Brasil libera a 100 personas que asaltaron el Congreso y el Tribunal Supremo
El ataque contra el Congreso, la corte máxima de justicia y el palacio presidencial fue motivado, según las autoridades, por las declaraciones de Jair Bolsonaro y sus intentos de desconocer la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva.
La Corte Suprema de Brasil informó este martes que autorizó la liberación de 137 acusados de participar en el asalto en enero a las sedes de los tres poderes en Brasilia, pero deberán usar tobillera electrónica y mantenerse alejados de las redes sociales.
“El juez Alexandre de Moraes consideró que podrán responder al proceso en libertad (...) porque las investigaciones no los señalaron como financiadores o principales ejecutores” del ataque, informó el Supremo Tribunal Federal (STF) en un comunicado.
Además del uso de la tobillera electrónica, el juez dispuso otras medidas cautelares, como no salir de sus casas por la noche o los fines de semana y no portar armas de fuego. El STF retendrá los pasaportes de los liberados, que no podrán abandonar las ciudades en que residen sin autorización judicial, no podrán utilizar las redes sociales y deberán presentarse ante las autoridades una vez por semana mientras continúe el proceso. En su mayoría, los acusados son activistas de una ultraderecha violenta que apoyaba al expresidente Jair Bolsonaro y que se negó a reconocer la victoria del progresista Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre pasado.
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El magistrado también tuvo en cuenta que “en su mayoría no tienen antecedentes penales y tienen hijos menores de edad”, y que ya fueron imputados por la Fiscalía por “incitación al delito” y “asociación delictiva”. En total, 803 personas continúan presas y 603 fueron liberadas con medidas cautelares, informó el STF.
Miles de personas inconformes con la derrota del ultraderechista Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales de octubre vandalizaron el 8 de enero las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en Brasilia, una semana después de la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Tras irrumpir por la fuerza en los edificios, arrasaron con todo el mobiliario que encontraron a su paso, incluidas valiosas piezas de arte. Solo en el Palacio del Planalto, sede de la Presidencia proyectada por el arquitecto Oscar Niemeyer, los daños a la fachada, pisos, muebles y obras de arte superan los nueve millones de reales (alrededor de US$1,75 millones).
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Según videos que los asaltantes publicaron en sus redes sociales, compilados por medios locales, con la invasión buscaban “retomar el poder” y “desatar el caos”, para motivar un golpe militar que destituyera a Lula. La justicia incluyó a Bolsonaro en la investigación para determinar quién instigó la asonada. El exmandatario, que durante años sembró dudas sobre la confiabilidad del proceso electoral, niega tener vínculo con los ataques.
Las investigaciones están a cargo de la Policía Federal, que aún está en búsqueda de quienes financiaron esos actos antidemocráticos, que implicaron la movilización de activistas desde diversos puntos del país hacia Brasilia. Asimismo, se intenta determinar si las autoridades policiales e incluso militares colaboraron de alguna manera con el movimiento golpista, sea por su participación directa o por supuestas omisiones en la represión de los actos antidemocráticos.
Lula, de 77 años, ganó la elección por un estrecho margen: obtuvo el 50,9 % de los votos, contra el 49,1 % de Bolsonaro. El asalto contra las instituciones recordó la asonada contra el Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021 por parte de simpatizantes del entonces presidente Donald Trump, que se rehusaban a aceptar su derrota electoral.
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La Corte Suprema de Brasil informó este martes que autorizó la liberación de 137 acusados de participar en el asalto en enero a las sedes de los tres poderes en Brasilia, pero deberán usar tobillera electrónica y mantenerse alejados de las redes sociales.
“El juez Alexandre de Moraes consideró que podrán responder al proceso en libertad (...) porque las investigaciones no los señalaron como financiadores o principales ejecutores” del ataque, informó el Supremo Tribunal Federal (STF) en un comunicado.
Además del uso de la tobillera electrónica, el juez dispuso otras medidas cautelares, como no salir de sus casas por la noche o los fines de semana y no portar armas de fuego. El STF retendrá los pasaportes de los liberados, que no podrán abandonar las ciudades en que residen sin autorización judicial, no podrán utilizar las redes sociales y deberán presentarse ante las autoridades una vez por semana mientras continúe el proceso. En su mayoría, los acusados son activistas de una ultraderecha violenta que apoyaba al expresidente Jair Bolsonaro y que se negó a reconocer la victoria del progresista Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de octubre pasado.
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Tras irrumpir por la fuerza en los edificios, arrasaron con todo el mobiliario que encontraron a su paso, incluidas valiosas piezas de arte. Solo en el Palacio del Planalto, sede de la Presidencia proyectada por el arquitecto Oscar Niemeyer, los daños a la fachada, pisos, muebles y obras de arte superan los nueve millones de reales (alrededor de US$1,75 millones).
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Las investigaciones están a cargo de la Policía Federal, que aún está en búsqueda de quienes financiaron esos actos antidemocráticos, que implicaron la movilización de activistas desde diversos puntos del país hacia Brasilia. Asimismo, se intenta determinar si las autoridades policiales e incluso militares colaboraron de alguna manera con el movimiento golpista, sea por su participación directa o por supuestas omisiones en la represión de los actos antidemocráticos.
Lula, de 77 años, ganó la elección por un estrecho margen: obtuvo el 50,9 % de los votos, contra el 49,1 % de Bolsonaro. El asalto contra las instituciones recordó la asonada contra el Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021 por parte de simpatizantes del entonces presidente Donald Trump, que se rehusaban a aceptar su derrota electoral.
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