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La Cancillería informó este miércoles que el jefe de la cartera, Álvaro Leyva, se reunió en Países Bajos con Carlos Argüello, el agente de Nicaragua ante La Haya, para “conversar sobre el correcto cumplimiento de las sentencias proferidas por ese Tribunal y responder adecuadamente a las necesidades de las comunidades del Caribe”.
Según la entidad, “acordaron avanzar de manera pronta las reuniones pertinentes y continuar el diálogo iniciado el día de hoy”.
Leyva convocaría a un nuevo encuentro “que podría tener lugar en Bogotá, Managua o en La Haya”, según un comunicado.
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Vale la pena recordar que el pasado 13 de julio, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, resolvió la última demanda pendiente de Nicaragua contra Colombia.
En esa ocasión, la Corte denegó todas las pretensiones que tenía el país centroamericano, que buscaba un reconocimiento de una plataforma continental más allá de 200 millas náuticas desde su costa. En otras palabras: que el alto tribunal le extendiera el territorio submarino.
La demanda que se resolvió ese día había sido presentada en 2013, y fue la segunda (de tres) que interpuso Nicaragua.
La primera fue la de 2001, resuelta en 2012, mientras que el fallo de la última (presentada también en 2013) se conoció en abril de 2022. Fue entonces que la Corte, aunque negó las pretensiones de Nicaragua sobre cómo medir su mar territorial, dijo que Colombia sí había violado la zona marítima del otro país.
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El fallo de julio, para expertos en derecho y relaciones internacionales, sería apenas el principio de un trabajo binacional, pues “la delimitación definitiva entre Colombia y Nicaragua no está del todo demarcada porque el fallo de hoy (13 de julio) sienta criterios, pero no un trazo”, dijo en su momento el profesor Fabián Cárdenas, profesor de la Universidad Javeriana.
“Para poder poner fin a esto, para tener un mapa concreto, la Corte dio los criterios para que Colombia y Nicaragua se sienten a negociar el trazo con base en la aplicación de los fallos”, agregó.
En esto, es clave la negociación sobre los derechos de pesca de los raizales, que se vieron afectados tras la ampliación de la zona económica exclusiva de Nicaragua en la decisión de la Corte de 2012, desfavorable para Colombia.
Para Rodolfo Cano, profesor de la Universidad Externado, la negociación se tendría que extender no solo a lo fronterizo, sino a lo militar, y que aborde “la integración, el desarrollo y la seguridad del mar Caribe Asimismo, en contra del tráfico de estupefacientes y la explotación ilegal de recursos naturales, siempre buscando procurar un buen entendimiento entre los países por el bien de los pobladores y en general del mar Caribe”.
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La negociación entre ambos países, no obstante, ha sido vista con recelo por parte de figuras como el expresidente Iván Duque, quien, tras el fallo de julio, expresó que Colombia debería seguir defendiendo la inaplicabilidad del fallo de 2012, una postura que se tomó desde el Gobierno de Juan Manuel Santos.
Sin embargo, para los expertos, la negociación no solo es necesaria para evitar pleitos futuros, sino en aras de la coherencia: “Si el mensaje ha sido el respeto al derecho internacional, que eso sea tanto para el fallo de 2012, como el del 2022, como el del 2023. Colombia no puede tomar la posición de decir que el fallo que ganamos lo respetamos, pero el de 2012 no. Esa falta de congruencia no es posible”, dijo Cárdenas en su momento.
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