Caos, furia y errores: 600 días dentro de la crisis migratoria de Nueva York
El alcalde de Nueva York, Eric Adams, busca ayuda federal para antender la crisis migratoria de la ciudad.
Andy Newman y Dana Rubinstein | The New York Times
Casi 70.000 inmigrantes hacinados en cientos de refugios de emergencia. Personas durmiendo en el suelo o acurrucadas en las aceras bajo el frío de diciembre. Familias amontonadas en tiendas de campaña gigantes en las afueras de la ciudad, a kilómetros de escuelas o servicios.
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Casi 70.000 inmigrantes hacinados en cientos de refugios de emergencia. Personas durmiendo en el suelo o acurrucadas en las aceras bajo el frío de diciembre. Familias amontonadas en tiendas de campaña gigantes en las afueras de la ciudad, a kilómetros de escuelas o servicios.
Y la ciudad de Nueva York está gastando cientos de millones de dólares al mes para cuidar de todos ellos.
Este otoño, un funcionario del gobierno del alcalde Eric Adams se refirió a la obligación de la ciudad de albergar y alimentar a los 500 nuevos inmigrantes que todavía llegan cada día como “nuestra nueva normalidad”.
Es una normalidad que difícilmente podría haberse imaginado hace 18 meses, cuando los inmigrantes comenzaron a gravitar hacia la ciudad en grandes cantidades desde la frontera sur del país.
La crisis migratoria en Nueva York es producto de algunos factores que escapan al control de la ciudad, incluida la conmoción mundial, un gobierno federal que permite la entrada de inmigrantes en cantidades récord sin darles a la mayoría de ellos una forma de trabajar legalmente y una norma local única que exige que la ciudad ofrezca una cama a cada persona sin hogar.
Pero las dimensiones del problema —el costo de 2400 millones de dólares hasta el momento, las duras condiciones, el número de migrantes estancados en refugios— también pueden atribuirse a las acciones tomadas y no tomadas por el gobierno de Adams, según encontró The New York Times en decenas de entrevistas con funcionarios, defensores y migrantes.
Cuando la ciudad se apresuró a improvisar un sistema que ha procesado a más de 150.000 personas desde el año pasado, tuvo innumerables fallos, muchos de los cuales nunca antes habían sido reportados.
Durante la mayor parte de la crisis, la ciudad no tomó medidas básicas para ayudar a los migrantes a salir de los refugios y encontrar hogares. Esperó un año para ayudar a un gran número de inmigrantes a solicitar asilo, lo que muy probablemente le cerró el camino hacia el empleo legal a miles de personas.
La ciudad ha firmado más de 2000 millones de dólares en contratos sin licitación, algunos con proveedores que han sido acusados de abusar de los inmigrantes. Ha pagado más del doble para albergar a cada hogar de inmigrantes que para albergar a una familia sin hogar antes de la crisis.
Y una y otra vez, Adams, demócrata, pareció dificultar su propio trabajo al reprender a los funcionarios estatales y federales cuya ayuda buscaba.
“La línea del tiempo es una serie de respuestas tardías y posturas antagónicas”, dijo Christine Quinn, directora de la red de refugios familiares más grande de la ciudad y expresidenta del Concejo Municipal.
En la cálida mañana de primavera del 13 de abril de 2022, poco después de las 8 a. m., un autobús se detuvo en una esquina en Washington D. C. Los pasajeros salieron con aspecto confundido, agarrando carpetas de papel manila de formas burocráticas tras un viaje de 26 horas desde la frontera con México.
Al menos seis hombres continuaron hacia la ciudad de Nueva York, en una furgoneta alquilada por Catholic Charities.
Fueron, en cierto sentido, pioneros: pasajeros del primer autobús de inmigrantes enviado al norte por el gobernador de Texas, Greg Abbott, como una artimaña para protestar contra las políticas fronterizas, y el primer grupo de esos inmigrantes que se dirigió a Nueva York.
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Más inmigrantes llegaron a medida que la pandemia de coronavirus fue disminuyendo, huyendo de países desestabilizados. Los venezolanos, a quienes Estados Unidos no deportó en los primeros días de la afluencia, llegaron por decenas de miles. Otros vinieron de Ecuador, Senegal, Mauritania y China.
Cuando la tasa de desocupación en los refugios familiares cayó por debajo del 1 por ciento, los funcionarios buscaron formas de evitar desafiar el decreto judicial que garantiza el “derecho a un refugio”.
