Carros bomba: lo que lamentablemente Ecuador aprende de México y Colombia

Dos carros bomba conmocionaron a la ciudad de Quito (Ecuador) entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Los hechos, que no dejaron víctimas, son vistos no solo como actos supremamente inusuales ―aun en medio de la escalada violenta que ha vivido el país en los últimos meses―, sino como el envío de un mensaje.

Dos carros bomba conmocionaron a la ciudad de Quito (Ecuador) entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves. Los hechos, que no dejaron víctimas, son vistos no solo como actos supremamente inusuales ―aun en medio de la escalada violenta que ha vivido el país en los últimos meses―, sino como el envío de un mensaje.

Según los reportes, uno de los vehículos explotó a las afueras del Servicio de Atención de Personas Privadas de la Libertad (SNAI), la autoridad a cargo de las cárceles, mientras que el otro carro lo hizo frente a un edificio que solía alojar oficinas de esa institución. Ambos vehículos quedaron destruidos y portaban cilindros de gas, según constataron periodistas de la AFP.

Se sabe, de acuerdo con la Policía, citada por la misma agencia, que dos personas en moto “habrían lanzado líquido inflamable” sobre el segundo vehículo, que estaba estacionado.

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En total, seis personas, con antecedentes de delitos como extorsión, robo y asesinato, fueron detenidas por estos hechos, una de ellas de nacionalidad colombiana. “Tres de ellos fueron detenidos hace 15 días por el robo de un camión y secuestros extorsivos en diferentes puntos de la ciudad y fueron liberados con medidas sustitutivas”, dijo el jefe policial, citado por la agencia de prensa.

En un primer momento, se dijo que el ataque había ocurrido horas después de un traslado de presos por parte del SNAI para evitar enfrentamientos carcelarios entre bandas ligadas al narcotráfico. En los últimos dos años, los choques intramurales han dejado más de 400 muertos en Ecuador.

Sin embargo, se sospecha en particular del traslado a una cárcel de máxima seguridad para Gordo Luis, que había sido expulsado de Colombia en julio y que es acusado de ser uno de los cabecillas de la banda Los Lobos, organización criminal a la que se le ha atribuido el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el pasado 9 de agosto.

Por estos elementos, los carros bomba han sido vistos como una posible respuesta a las acciones de las autoridades.

“Quieren amedrentar al Estado para evitar que sigamos cumpliendo con la función que tienen las fuerzas armadas y la policía en controlar estos centros penitenciarios”, dijo Wagner Bravo, ministro de Seguridad, en una entrevista con la radio FM Mundo, retomada por la AFP.

“Las medidas que hemos tomado, en especial, en el sistema penitenciario, han generado reacciones violentas de las organizaciones criminales que pretenden amedrentar al Estado”, trinó, por su parte, el presidente Guillermo Lasso en la tarde de este jueves.

“Pero estamos firmes y no vamos a retroceder en el objetivo de capturar a peligrosos delincuentes, desarticular bandas delictivas y pacificar las cárceles del país”, agregó el mandatario, que a finales de julio decretó el estado de excepción en el sistema penitenciario, lo que permite la acción militar en las prisiones.

Como además recuerda la AFP, horas antes de los ataques, soldados y policías llevaron a cabo un operativo para incautar armas y explosivos en la ciudad de Latacunga. La intervención provocó protestas por parte de los reclusos en la cárcel de Cuenca, en donde al menos 57 guardias penitenciarios y policías fueron retenidos.

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Ataques inusuales

Los ataques con carros bomba en Ecuador son inusuales, por lo que las explosiones de las últimas horas inevitablemente hicieron recordar uno de los pocos antecedentes: el atentado con carro bomba, en 2018, contra el cuartel policial de San Lorenzo, en la provincia fronteriza de Esmeraldas, que dejó más de una veintena de heridos y fue atribuido al narcotráfico.

Fue el mismo año en que, mientras la tasa de homicidios del Ecuador empezaba a subir levemente desde el mínimo histórico de cinco asesinatos por cada 100.000 habitantes, dos periodistas y un conductor del diario El Comercio eran secuestrados y asesinados cuando investigaban el conflicto en la frontera con Colombia. Alias Cherry, de la disidencia de las FARC Oliver Sinisterra, admitió su responsabilidad en el crimen.

Desde entonces el deterioro de la seguridad ha hecho que el país haya pasado de ser considerado uno de los más tranquilos de la región a uno de los más violentos, con una tasa de homicidios por encima de 25 por cada 100.000 habitantes. Todo esto, impulsado por el narcotráfico y el papel clave que Ecuador ha empezado a tener como “bisagra” entre Colombia y los carteles mexicanos.

Por lo mismo, las comparaciones con la violencia que han vivido México y Colombia han sido prácticamente inevitables.

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“Por lo general los métodos de terror ejecutados por los grupos criminales pasan por un proceso de aprendizaje no solo en contraste a lo que sucedió y sucede en la frontera sur de Colombia, sino también con algunos contrastes similares de ejercicio de presión que ejecutan las organizaciones criminales mexicanas”, explica Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

“Recordemos que la quema de vehículos y coches bomba también ha sido recurrente como estrategia de presión al gobierno mexicano”, resalta.

Mirando hacia atrás, explica que “los coches bomba en Ecuador son una estrategia de presión y terror que se inició en 2018 precisamente en la frontera, en el cuartel de policía en San Lorenzo en Esmeraldas. Le han seguido otros atentados sin víctimas en Guayaquil”.

Por lo anterior, añade que, para Quito, se trata de algo completamente nuevo, como también lo fue un hecho como el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio.

En ese momento, seis colombianos fueron capturados como sospechosos. Rivera, en aquella ocasión, se refirió también a esta suerte de “aprendizajes” e intercambios que hay entre las organizaciones criminales: según él, no necesariamente existe “una relación o interés de organizaciones colombianas en el contexto político ecuatoriano. Al igual que la especialización y subcontratación del narcotráfico, también en este caso responde a una especialización de sicarios. Era una operación altamente planificada que requería sicarios expertos, algo que el contexto de violencia en Colombia dejó como portafolio para el crimen internacional, con lo cual responde más a una contratación para un servicio puntual”.

Para Rivera, en definitiva, “para este caso [los carros bomba] no buscaron víctimas, únicamente enviar el mensaje”, sin olvidar que Ecuador se dispone a votar en una segunda vuelta presidencial en octubre próximo, en medio de hechos de violencia política sin precedentes, como el asesinato de Villavicencio y del alcalde de Manta, Agustín Intriago.

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