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Nos ha quedado muy claro que Venezuela ha sufrido una violación sistemática a los derechos humanos por parte del Gobierno —con casos de tortura, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y censura, entre otros—, lo cual ha exacerbado la crisis en el país y ha contribuido a que millones de personas salgan de sus casas en busca de un mejor futuro. Sin embargo, aún no se ha hablado de una de las mayores vulneraciones a los derechos de los venezolanos por parte del oficialismo: la inacción frente al cambio climático y cómo dicha amenaza puede ser un factor adicional para aumentar la migración forzada, no solo en ese país, sino en toda América Latina y en el mundo.
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Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), un promedio de 21,5 millones de personas al año fueron desplazadas por desastres relacionados con el clima entre 2008 y 2016. Esta movilidad humana, cabe resaltar, puede ocurrir tanto dentro como fuera de las fronteras de un país. Y las cosas no mejorarán: un modelo científico pronostica que el cambio climático puede llevar a que, para 2050, el 3 % de la población mundial se vería forzada a desplazarse por cuenta del calentamiento global, solo dentro de su país de origen. El Banco Mundial ha advertido que la migración forzada podría superar los 216 millones de personas y alertó que la verdadera crisis comenzaría en 2030, intensificándose en 2050. Las regiones más afectadas, señalan los expertos, serían África, Asia y América Latina.
En Venezuela, así como en la región, la migración forzada por cuenta del cambio climático no se ha visto reflejada en números a gran escala como en otras regiones del planeta. Nada más en China, más de cinco millones de personas salieron de sus hogares por los desastres provocados por los peligros naturales durante 2020. Junto con Filipinas, Bangladesh, India y Estados Unidos, China representó el 60 % de los nuevos desplazamientos internos debido a desastres. Aun así, con números mucho menores, la amenaza ya es evidente en nuestra región.
Brasil encabeza la lista en Sudamérica con 358.000 nuevos desplazamientos solo en 2020 por cuenta de las inundaciones y deslizamientos cada vez más comunes, pero también por la aceleración de la deforestación y las sequías. En el centro del continente la situación más preocupante se presenta en Honduras, donde el Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés) estima que 937.000 hondureños tuvieron que salir de sus hogares. La Acnur señala que alrededor de 247.000 personas han sido desplazadas dentro del país, y otras 183.000 han solicitado protección internacional. Esta crisis se produjo tras eventos climáticos extremos como la llegada de los huracanes Iota y Eta y por el frente frío que también afecta a México y a otros vecinos.
En Venezuela, los números de desplazamiento interno por desastres no son nada en comparación con los casi seis millones de venezolanos que han salido por la crisis política y humanitaria en el país. Según el IDMC, se estima que en 2020 hubo apenas 2.400 nuevos desplazamientos por cuenta de desastres naturales, mucho menos que en 2018, cuando hubo 32.000. Sin embargo, expertos advierten que esto podría cambiar pronto, a medida que los efectos del cambio climático se sientan más en el Caribe.
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Juan Carlos Sánchez, doctor en ciencias ambientales y participante de la negociación del Protocolo de Kyoto en la década de 1990, señala que cada vez hay una mayor frecuencia e incidencia de los eventos extremos en el país, como períodos de sequía y lluvias extremas. Esto tras realizar un estudio sobre los deslizamientos en la zona de La Guaira en Venezuela.
“Estos eventos muestran que en Venezuela ya tenemos incidencia del cambio del clima. Aún no ha ocurrido un evento de tal magnitud que produzca una migración venezolana, como lo producen la crisis humanitaria y la reducción de la economía. Pero, efectivamente, va a haber un impacto adelante por las olas de calor en todos los países tropicales, donde ya hay temperaturas muy altas. El aumento de temperatura esperado por los modelos de simulación será de 2,7 a 3 grados centígrados para la mitad del siglo. Esto se traduciría en la triplicación de la frecuencia de los eventos extremos y sequías más prolongadas”, dice Sánchez.
