Cerrar el Darién es imposible: migrantes esperan acuerdos

Kelly Carolina y sus ocho hijos son parte del grupo de 600 a 800 personas que viajan cada día desde el puerto de Turbo, en el Urabá antioqueño, una de las rutas hacia la peligrosa selva del Darién. En Acandí la cifra llega hasta los 3.000, mientras que en Capurganá salen unas 2.500 personas a diario. La migración por esta selva presenta niveles nunca vistos.

Para este momento del año ya superamos la cifra total de migrantes que cruzaron por el Darién en 2022. Según las autoridades panameñas, más de 307.000 personas han emprendido un riesgoso viaje por esta ruta hasta agosto. El año pasado Panamá informó que más de 250.000 cruzaron hacia este país desde la frontera colombiana, duplicando así los 133.000 cruces de 2021. Ninguna de las medidas adoptadas hasta ahora han podido contener los flujos, mientras el diálogo entre las naciones principalmente afectadas se complica.

Panamá, que ha emitido alertas por el aumento de cruces a diario, ha acusado desde julio al Gobierno de Colombia de no cumplir con los acuerdos pactados previamente y no colaborar para atender la emergencia. Además, se ha quejado de la falta de asistencia de los países del norte, como EE. UU., que prometieron más compromiso con esta situación.

“La comunicación y el manejo que ha tratado de darle Panamá (a la migración) a través de la cooperación internacional ha caído en oídos sordos, hay países del sur que no le están prestando la debida responsabilidad a este tema”, sentenció el ministro de Seguridad de Panamá, Juan Manuel Pino.

Los reproches estuvieron acompañados en la última semana de un anuncio a medias que generan mucha preocupación: Panamá dice que tomará medidas para atender la situación, pero no informó cuáles. Sin embargo, el ministro Pino también dijo que “Panamá ha tomado la decisión de transformar este problema humanitario en una de seguridad nacional por los efectos que nos está dejando esta migración”. Esto infló los rumores acerca de una militarización de la frontera o un cierre parcial de esta. Ninguna de las dos medidas es oportuna.

“Las fuerzas militares no son un cuerpo especializado para manejar el tema migratorio. Estas lo ven desde su enfoque de seguridad y de militarización de las fronteras, pero no tienen un enfoque de derechos humanos para poder tramitar todo lo que trae la inmigración y lo que esto implica”, le explicó a este diario Lina Arroyave, abogada y magíster en derecho con énfasis en investigación de Eafit.

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El cierre tampoco sería apropiado. La historia ha demostrado que los cierres fronterizos solo fortalecen las operaciones de bandas dedicadas al tráfico de personas, pues elevan los precios que les solicitan a las personas migrantes. Actualmente los llamados “coyotes”, como se les conoce a los traficantes, cobran cifras exorbitantes de entre $3 a $10 millones por el viaje completo en la ruta Medellín-Anorí-Montería-Necoclí-Darién. Y, por otro lado, no hay ninguna seguridad con ellos, pues pueden dejar a los migrantes a la deriva. Esta semana, nada más, un grupo de traficantes abandonó a un grupo de 51 migrantes en una playa panameña, entre los que había 14 niños.

“Cerrar el Darién es prácticamente imposible y probablemente sea una medida contraproducente. Muchas de las personas que cruzan lo hacen porque no tienen otra opción. Si el gobierno de Panamá intenta ‘cerrar’ las rutas, forzará a los migrantes a usar caminos aún más inseguros. La solución no es militarizar la zona, sino buscar vías legales y seguras para que los migrantes y refugiados puedan migrar sin tener que arriesgar su vida como está ocurriendo”, explicó Juan Pappier, subdirector en funciones de la subdivisión de las Américas de Human Rights Watch.

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Lo que este nuevo incremento de cruces fronterizos ha revelado es que parece haber una desconexión entre las autoridades colombianas y panameñas. La propia directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Samira Gozaine, lo dejó expuesto. “No se ha llegado a un acuerdo, no se ha compartido información ni ha habido gestiones que pudieran ayudar a Panamá a manejar el flujo irregular, que se ha incrementado considerablemente en los últimos días”, expresó.

