CIDH pide a Bukele “restablecer derechos suspendidos” por estado de excepción
Han pasado más de 12 meses desde que Nayib Bukele declaró la guerra a las maras, pandillas que llegaron hicieron de El Salvador uno de los países más violentos del mundo. Desde entonces, las autoridades han capturado 65.000 y han sido blanco de críticas por haber violado derechos humanos y no seguir el debido proceso.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó este jueves al Estado de El Salvador a “restablecer” los derechos suspendidos desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción “instalado en el país por motivos de seguridad ciudadana”.
El Salvador cumplió a finales de marzo un año con esta medida, que ha dejado más de 66.400 detenciones y al menos 5.082 denuncias de detenciones arbitrarias recogidas por organizaciones humanitarias.
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“La CIDH urge al Estado respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad, así como a investigar, procesar y sancionar las actividades delictivas”, indicó el organismo en un comunicado.
Agregó que “la CIDH ha alertado al Estado de El Salvador que la suspensión de derechos y garantías, especialmente cuando aplicada de manera indefinida, constituye un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen común” y destacó que se habrían registrado “188 días sin homicidios en los últimos 12 meses”.
La CIDH indicó también que “ha manifestado reiteradamente su preocupación respecto de múltiples denuncias de abusos e irregularidades en las detenciones y diligencias judiciales efectuadas, así como violaciones a los derechos de las personas detenidas”.
“También ha urgido al Estado asegurar las garantías y la protección judiciales, así como el trato digno de toda persona bajo custodia estatal”, acotó. Apuntó que “reconoce los grandes retos del Estado para enfrentar los altos índices de violencia producto de las actividades de estructuras criminales como las pandillas”.
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“El Estado debe asegurar que sus esfuerzos contra el crimen y la violencia - tanto el control, así como la prevención como objetivo de toda política de seguridad ciudadana - se adecuen a los límites señalados en los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos de conformidad con los principios del Estado de derecho”, subrayó.
El régimen de excepción, en el que el Gobierno de Nayib Bukele enmarca la llamada “guerra contra las pandillas”, suspende derechos como la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de las telecomunicaciones.
La comunidad internacional, preocupada
La ONU expresó hace dos semanas su “preocupación” por la situación de los derechos humanos en El Salvador y expresó sus temores de que la represión del crimen organizado haya generado detenciones arbitrarias.
“Ha pasado ya un año desde que entró en vigor el régimen de excepción en El Salvador, un año en el que las autoridades han tomado varias medidas que suscitan graves preocupaciones en materia de derechos humanos”, declaró Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACD).
“Comprendemos los graves problemas que plantea la violencia de las pandillas y el deber del Estado de proporcionar seguridad. Sin embargo, es el deber del Estado hacerlo en el marco del derecho internacional de derechos humanos”, destacó Hurtado, en una rueda de prensa en Ginebra.
“Algunas de estas detenciones masivas, incluidas las de niños, pueden equivaler a detenciones arbitrarias, ya que parecen basarse en investigaciones mal documentadas y en burdos perfiles basados en el aspecto físico o el origen social de los detenidos”, denunció Hurtado.
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Hurtado destacó que “las condiciones en los centros de detención, a menudo sobrepoblados, son motivo de gran preocupación”, y dijo que la ONU recibió denuncias de graves violaciones de los derechos de los presos, como el aislamiento prolongado, la falta de atención médica y otras formas de malos tratos.
“Es especialmente preocupante que 90 personas murieron en detención desde que entró en vigor el estado de excepción, y que se disponga de escasa información sobre el progreso de las investigaciones sobre estas muertes”, afirmó.
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó este jueves al Estado de El Salvador a “restablecer” los derechos suspendidos desde marzo de 2022 bajo un régimen de excepción “instalado en el país por motivos de seguridad ciudadana”.
El Salvador cumplió a finales de marzo un año con esta medida, que ha dejado más de 66.400 detenciones y al menos 5.082 denuncias de detenciones arbitrarias recogidas por organizaciones humanitarias.
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“La CIDH urge al Estado respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad, así como a investigar, procesar y sancionar las actividades delictivas”, indicó el organismo en un comunicado.
Agregó que “la CIDH ha alertado al Estado de El Salvador que la suspensión de derechos y garantías, especialmente cuando aplicada de manera indefinida, constituye un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen común” y destacó que se habrían registrado “188 días sin homicidios en los últimos 12 meses”.
La CIDH indicó también que “ha manifestado reiteradamente su preocupación respecto de múltiples denuncias de abusos e irregularidades en las detenciones y diligencias judiciales efectuadas, así como violaciones a los derechos de las personas detenidas”.
“También ha urgido al Estado asegurar las garantías y la protección judiciales, así como el trato digno de toda persona bajo custodia estatal”, acotó. Apuntó que “reconoce los grandes retos del Estado para enfrentar los altos índices de violencia producto de las actividades de estructuras criminales como las pandillas”.
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“El Estado debe asegurar que sus esfuerzos contra el crimen y la violencia - tanto el control, así como la prevención como objetivo de toda política de seguridad ciudadana - se adecuen a los límites señalados en los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos de conformidad con los principios del Estado de derecho”, subrayó.
El régimen de excepción, en el que el Gobierno de Nayib Bukele enmarca la llamada “guerra contra las pandillas”, suspende derechos como la defensa de los detenidos y la inviolabilidad de las telecomunicaciones.
La comunidad internacional, preocupada
La ONU expresó hace dos semanas su “preocupación” por la situación de los derechos humanos en El Salvador y expresó sus temores de que la represión del crimen organizado haya generado detenciones arbitrarias.
“Ha pasado ya un año desde que entró en vigor el régimen de excepción en El Salvador, un año en el que las autoridades han tomado varias medidas que suscitan graves preocupaciones en materia de derechos humanos”, declaró Marta Hurtado, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACD).
“Comprendemos los graves problemas que plantea la violencia de las pandillas y el deber del Estado de proporcionar seguridad. Sin embargo, es el deber del Estado hacerlo en el marco del derecho internacional de derechos humanos”, destacó Hurtado, en una rueda de prensa en Ginebra.
“Algunas de estas detenciones masivas, incluidas las de niños, pueden equivaler a detenciones arbitrarias, ya que parecen basarse en investigaciones mal documentadas y en burdos perfiles basados en el aspecto físico o el origen social de los detenidos”, denunció Hurtado.
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Hurtado destacó que “las condiciones en los centros de detención, a menudo sobrepoblados, son motivo de gran preocupación”, y dijo que la ONU recibió denuncias de graves violaciones de los derechos de los presos, como el aislamiento prolongado, la falta de atención médica y otras formas de malos tratos.
“Es especialmente preocupante que 90 personas murieron en detención desde que entró en vigor el estado de excepción, y que se disponga de escasa información sobre el progreso de las investigaciones sobre estas muertes”, afirmó.
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