En Canadá ya entró en vigencia la ley que impone sanciones a las “terapias de conversión” para la población LGBT+, que incluyen prisión hasta por cinco años a quienes las ofrezcan. Así, la nueva ley, apoyada por David Lametti, ministro de Justicia, prohíbe obligar a alguien a someterse a una terapia de conversión y llevar a un menor al extranjero para participar de ella, así como restringe lucrarse, promover o publicitar dichas prácticas.
Luego de varias trabas para su aprobación, recordando que el gobierno de Justin Trudeau la había buscado en tres ocasiones, tanto el Senado como la Cámara Baja dieron su visto bueno con unanimidad en diciembre del 2021, abriendo paso a que desde ya la ley se pueda aplicar. Para ese entonces, el primer ministro canadiense escribió en Twitter: “Gracias a todos los que la han hecho posible. Sigamos construyendo un país en el que cada uno sea libre de ser quien es y de amar a quien ama”.
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Ahora bien, algunos legisladores dieron a conocer en redes sociales las objeciones que no se escucharon en dichos debates. Por ejemplo, Ted Falk, miembro conservador del parlamento de Manitoba, escribió en Facebook: “Hubo unos cuatro segundos en los que cualquiera de nosotros podría haber expresado una objeción y, con toda honestidad, antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la moción había sido aprobada. Lo que solicitaron repetidamente muchos de los que hicieron presentaciones fue la garantía del Gobierno, incluida en la legislación misma, de que las conversaciones con un líder religioso, consejero o padre continuaran siendo protegidas y posibles. Lamentablemente, estas solicitudes no fueron consideradas”.
Con la entrada en vigencia de la nueva ley, Canadá se suma a los países que han prohibido las “terapias de conversión”, como recientemente lo hizo Francia, así como a los Estados que han adoptado algunas disposiciones legales para la protección en contra de ellas, entre los que están India, Malta, Ecuador y Alemania. Cabe recordar que esta disposición federal se suma a la legislación local que existe en Calgary, Vancouver y Edmonton, así como en las provincias de Ontario y Nueva Escocia.
“Este es un paso increíblemente importante para garantizar que las personas queer y trans en Canadá se sientan válidas y merecedoras de protección total”, dijo Michael Kwag, director de políticas del Centro de Investigación Basado en la Comunidad en Toronto, que investiga la salud de las personas de diversas sexualidades y géneros, a The New York Times. “También envía un fuerte mensaje a todo el país de que cualquier intento de cambiar, negar o suprimir la identidad de las personas queer y trans está mal”, agregó.
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Un informe del Centro de Investigación Comunitaria, institución con sede en Vancouver, publicó un estudio en junio del 2021 en el que se lee que el 21 % de los encuestados pertenecientes a una minoría sexual dijo haber sido objeto de esfuerzos para cambiar su orientación sexual, identidad de género o expresión de género, además de que el 10 % afirmó que había experimentado dichas “terapias”. Según cálculos de los autores, más de 50.000 canadienses han sido sometidos a ellas, se lee en El País.
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