Con respecto a la temperatura, Sánchez llega a un punto muy importante: la crisis energética. En Venezuela se alcanzan temperaturas de hasta 38 y 40 grados Celsius por períodos de tres días. Si los promedios suben, será muy difícil vivir bajo las olas de calor. El experto, que ha experimentado olas de calor en Europa, dice que a sus 60 años le es muy difícil tolerar más de media hora en la calle. “Incluso con un sombrero es imposible. Uno se marea”, explica.
Ahora, extrapolando la situación a Venezuela, Sánchez se pregunta cuánto acceso tiene la población al aire acondicionado. “Muy poco”, advierte el analista. Y a esa falta de accesibilidad hay que sumarle el hecho de que algunas de las centrales energéticas que alimentan a todo el país están también en el foco de los efectos del cambio climático.
Es el caso de la cuenca alta del río Caroní, ubicada en el estado de Bolívar, en la región de Guyana. El río alimenta la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar y el sistema de represas construidas a lo largo del sistema, que en conjunto suministran más del 70 % de la energía eléctrica nacional, según se lee en el Primer Reporte Académico de Cambio Climático de Venezuela. La incidencia de sequías prolongadas en esta región causa profundos impactos a escala nacional, y entre más frecuentes sean estos episodios, mayor inestabilidad Habrá en la red energética de la nación.
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“Eso sí va a ocasionar migraciones dentro del país, incluso diría que fuera del país. Pero los vecinos también tendrán el mismo problema. Por eso algunos levantarían barreras para enfrentar esa migración, porque van a estar afrontando los mismos problemas. Es bastante grave la situación del cambio climático en ese aspecto”, señala.
Natalia Daza, investigadora en temas de cambio climático y derechos humanos, coincide con Sánchez en que las consecuencias serán devastadoras si no se toman medidas de inmediato.
“Uno podría hablar de pérdidas económicas grandes, a costos que no logramos dimensionar hoy, que inclusive pueden ser mayores a las pérdidas relacionadas con la pandemia. Pero más allá de ello está la cuestión de los derechos humanos. Se van a dar violaciones masivas al derecho a la vida, porque hay quienes la perderán por eventos climáticos extremos, pero también por los cambios en la temperatura y precipitaciones que van a generar vulnerabilidades, tales como las enfermedades relacionadas con el estrés térmico. A esto se suma la dificultad que se puede dar para cultivar alimentos en zonas de alteración del clima. A lo que nos enfrentamos es a una vulneración masiva de derechos”, advierte Daza.
Todo esto culminará en una violación masiva a los derechos humanos que, si bien ya se ve, se acentuará aún más. Ahora, como bien señala la ONU, el cambio climático es una cuestión de derechos humanos y ningún país puede mantenerse al margen de las acciones para frenar esta amenaza, considerando que afecta a las generaciones futuras de cada rincón del planeta.
“Antes de la llegada de la revolución bolivariana había una posición internacional de Venezuela frente al cambio climático que se discutió muchísimo a nivel ministerial. Se veía como riesgo mayor por la incidencia sobre la inseguridad alimentaria por el empobrecimiento de los suelos y el impacto sobre los ecosistemas. Así se logró adoptar la posición de anteponer la defensa de los recursos naturales al negocio petrolero, y que este diera una compensación para defender el medio ambiente. Luego el tema fue descuidado. Falta de participación y de funcionarios que sabían del tema”, dijo Sánchez.
La incidencia de Venezuela en las conferencias sobre cambio climático también se vio torpedeada por las diferencias ideológicas del país con otros en la región. Daza también dice que si bien Venezuela está presente en algunos escenarios del clima a escala regional, “su participación es muy poco conocida, así como los compromisos que adquiere en cada reunión a la que asiste”.
Los países de América, aseguran los expertos, necesitan contemplar el cambio climático como un problema de interés nacional y regional y adoptar medidas que se vean reflejadas en su arquitectura institucional.
“La preexistencia de un marco legal ambiental nacional y la incorporación de instrumentos jurídicos de alcance internacional relativos al cambio climático representan precondiciones de ventaja”, resalta Daza.
El cambio climático nos va a afectar a todos por igual, para eso basta ver el mapa con el que se proyecta cuáles serán los impactos en la región. Y si lo que se quiere es reducir los desplazamientos forzados, América Latina, en asociación con los países del norte, debe adoptar en bloque un paquete de medidas para mitigar la situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos.