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El director del periódico El Faro, Carlos Dada, denunció que un grupo de personas que se presentaron como “agentes del gobierno salvadoreño” llegaron el martes en la residencia del editor de ese medio, Daniel Lizárraga, y le dijeron que tenía cinco días para abandonar el país.
“Lo consideramos, sin lugar a dudas, una forma más de acoso y de ataque contra nosotros, y un intento más por debilitarnos”, dijo Dada durante una transmisión en línea.
Según el diario El Mundo, el gobierno de El Salvador utilizó como argumento que Lizárraga no había demostrado que era periodista, aunque este ha ejercido la profesión desde 1993 y es uno de los maestros de la Fundación Gabo y El Faro se encontraba tramitando su permiso de trabajo.
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El Faro, junto con medios como Revista Factum y Gato Encerrado, ha sido blanco de los ataques del presidente Nayib Bukele desde la publicación de un reportaje en el que se acusó al mandatario de negociar desde junio de 2019 con la pandilla Mara Salvatrucha beneficios penitenciarios y a cambio de una reducción de homicidios y un apoyo electoral al partido Nuevas Ideas en los comicios que se celebraron este año.
Bukele ha dicho que el reportaje es una de las notas “más ridículas” que ha visto y que dicho medio está trabajando con información falsa. La presión del mandatario contra los periodistas de este medio ha sido evidente. En una alocución, Bukele dijo que el Ministerio de Hacienda estaba investigando a El Faro por supuesto “lavado de dinero”. El periódico está siendo sometido a cuatro auditorías, según comunicaron sus directivas. Además, hay varios procesos abiertos en contra de periodistas de este medio por supuestos abusos sexuales, a pesar de que el fiscal general de El Salvador ya dijo que no había ninguna víctima.
“Hemos sufrido seguimientos con vehículos y amenazas de coches bomba en nuestra oficina”, agregó Dada, quien no tiene la intención de detener las investigaciones de su medio a pesar de las amenazas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió en febrero medidas cautelares para proteger a todo el personal de El Faro por considerar que, dado su ejercicio periodístico, las vidas de los periodistas están en riesgo en El Salvador.
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