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La crisis en Perú ha despertado diversas reacciones internacionales, entre ellas el comunicado conjunto entre los gobiernos de Colombia, México, Argentina y Bolivia, en el que se argumenta que Castillo “ha sido víctima de un antidemocrático hostigamiento”. ¿Cómo se puede leer este pronunciamiento a la luz de la crisis institucional que atraviesa el país?
La declaración conjunta es preocupante y lamentable, porque hace caso omiso a los graves hechos protagonizados por Pedro Castillo. Lo que vimos fue a un presidente que, investigado por graves actos de corrupción, decidió cerrar el Congreso de forma ilegal, sin ninguna base constitucional que le permitiera hacer eso, y anunció que iba a intervenir el Poder Judicial y a básicamente gobernar por decreto mientras no hubiese un Legislativo. Eso es un intento de ruptura del orden democrático, y así lo interpretaron las instituciones peruanas, que es lo más importante, y también algunos líderes de la región, como Gabriel Boric, quien habló de una ruptura del orden constitucional, y Lula da Silva, quien le dio su apoyo a la presidenta interina, Dina Boluarte. En este contexto, sí sorprende la declaración de aquellos países, ignorando la realidad y presentando una narrativa alternativa que no ayuda en nada a Perú, pues no es un pronunciamiento en apoyo al Estado de derecho ni a la democracia.
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En los últimos meses hemos visto una reconfiguración del ambiente político en la región, pues han ascendido fuerzas de izquierda en varios países, entre ellos Chile, Colombia y Brasil. ¿Qué lecciones y retos deja lo que está sucediendo en Perú a estos nuevos gobiernos?
En América Latina hemos tenido un retroceso muy grave de los derechos humanos y de las libertades. La discusión de este año giró alrededor de la defensa de unas elecciones limpias y libres en varios países, incluido Brasil. Ese tipo de debate parecía superado, sin embargo, ahora estamos defendiendo unas libertades que creíamos que teníamos ganadas. En medio de ello se da el intento de golpe de Estado de Castillo, y lo que se necesita de la región es una condena unánime, una defensa a ultranza de la legalidad y de la democracia. Si ahora nos ponemos a pensar que tal vez es aceptable disolver el Congreso de forma ilegal, estamos dando un enorme paso hacia atrás.
América Latina necesita que los gobiernos de la región tengan una política exterior que no esté cegada por la ideología y que su objetivo sea la defensa de los derechos humanos y de la democracia, sin importar el gobierno que los viola. Aquí hay casos graves, como las dictaduras en Venezuela, Cuba y Nicaragua, pero también está el caso de El Salvador. Es decir, no es una cuestión de izquierda o de derecha. Lo que tenemos que hacer es estar de acuerdo en las bases de nuestras sociedades y de nuestra estructura política, que debe ser la democracia. En ese sentido, es decepcionante la declaración de los presidentes de Colombia, México, Argentina y Bolivia, porque claramente no están aplicando ese principio, sino que están viendo el mundo a través de un prisma político y de ideología. Eso es perjudicial.
No solo es Pedro Castillo, Perú lleva varios años en medio de una inestabilidad política grande. Desde 2016 el país ha tenido seis presidentes y se ha hablado de un abuso de la figura de la “incapacidad moral”. Incluso, hay quienes dicen que se necesitan reformas más profundas a nivel político y electoral. ¿Cree que el país está preparado para asumir cambios estructurales de este tipo?
La inestabilidad política de Perú va más allá de los derechos humanos, que es mi área de experticia, y se pueden destacar varios elementos allí, como el colapso de los partidos políticos y la corrupción, pues se han conocido acusaciones de ese tipo en contra de varios presidentes, no solo de Castillo, y también de ciertos miembros del Congreso, por lo que hay un desprestigio de la clase política peruana. Ahora bien, un factor determinante aquí, y que es positivo, es que el país tiene un sistema judicial que funciona y tiene a una fiscal que fue capaz de impulsar varias investigaciones en contra de Castillo, aun cuando era mandatario, y eso no ocurre en muchos países de América Latina. Tener una Fiscalía independiente de los otros poderes, que puede actuar de acuerdo con la ley, es importante.
A futuro, la crisis política debe resolverse con el diálogo. Los líderes tendrán que escuchar las demandas de la gente, aunque sea un poco obvio. La principal demanda de los manifestantes en el sur es el adelanto de las elecciones (un proyecto fue rechazado en el Legislativo el viernes pasado), y hemos visto cómo la presidenta interina ha escuchado esas peticiones, haciendo anuncios sobre un posible anticipo de los comicios, que en realidad depende del Congreso y de una reforma constitucional. Los peruanos tienen el derecho a la protesta pacífica, pero también ha habido actos de vandalismo que deben ser investigados, así como se debe indagar alrededor de las muertes que se han registrado.
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A partir de esta inestabilidad política, ¿qué preocupaciones relacionadas con los derechos humanos tienen desde Human Rights Watch?
El último momento en el que hubo graves abusos policiales en Perú, por poner un ejemplo, fue a finales de 2020, cuando el Congreso destituyó al presidente Martín Vizcarra y tomaron lugar protestas masivas. En ese momento nos reunimos con el mandatario interino, quien mostró su apoyo a la idea de hacer una reforma policial, pero no tenía el apoyo popular para hacer ajustes de ese calado. En ese sentido, la inestabilidad política ha dificultado las reformas estructurales en el país.
Además, en el gobierno de Castillo no hubo ningún intento por hacer la reforma policial, que es necesaria en Perú, provocando que se den de nuevo alegaciones de violencia policial y uso excesivo de la fuerza. Es decir, a pesar de que lo documentamos, no hubo un esfuerzo por atender esos llamados de reforma. Es más, durante su gobierno, Castillo decretó el estado de emergencia en varios momentos y en diferentes zonas del país, sin una justificación y suspendiendo algunos derechos constitucionales, y nosotros vimos esto como un deseo de mostrar que estaba haciendo algo en contra de la inseguridad, pero de una forma completamente ineficiente y violando los derechos humanos.
En las protestas han muerto varias personas y las autoridades declararon el estado de emergencia en un principio “en las zonas de alta conflictividad social”, según afirmó Dina Boluarte, la actual presidenta interina, y posteriormente en todo el país. ¿Qué medidas se deberían tomar para evitar que tomen lugar abusos en medio de las manifestaciones?
Es fundamental la investigación inmediata de los casos, con las garantías del debido proceso, porque la impunidad permite que continúen los abusos. El Ministerio Público debe investigar y sancionar inmediatamente, y sin demora, cada una de las muertes que se han registrado, pues es la forma de prevenir futuras acciones. Así, un agente público sabrá que si se excede en el uso de la fuerza habrá una investigación al respecto y que si es culpable será condenado, lo que hará que los agentes piensen dos veces antes de usar la fuerza de forma ilegal y excesiva, o de dar la orden para hacerlo.
Human Rights Watch aseguró que está monitoreando de cerca la situación en Perú, ¿qué acciones están llevando a cabo para ello?
Estamos en contacto con organizaciones de la sociedad civil que son aliadas nuestras. Yo escribí el informe anual sobre la violencia policial en el 2020, por lo que el tema de las fallas dentro de la policía lo conozco y con el equipo estamos intentando impulsar las recomendaciones que hicimos en aquella época: reformar la policía. Los abusos continuarán si no se pone un freno a esto, pues hay deficiencias estructurales en la policía peruana en términos disciplinarios y en el control del uso de la fuerza o de las armas, fallas que no se han corregido. Lo que está pasando ahora es otro llamado de atención para que dichas reformas se hagan.
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