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El expresidente peruano Pedro Castillo solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ordene al Estado peruano su “inmediata libertad” y restitución como mandatario del país andino, informó este martes su exministro de Defensa Walter Ayala.
“Ante la demora injustificada del Poder Judicial, en resolver amparo, Pedro Castillo solicita a la CIDH su restitución como presidente Constitucional del Perú y su inmediata libertad. En los próximos días habrá novedades”, escribió en su cuenta de Twitter Ayala, quien, según diversos medios locales, asumió la defensa legal de Castillo.
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El exmandatario, que ganó las elecciones presidenciales de 2021, cumple 18 meses de prisión preventiva, mientras el Ministerio Público lo investiga por la presunta comisión del delito de rebelión tras su fallido autogolpe del 7 de diciembre pasado.
Aquel día, Castillo anunció en un mensaje a la nación que dictaba el cierre del Congreso, la instauración de un Ejecutivo de “emergencia nacional” que iba a gobernar por decreto y la reorganización el sistema de Justicia.
Su decisión fue definida como golpista por la mayoría de la población peruana y, en cascada, sus ministros renunciaron a sus cargos, mientras las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se deslindaban de cualquier “acto contrario al orden constitucional” del país.
Tras dar este mensaje, Castillo fue arrestado por su propia escolta cuando se dirigía a la Embajada de México en Lima, supuestamente, para solicitar asilo y, en simultáneo, el Congreso aprobaba su destitución por amplia mayoría.
En su lugar, asumió por sucesión constitucional su vicepresidenta, Dina Boluarte, lo que motivó un estallido de protestas en diversos puntos del país para pedir la renuncia de la nueva mandataria, el cierre del Parlamento y la convocatoria de elecciones generales en 2023.
Las protestas, que a la fecha dejan un saldo de 70 personas fallecidas y miles de heridos, se sintieron en todo el territorio nacional por dos meses, aunque se concentraron sobre todo en el sur del país, hoy reducto del descontento ciudadano.
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Acción de amparo
Desde el 7 de diciembre, Castillo cumple prisión preventiva en un penal de Lima, el mismo en el que está recluido el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), por la presunta comisión del delito de rebelión.
A fines de enero pasado, Ayala presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial alegando que Castillo fue retirado de su cargo de presidente a través de la aprobación de una moción de vacancia (destitución) en la que, aseguró, no se respetó el debido proceso.
En esa línea, la defensa del exmandatario solicitó que se declare nula la destitución y la orden de detención preliminar en su contra, así como la prisión preventiva.
La Fiscalía, en pie
Mientras tanto, la Fiscalía de Perú formalizó este martes la investigación preparatoria contra el expresidente como presunto autor de varios delitos de corrupción durante su Gobierno, después de que el Congreso aprobara el viernes pasado el informe final de una denuncia constitucional contra el exmandatario, un paso previo necesario.
“La Fiscalía de la Nación formalizó la investigación preparatoria contra el expresidente de la República Pedro Castillo como presunto autor de los delitos de organización criminal agravada y tráfico de influencias agravado; y presunto cómplice del delito de colusión simple”, anunció el Ministerio Público en Twitter.
Esta investigación preparatoria es el paso previo a una acusación por parte de la Fiscalía contra Castillo, puesto que el expresidente ya no posee la inmunidad con la que contaba al tratarse de un caso durante su mandato como presidente.
Además, el Ministerio Público confirmó este martes una investigación preparatoria al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, como presunto autor del delito de organización criminal y colusión simple, y contra el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado, como presunto autor del delito de organización criminal.
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El Congreso de Perú aprobó el viernes el informe final de una denuncia constitucional que recomienda a la Fiscalía acusar al expresidente Castillo por presuntamente encabezar una organización criminal durante su Gobierno para obtener dinero a cambio de licitaciones fraudulentas de obras públicas.
Con 59 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones, el hemiciclo dio luz verde al informe final de la denuncia presentada por la Fiscalía de la Nación (general) contra el exmandatario, quien cumple 18 meses de prisión preventiva tras su fallido autogolpe.
El documento recomienda acusar a Castillo por la presunta comisión de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su presunta condición de líder, y contra la administración pública, en la modalidad de tráfico de influencias agravado, así como presunto cómplice del delito contra la administración pública en la modalidad de colusión.
El expediente responde a presuntas irregularidades encontradas en las obras del Puente Tarata II, en el norteño departamento de San Martín, y en otros supuestos casos de corrupción relacionados con la empresa pública Petroperú y el Ministerio de Vivienda.
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En otras dos votaciones, el pleno del Parlamento también aprobó acusar por el mismo caso a los exministros de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda, Construcción Civil y Saneamiento, Juan Silva y Geiner Alvarado, respectivamente, por la presunta comisión del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal.
La Comisión Permanente del Congreso aprobó el pasado 10 de febrero dicho informe, tras la denuncia constitucional presentada en noviembre pasado por la Fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, contra el entonces jefe de Estado y sus exministros.
Durante el debate parlamentario, que se extendió por unas cuatro horas, tomaron la palabra decenas de los 130 congresistas que integran la cámara peruana.