Y aunque han aparecido otros actores en escena, como Costa Rica, que también muestra constante preocupación por el difícil manejo de la emergencia, no hay una mesa de diálogo para adoptar una ruta de acción. El martes, los defensores del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, y de Costa Rica, Angie Cruickshank Lambert, reiteraron los llamados conjuntos a sus gobiernos para que tomen medidas urgentes. “La situación es muy crítica y además de una permanente crisis humanitaria, es una crisis ambiental y de seguridad nacional para varios países de la región. Lo más preocupante es que los gobiernos no dan muestras reales de querer atender la grave situación, porque pareciera que no es prioritario en sus agendas nacionales”, aseguró.

La mesa de diálogo, sin embargo, se ve distante debido a los enfoques diferentes de cada gobierno. Esta semana el presidente costarricense, Rodrigo Chávez, mostró cierta distancia con las ideas del gobierno colombiano para resolver la crisis. “(Petro) tiene una visión de libertad de movimiento que ha mantenido en público. Y para él es importante resolver la causa que lleva a los venezolanos a salir de su país. Todos queremos ver esa causa resuelta, pero es obvio, independientemente de la visión política, que eso va a llevar años. ¿Mientras tanto qué?”, se preguntó Chávez en entrevista con CNN.

Migrantes esperan en el limbo mientras sufren abusos

En las zonas de frontera la presión se siente. Si bien no hay represamientos como los que se vieron en septiembre de 2022, con el paso masivo de migrantes venezolanos, los habitantes de la zona sí ven que luego del anuncio del posible cierre de la frontera con Panamá ha aumentado el número de personas que transitan tanto por Necoclí como por Acandí y Capurganá.

Wilfredo Menco, personero de Necoclí, señaló que los principales problemas están en las playas, donde no solo se enfrentan problemas de salud de los migrantes que quedan varados en ellas, sino cómo terminan siendo instrumentalizados y hay microtráfico. “No hay ninguna acción para esos migrantes que están allí. Hay cualquier cantidad de problemas de salud pública. Niños que han estado hospitalizados y terminan durmiendo en la plaza y el turismo reducido. Las autoridades locales no dan la cara ni tampoco se pronuncian al respecto”.

Por su parte, el periodista Yolvis de la Cruz indicó que el flujo migratorio ha subido tanto por Acandí como por Capurganá, pero en estas zonas no se ven represados los migrantes, porque cuando llegan inmediatamente son llevados a los albergues habilitados por las comunidades o los mismos “coyotes” los trasladan a los campamentos en la frontera con Panamá, denominados “Las Tetas” o “Los Ríos”. En ese tránsito, grupos ilegales que tienen el control de los pasos llegan a cobrar US$300 por una manilla que les permite el tránsito.

Donde sí se ha sentido la presión por el aumento de migrantes es en los municipios que se encuentran camino al Darién. En Armenia, el alcalde José Manuel Ríos alertó esta semana que hay más de 300 migrantes viviendo en calles de la ciudad, por lo que pidió apoyo nacional, porque no tiene los recursos suficientes para darles asistencia. “Esto obviamente genera una alerta a nivel de las autoridades y la misma ciudadanía que nos informó. No tengo acá un hogar de paso temporal para decirles que se queden acá uno, dos o tres días, sino para evitar precisamente que ellos se queden aquí en la ciudad”, dijo a Voz de América.

Algo similar hizo el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien lanzó una alerta, ya que ante el aumento de migrantes hacia el Darién, varios se han quedado varados en municipios como Mutatá y Chigorodó. “Este es un tema que desborda las capacidades de la propia Gobernación. Requiere una atención muy priorizada del Gobierno Nacional y de la propia embajada y el gobierno de Estados Unidos”, dijo Gaviria.

Asimismo, hay otros panoramas que no han sido explorados, como la aparición de nuevas rutas hacia el Darién. Un estudio de Acnur y la Universidad de Córdoba identificó que por el departamento pasan principalmente venezolanos, rusos, chinos y haitianos, y aunque a diario pasan por la terminal de transporte entre 150 y 170, este año ha habido días en los que han cruzado hasta 600 migrantes.

“Nunca ha habido control en la frontera y es muy difícil que ahora lo puedan implementar. A pesar de lo que han dicho a los medios, que Colombia les está generando un problema, en Panamá no hay los fundamentos legales para no dejar transitar. Los migrantes que pasan el Darién es porque no tienen otra forma de migrar, por lo que encontrarán la forma de hacerlo, así anuncien los cierres”, señaló el personero de Necoclí.