Julia Savel, entonces portavoz del comisionado de servicios sociales de la ciudad, Gary Jenkins, dijo que Jenkins la presionó para que le ocultara al público un desastre inminente (Jenkins, quien luego renunció, dijo la semana pasada sobre la afirmación de Savel: “Eso no es cierto en absoluto”).
Para el 12 de julio de 2022, la situación era muy grave. Hablando por teléfono con un familiar, Savel rompió a llorar: “Realmente, creo que estamos a punto de violar la ley”.
Una semana después, Adams hizo sus primeros comentarios extensos sobre los inmigrantes. Dijo que la ciudad “da la bienvenida a los recién llegados con los brazos abiertos”.
El alcalde añadió que la ciudad tenía “la obligación moral y legal de albergar a cualquier persona sin hogar”. Confiaba en que pronto llegaría ayuda de Washington.
Savel visitó la oficina de admisión de familias en el Bronx y encontró caos. “Todos los que entraban hablaban español; todos los que trabajaban allí hablaban inglés. Había una mujer en labores de parto, con nueve meses de embarazo, sentada en el suelo”, dijo. “Los niños lloraban porque tenían hambre; no teníamos suficiente comida. Había personas de pared a pared”.
La ciudad había violado su deber de albergar a todos. Cuando la historia salió a la luz, tuvo un escándalo menor entre manos.
Ese verano, en una reunión de la alcaldía, las organizaciones sin fines de lucro dijeron a los funcionarios que debían entrevistar a todos los inmigrantes para determinar qué servicios podrían ayudarlos a tener una vivienda permanente, según tres defensores que asistieron. La ciudad y sus contratistas comenzaron a hacer algo de esto, pero los funcionarios de la ciudad reconocieron que pasó un año antes de que emprendieran un esfuerzo más integral.
Un día a principios de octubre de 2022, llovió en el Bronx.
Cayeron menos de 25 milímetros de lluvia. Pero se formaron charcos en el estacionamiento de Orchard Beach, donde un contratista de la ciudad que había construido parte del muro fronterizo de la era Trump estaba levantando un complejo de tiendas de campaña para los migrantes.
Los críticos habían advertido que el terreno era propenso a inundaciones y que era poco práctico y remoto. Pero la población migrante se había duplicado, llegando a 12.000. La ciudad, desesperada por encontrar viviendas de emergencia, “buscó 50 ubicaciones y encontró la mejor”, dijo el alcalde.
Además, dijo, “la gente vive en zonas de inundación”.
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La alcaldía dio media vuelta y encontró un nuevo lugar: la isla Randalls, más al sur. Pero, entonces, la migración se desaceleró temporalmente. La instalación permaneció prácticamente vacía durante un mes hasta que la ciudad la desmanteló.
Fue un enfoque descoordinado y costoso para la gestión de crisis que llegaría a caracterizar los problemas de la ciudad por mantenerse al día con las fluctuaciones de migrantes.
Ese septiembre, las agencias que se esperaba que manejaran una emergencia para personas sin hogar, el Departamento de Servicios para Personas sin Hogar o la Oficina de Manejo de Emergencias, dijeron que estaban demasiado abrumadas. La alcaldía celebró una reunión y pidió a las agencias que se ofrecieran como voluntarios.
Hubo un silencio.
“Lo haremos”, dijo Mitchell Katz, director de los hospitales públicos de la ciudad. Al principio de la pandemia, su agencia administró hoteles de aislamiento. Esto parecía una “empresa muy similar”, señaló.
El operador del hospital había sido elogiado por su respuesta al COVID-19, pero también había cometido errores costosos. A medida que la agencia hospitalaria fue construyendo dormitorios en tiendas de campaña y convirtiendo hoteles en refugios, volvió a muchas de las mismas empresas que utilizó durante la pandemia, aunque carecían de experiencia alojando a personas sin hogar o atendiendo a inmigrantes.
En mayo, un periodista le preguntó a la vicealcaldesa de Salud y Servicios Humanos, Anne Williams-Isom, cuántos de los 72.000 migrantes que habían pasado por los portales del sistema de refugio habían aplicado para la solicitud de asilo. “Muy pocos”, respondió, y agregó: “Vamos a trabajar en eso”.
¿Por qué tan pocos?, preguntó el periodista.
“Probablemente, no sabían dónde conectarse a los servicios, no sabían a quién entregarle sus documentos”, dijo Williams-Isom.
