La lucha contra la minería ilegal y la deforestación del Amazonas de Lula ocasionó que decenas de mineros que extraían oro en la selva brasileña huyeran este miércoles. Este plan, denominado “Operación Éxodo”, ya cumple una semana en que las autoridades han establecido una zona de exclusión del espacio aéreo para que las avionetas que utilizaban los mineros no puedan transportar insumos y comida.
El ministro de Justicia, Flavio Dino, afirmó el lunes que el gobierno está desplegando más de 500 policías y soldados para expulsar a los mineros, junto a sus cocineras, prostitutas, y otros grupos atraídos hasta la selva por la fiebre del oro.
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Algunos de los mineros están emprendiendo la huida a pie, informó AFP. Otros, por el río Uraricoera, apiñados en barcos largos y angostos, a veces con hasta 30 pasajeros.
Según lo esperado, las autoridades esperan que “por lo menos el 80 %” de los 15.000 invasores haya salido por su cuenta.
Como primer paso, la agencia ambiental Ibama informó el miércoles que empezó a destruir bienes confiscados en las minas, incluyendo un helicóptero, una avioneta y una excavadora.
A la vez, la Policía Militar de Roraima lanzó la “Operación”, para “intensificar” su presencia y prevenir “trastornos” con la población local durante la huida de los “garimpeiros” (minero).
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La reserva yanomami, mayor territorio indígena de Brasil, es una de las varias que sufrió una entrada masiva de mineros durante el gobierno del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, que estuvo a cargo del país desde 2019 y 2022, a quien los ambientalistas acusan de fomentar las invasiones.
La Policía Federal abrió en enero una investigación por posible “genocidio” contra la comunidad yanomami tras la publicación de un informe oficial que dio cuenta de la muerte de un centenar de niños menores de cinco años el año pasado por desnutrición y otras causas.
La “Operación Éxodo”, un plan criticado
La operación gubernamental ha generado tensiones en la región, que ha visto proliferar una economía en torno a la extracción del oro ilegal.
En el mercado clandestino de Roraima, el gramo de oro se vende a 280 reales, lo equivalente a US$55. La AFP se cruzó con mineros que cargaban hasta 30 gramos de oro cada uno.
En una estación de servicio local, un piloto de avionetas clandestinas mostró a periodistas un puñado de oro reluciente que había recibido como pago por uno de sus vuelos. Le preocupaba que hubiera sido el último, ya que desde que impusieron la zona de exclusión aérea no ha podido trabajar.
Los locales temen el impacto de un aluvión de nuevos desempleados.
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Las autoridades han instado a los invasores a retirarse voluntariamente. Pero Dino prometió procesar a “todos aquellos que cometieron delitos como genocidio, crímenes ambientales, financiación de minería ilegal y lavado de dinero”.
A un buscador de oro de 58 años, que pidió ser identificado apenas con el apodo de “Parmalat”, le molesta ser tratado como un criminal, mientras delitos como la corrupción suelen quedar impunes, afirma. “Somos trabajadores y nos tratan como criminales. Los verdaderos delincuentes no son tratados así”, dijo.
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