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El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), órgano fiscalizador del Estado brasileño y vinculado al Congreso, determinó este jueves investigar el desperdicio de millones de vacunas contra el covid durante la gestión del ahora expresidente Jair Bolsonaro.
En un comunicado, el TCU indicó que creó un Comisión Especial para investigar “irregularidades” en el almacenamiento de vacunas, remedios, insumos y pruebas de diagnóstico que tenían plazo determinado de vencimiento.
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La medida fue tomada a pedido de un grupo de diputados que denunció que con el desperdicio de ese material sanitario el Estado perdió 243 millones de reales (unos US$48,6 millones).
Según el reporte, casi dos millones de dosis de vacunas que habían sido donadas, pero por las cuales Brasil pagó por el transporte, trámites aduaneros, almacenamiento e incineración final, fueron “descartadas”.
También se investigará, entre otros insumos, por la “posible pérdida” de 1,8 millones de pruebas de diagnóstico de covid-19, adquiridas por 78 millones de reales (cerca de US$16 millones).
Frente a las “fallas logísticas” de la administración de Bolsonaro, el TCU recomendó al Ministerio de Salud elaborar en un plazo de diez días un reporte de la “condición actual” de las vacunas en existencia y en tres meses entregar un plan de acción para mejorar la logística.
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Brasil ha sido uno de los países más golpeados en el mundo por la pandemia, que, hasta ahora, tres años después del primer caso, ha causado la muerte de unos 699.000 brasileños y 37 millones de contagios.
Durante la pandemia, el Senado llegó a instaurar una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para indagar sobre la responsabilidad del Gobierno anterior en su gestión sanitaria y la actitud negacionista de Bolsonaro.
Al dejar la presidencia, Bolsonaro deja de disfrutar del fuero especial que la Constitución le otorgaba. Esto implica que la justicia ordinaria puede llevar a cabo las investigaciones y procesos que hay en su contra. En otras palabras, Jair Bolsonaro pasará a ser un ciudadano común, por ende, deberá responder a los procesos penales como un ciudadano común.
“Lo más probable es que esos procesos se remitan a la justicia común, salvo aquellos que involucren personas que mantienen un fuero privilegiado”, indicó la BBC al referirse al futuro de Bolsonaro.
¿Qué implica esto? Que cualquier fiscal dentro de los estados brasileños puede presentar cargos en su contra y los veredictos en los tribunales pueden ser analizados por un juez de primera instancia.
Cabe recordar que Bolsonaro fue crítico de la rama judicial durante gran parte de su mandato. El último episodio de tensión fue en junio de 2022, cuando el expresidente amenazó con incumplir las decisiones de la STF aludiendo que “no voy a vivir como una rata”, luego de que un miembro de su círculo político fuera destituido por difundir noticias falsas.
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