Fue una admisión sorpresiva por parte de la persona clave de la alcaldía sobre la respuesta a los inmigrantes.
Solicitar asilo —un proceso largo y complejo con un plazo de un año— es uno de los pocos caminos que tienen las personas que cruzan la frontera para trabajar de manera legal.
La ciudad le había rogado al gobierno federal que acelerara las autorizaciones laborales. Pero durante un año, la ciudad hizo poco para encaminar a los inmigrantes hacia el trabajo y solo a finales de junio abrió un centro de ayuda para asilo. Si hubiera actuado antes, escribieron funcionarios estatales, “es probable que miles de inmigrantes más pudieran trabajar hoy”.
La lentitud era parte de un patrón. Durante la mayor parte de la crisis, la ciudad pareció ignorar los llamados a brindar más servicios para ayudar a los migrantes a salir más rápido de los refugios, un lapso que se volvió más costoso con el tiempo.
Mantener a una familia migrante en un albergue durante un mes cuesta alrededor de 12.000 dólares. Sacar a 10.000 familias de los refugios ahorraría más de 1000 millones de dólares al año. Pero la ciudad a menudo parecía estar tan abrumada tratando de encontrar una cama para todos cada noche que tenía poco espacio para planificar.
Fue solo cuando los funcionarios del hospital abrieron un centro de llegada en mayo en el Roosevelt, un desgastado pero otrora grandioso hotel del centro de la ciudad, que la ciudad comenzó a sondear más exhaustivamente a los inmigrantes para determinar qué necesitaban para volverse autosuficientes.
“Estamos empezando a tener esas conversaciones ahora”, le dijo Ted Long, quien dirige la respuesta a los migrantes en la agencia hospitalaria, al Concejo Municipal en agosto.
Las condiciones en algunos refugios eran angustiosas. Los inmigrantes eran alojados durante semanas en “centros de alivio” que a veces carecían de elementos básicos como duchas. Un refugio en un edificio de oficinas reformado en Manhattan no tenía aire acondicionado.
En septiembre, Adams dijo que sin más ayuda federal, “este problema destruirá a la ciudad de Nueva York”. Pidió un recorte presupuestario de la ciudad del 15 por ciento, citando los costos de los inmigrantes.
Pero los críticos del alcalde dijeron que el daño presupuestario fue en parte autoinfligido. A lo largo de la crisis, la ciudad ha dependido en gran medida de contratos de emergencia sin licitación con empresas privadas que aumentaron drásticamente los costos.
Antes de la afluencia de inmigrantes, la ciudad pagaba un promedio de 188 dólares por día para albergar a una familia con niños. Ahora, está pagando casi 400 dólares por cada “hogar” de inmigrantes, que incluye a adultos solteros.
Algunos de los cargos más sorprendentes provienen de DocGo, una empresa de servicios médicos contratada por el sistema hospitalario para administrar los servicios en el Roosevelt. Durante la pandemia, DocGo tomó muestras de medio millón de narices para el programa de pruebas de la ciudad. Para los inmigrantes, los hospitales pagaron millones a DocGo para que se encargara de labores que iban mucho más allá de su experiencia, incluida la seguridad, asistencia social y la inscripción escolar.
A DocGo se le permitió cobrar 33 dólares diarios por migrante por las comidas del refugio, el triple de las tarifas de otros proveedores. Cobraba 150 dólares la hora por las enfermeras tituladas, mientras que otro proveedor, MedRite, cobraba 80 dólares.
Esta primavera, los líderes del hospital recomendaron a DocGo para un contrato de 432 millones de dólares con el departamento de vivienda de la ciudad que incluía el traslado de inmigrantes a moteles en el norte del estado. Contrató guardias de seguridad no registrados, dio a algunos inmigrantes documentos de autorización de trabajo falsos y los guardias amenazaron a los inmigrantes con violencia, dijeron algunos inmigrantes.
Actualmente DocGo enfrenta investigaciones por parte del fiscal general del estado y del contralor de la ciudad.
Los funcionarios de DocGo han rechazado las críticas a su gestión de los contratos de inmigrantes. La ciudad ha dicho que toma en serio las acusaciones y que cooperará con las investigaciones.
Este mes, el contralor, Brad Lander, restringió el poder de emergencia del alcalde para contratar servicios para migrantes sin revisión. Su portavoz señaló “fallos generalizados” por parte de la ciudad.
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