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Kelly Carolina y sus ocho hijos son parte del grupo de 600 a 800 personas que viajan cada día desde el puerto de Turbo, en el Urabá antioqueño, una de las rutas hacia la peligrosa selva del Darién. En Acandí la cifra llega hasta los 3.000, mientras que en Capurganá salen unas 2.500 personas a diario. La migración por esta selva presenta niveles nunca vistos.

Para este momento del año ya superamos la cifra total de migrantes que cruzaron por el Darién en 2022. Según las autoridades panameñas, más de 307.000 personas han emprendido un riesgoso viaje por esta ruta hasta agosto. El año pasado Panamá informó que más de 250.000 cruzaron hacia este país desde la frontera colombiana, duplicando así los 133.000 cruces de 2021. Ninguna de las medidas adoptadas hasta ahora han podido contener los flujos, mientras el diálogo entre las naciones principalmente afectadas se complica.

Panamá, que ha emitido alertas por el aumento de cruces a diario, ha acusado desde julio al Gobierno de Colombia de no cumplir con los acuerdos pactados previamente y no colaborar para atender la emergencia. Además, se ha quejado de la falta de asistencia de los países del norte, como EE. UU., que prometieron más compromiso con esta situación.

“La comunicación y el manejo que ha tratado de darle Panamá (a la migración) a través de la cooperación internacional ha caído en oídos sordos, hay países del sur que no le están prestando la debida responsabilidad a este tema”, sentenció el ministro de Seguridad de Panamá, Juan Manuel Pino.

Los reproches estuvieron acompañados en la última semana de un anuncio a medias que generan mucha preocupación: Panamá dice que tomará medidas para atender la situación, pero no informó cuáles. Sin embargo, el ministro Pino también dijo que “Panamá ha tomado la decisión de transformar este problema humanitario en una de seguridad nacional por los efectos que nos está dejando esta migración”. Esto infló los rumores acerca de una militarización de la frontera o un cierre parcial de esta. Ninguna de las dos medidas es oportuna.

“Las fuerzas militares no son un cuerpo especializado para manejar el tema migratorio. Estas lo ven desde su enfoque de seguridad y de militarización de las fronteras, pero no tienen un enfoque de derechos humanos para poder tramitar todo lo que trae la inmigración y lo que esto implica”, le explicó a este diario Lina Arroyave, abogada y magíster en derecho con énfasis en investigación de Eafit.

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El cierre tampoco sería apropiado. La historia ha demostrado que los cierres fronterizos solo fortalecen las operaciones de bandas dedicadas al tráfico de personas, pues elevan los precios que les solicitan a las personas migrantes. Actualmente los llamados “coyotes”, como se les conoce a los traficantes, cobran cifras exorbitantes de entre $3 a $10 millones por el viaje completo en la ruta Medellín-Anorí-Montería-Necoclí-Darién. Y, por otro lado, no hay ninguna seguridad con ellos, pues pueden dejar a los migrantes a la deriva. Esta semana, nada más, un grupo de traficantes abandonó a un grupo de 51 migrantes en una playa panameña, entre los que había 14 niños.

“Cerrar el Darién es prácticamente imposible y probablemente sea una medida contraproducente. Muchas de las personas que cruzan lo hacen porque no tienen otra opción. Si el gobierno de Panamá intenta ‘cerrar’ las rutas, forzará a los migrantes a usar caminos aún más inseguros. La solución no es militarizar la zona, sino buscar vías legales y seguras para que los migrantes y refugiados puedan migrar sin tener que arriesgar su vida como está ocurriendo”, explicó Juan Pappier, subdirector en funciones de la subdivisión de las Américas de Human Rights Watch.

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Lo que este nuevo incremento de cruces fronterizos ha revelado es que parece haber una desconexión entre las autoridades colombianas y panameñas. La propia directora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Samira Gozaine, lo dejó expuesto. “No se ha llegado a un acuerdo, no se ha compartido información ni ha habido gestiones que pudieran ayudar a Panamá a manejar el flujo irregular, que se ha incrementado considerablemente en los últimos días”, expresó.

