntamente haber falsificado certificados de vacunación.
Estas son las investigaciones abiertas contra Bolsonaro, así como las que enfrentan también sus hijos.
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- Ante la policía -
El expresidente declara el jueves por un supuesto desvío de varios conjuntos de joyas regaladas por Arabia Saudita, algunas de las cuales habrían ingresado a Brasil de forma irregular en 2019.
La policía sospecha que Bolsonaro y su esposa Michelle participaron junto a varios colaboradores de un esquema de venta de obsequios oficiales recibidos de países extranjeros para el “enriquecimiento ilícito” del expresidente (2019-2022).
Esto incluye por ejemplo un reloj de lujo que habría sido vendido y luego recomprado en Estados Unidos.
El caso podría configurar un delito de lavado de dinero y de peculado (apropiación de bienes públicos), pasibles de prisión.
Bolsonaro negó haber cometido ningún crimen en su declaración previa en abril ante la Policía Federal.
También negó ante esa fuerza en mayo haber participado en la supuesta falsificación de su certificado de vacunación contra el covid-19, así como de otros allegados.
- Ante la corte suprema -
Bolsonaro enfrenta cinco investigaciones en el Supremo Tribunal Federal (STF), susceptibles de penas de prisión.
Cuatro fueron abiertas durante su presidencia, mientras que en la última es investigado como presunto instigador del asalto a las sedes de los tres poderes el 8 de enero en Brasilia.
En uno de los casos, Bolsonaro es acusado de interferir con la policía para proteger a familiares sospechosos de corrupción.
También es investigado por difundir desinformación sobre las urnas electrónicas.
Las otras dos pesquisas son por haber filtrado informaciones confidenciales sobre un ataque cibernético a la corte electoral y por haber asociado durante la pandemia la vacuna anticovid con un supuesto riesgo de contraer VIH.
También debe responder a procesos en primera instancia. Entre ellos, es señalado por “subversión al orden” por su participación en manifestaciones con consignas antidemocráticas el 7 de septiembre de 2021.
Si fuera condenado a las penas máximas por esos delitos, el expresidente enfrentaría casi 40 años de cárcel.
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- Ante la justicia electoral -
El Tribunal Superior Electoral (TSE) declaró a Bolsonaro inelegible el 30 de junio por abuso de poder político y uso indebido de los medios de comunicación al haber atacado sin pruebas el sistema electoral, tres meses antes de perder las elecciones en octubre de 2022 ante el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
Su defensa apelará ante el STF. Ante el TSE se tramitan otros 15 casos por los que podría sumar nuevas condenas. Eso incluye acciones por ataques verbales al sistema electoral o por el supuesto uso de la maquinaria pública en beneficio propio durante los comicios.
- Sus hijos, otra preocupación -
Cuatro hijos del expresidente -tres de ellos políticos- también han cargado con sospechas delictivas, la más reciente con Jair Renan como protagonista.
El hijo varón más joven fue blanco la semana pasada de una operación policial por lavado de dinero. En 2021 ya había sido citado a declarar en el marco de otra investigación por presuntos pagos de sobornos de empresarios para cerrar negocios con la administración pública.
Flávio, senador por Rio de Janeiro, fue acusado en 2020 de haber desviado dinero público de la asamblea legislativa de dicho estado mediante la “recaudación” de parte de los salarios de empleados en su gabinete. La investigación fue archivada.
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Carlos, legislador de Rio, es investigado por un esquema de desvío de dinero mediante la contratación de funcionarios “fantasma” en su gabinete.
Eduardo, diputado por Sao Paulo, fue investigado por la compra de apartamentos con dinero en efectivo, entre 2011 y 2016.
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