Por comunicado, Cancillería peruana pide respeto por las decisiones del Estado
El gobierno peruano y organizaciones como Human Rights Watch se pronunciaron ante el comunicado de los gobiernos de Colombia, Argentina, México y Bolivia.
“Que se respeten las decisiones que vienen adoptando los poderes del Estado para resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el Perú”, respondió la Cancillería peruana al comunicado conjunto de Colombia, Argentina, México y Bolivia sobre la situación en el país tras la destitución de Pedro Castillo.
Los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia publicaron el lunes un comunicado en el que expresaron su “profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú”.
Castillo permanece detenido tras ser destituido el pasado miércoles por el Congreso, luego de dictar la disolución del Legislativo y anunciar que conformaría un Ejecutivo de emergencia, gobernaría por decreto, convocaría una asamblea constituyente y llevaría a cabo una reorganización del sistema judicial.
Siga el minuto a minuto de los sucesos en Perú este martes: Perú vive nueva jornada de protestas; “jamás renunciaré”, dice Pedro Castillo
El expresidente expresó este martes durante una audiencia: “Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá. Desde acá quisiera exhortar a las fuerzas armadas y la policía nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”.
Este martes, a través de su comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que las acciones “contrarias al orden constitucional” provocaron la destitución de Castillo a instancias del Congreso y que, siguiendo al Carta Magna, Boluarte tomó posesión. Añade que la funcionaria, además, atendiendo el clamor popular, ha presentado el proyecto para adelantar elecciones.
Los gobiernos de los países autores del comunicado conjunto, sin embargo, aseveran que “para el mundo no es novedad que el Presiente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ‘Pacto de Costa Rica’, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención”.
La Cancillería, no obstante, señala que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció, en su comunicado del 8 de diciembre, “…la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional” y reafirmó “que aquella debe ser resguardada por la vigencia del Estado de derecho””.
Por lo mismo, resaltó en su comunicado la importancia de que “se cumplan con las obligaciones internacionales previstas en el Sistema Interamericano y en particular en la Carta Democrática Interamericana”.
Por su parte, Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, expresó que es “lamentable” que esos países “respondan a la grave crisis en Perú victimizando a Castillo, quien intentó disolver el Congreso en medio de investigaciones por corrupción. América Latina debe apoyar a Perú defendiendo el estado de derecho”.
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“Que se respeten las decisiones que vienen adoptando los poderes del Estado para resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el Perú”, respondió la Cancillería peruana al comunicado conjunto de Colombia, Argentina, México y Bolivia sobre la situación en el país tras la destitución de Pedro Castillo.
Los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia publicaron el lunes un comunicado en el que expresaron su “profunda preocupación por los recientes sucesos que resultaron en la remoción y detención de Pedro Castillo Terrones, presidente de la República del Perú”.
Castillo permanece detenido tras ser destituido el pasado miércoles por el Congreso, luego de dictar la disolución del Legislativo y anunciar que conformaría un Ejecutivo de emergencia, gobernaría por decreto, convocaría una asamblea constituyente y llevaría a cabo una reorganización del sistema judicial.
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El expresidente expresó este martes durante una audiencia: “Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me ha traído acá. Desde acá quisiera exhortar a las fuerzas armadas y la policía nacional que depongan las armas y dejen de matar a este pueblo sediento de justicia”.
Este martes, a través de su comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores recordó que las acciones “contrarias al orden constitucional” provocaron la destitución de Castillo a instancias del Congreso y que, siguiendo al Carta Magna, Boluarte tomó posesión. Añade que la funcionaria, además, atendiendo el clamor popular, ha presentado el proyecto para adelantar elecciones.
Los gobiernos de los países autores del comunicado conjunto, sin embargo, aseveran que “para el mundo no es novedad que el Presiente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ‘Pacto de Costa Rica’, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención”.
La Cancillería, no obstante, señala que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reconoció, en su comunicado del 8 de diciembre, “…la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional” y reafirmó “que aquella debe ser resguardada por la vigencia del Estado de derecho””.
Por lo mismo, resaltó en su comunicado la importancia de que “se cumplan con las obligaciones internacionales previstas en el Sistema Interamericano y en particular en la Carta Democrática Interamericana”.
Por su parte, Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, expresó que es “lamentable” que esos países “respondan a la grave crisis en Perú victimizando a Castillo, quien intentó disolver el Congreso en medio de investigaciones por corrupción. América Latina debe apoyar a Perú defendiendo el estado de derecho”.
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