Y aunque han aparecido otros actores en escena, como Costa Rica, que también muestra constante preocupación por el difícil manejo de la emergencia, no hay una mesa de diálogo para adoptar una ruta de acción. El martes, los defensores del Pueblo de Colombia, Carlos Camargo, y de Costa Rica, Angie Cruickshank Lambert, reiteraron los llamados conjuntos a sus gobiernos para que tomen medidas urgentes. “La situación es muy crítica y además de una permanente crisis humanitaria, es una crisis ambiental y de seguridad nacional para varios países de la región. Lo más preocupante es que los gobiernos no dan muestras reales de querer atender la grave situación, porque pareciera que no es prioritario en sus agendas nacionales”, aseguró.

La mesa de diálogo, sin embargo, se ve distante debido a los enfoques diferentes de cada gobierno. Esta semana el presidente costarricense, Rodrigo Chávez, mostró cierta distancia con las ideas del gobierno colombiano para resolver la crisis. “(Petro) tiene una visión de libertad de movimiento que ha mantenido en público. Y para él es importante resolver la causa que lleva a los venezolanos a salir de su país. Todos queremos ver esa causa resuelta, pero es obvio, independientemente de la visión política, que eso va a llevar años. ¿Mientras tanto qué?”, se preguntó Chávez en entrevista con CNN.

Migrantes esperan en el limbo mientras sufren abusos

En las zonas de frontera la presión se siente. Si bien no hay represamientos como los que se vieron en septiembre de 2022, con el paso masivo de migrantes venezolanos, los habitantes de la zona sí ven que luego del anuncio del posible cierre de la frontera con Panamá ha aumentado el número de personas que transitan tanto por Necoclí como por Acandí y Capurganá.

Wilfredo Menco, personero de Necoclí, señaló que los principales problemas están en las playas, donde no solo se enfrentan problemas de salud de los migrantes que quedan varados en ellas, sino cómo terminan siendo instrumentalizados y hay microtráfico. “No hay ninguna acción para esos migrantes que están allí. Hay cualquier cantidad de problemas de salud pública. Niños que han estado hospitalizados y terminan durmiendo en la plaza y el turismo reducido. Las autoridades locales no dan la cara ni tampoco se pronuncian al respecto”.

Por su parte, el periodista Yolvis de la Cruz indicó que el flujo migratorio ha subido tanto por Acandí como por Capurganá, pero en estas zonas no se ven represados los migrantes, porque cuando llegan inmediatamente son llevados a los albergues habilitados por las comunidades o los mismos “coyotes” los trasladan a los campamentos en la frontera con Panamá, denominados “Las Tetas” o “Los Ríos”. En ese tránsito, grupos ilegales que tienen el control de los pasos llegan a cobrar US$300 por una manilla que les permite el tránsito.

Donde sí se ha sentido la presión por el aumento de migrantes es en los municipios que se encuentran camino al Darién. En Armenia, el alcalde José Manuel Ríos alertó esta semana que hay más de 300 migrantes viviendo en calles de la ciudad, por lo que pidió apoyo nacional, porque no tiene los recursos suficientes para darles asistencia. “Esto obviamente genera una alerta a nivel de las autoridades y la misma ciudadanía que nos informó. No tengo acá un hogar de paso temporal para decirles que se queden acá uno, dos o tres días, sino para evitar precisamente que ellos se queden aquí en la ciudad”, dijo a Voz de América.

Algo similar hizo el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, quien lanzó una alerta, ya que ante el aumento de migrantes hacia el Darién, varios se han quedado varados en municipios como Mutatá y Chigorodó. “Este es un tema que desborda las capacidades de la propia Gobernación. Requiere una atención muy priorizada del Gobierno Nacional y de la propia embajada y el gobierno de Estados Unidos”, dijo Gaviria.

Asimismo, hay otros panoramas que no han sido explorados, como la aparición de nuevas rutas hacia el Darién. Un estudio de Acnur y la Universidad de Córdoba identificó que por el departamento pasan principalmente venezolanos, rusos, chinos y haitianos, y aunque a diario pasan por la terminal de transporte entre 150 y 170, este año ha habido días en los que han cruzado hasta 600 migrantes.

“Nunca ha habido control en la frontera y es muy difícil que ahora lo puedan implementar. A pesar de lo que han dicho a los medios, que Colombia les está generando un problema, en Panamá no hay los fundamentos legales para no dejar transitar. Los migrantes que pasan el Darién es porque no tienen otra forma de migrar, por lo que encontrarán la forma de hacerlo, así anuncien los cierres”, señaló el personero de Necoclí.

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